BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 11 de mayo de 2024

Sec. III. Pág. 54102

innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas
emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas)», enmarcado en el
Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, el 0 % del presupuesto del programa se
destina a los objetivos climáticos y a los objetivos medioambientales.
Las ayudas respetarán la normativa medioambiental aplicable (principio de ausencia
de daño significativo o do no significant harm) de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento (UE) n.º 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2020, y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de
abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de los
proyectos y de manera individual para cada actuación. Ello incluye el cumplimiento de
las condiciones específicas previstas en la Componente 13, Inversión 3, 2.3 en la que se
enmarca, tanto en lo referido al citado principio, y especialmente las recogidas en los
apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan. En todo caso, se respetarán
los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la
legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar
de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
VIII
España presenta una evolución positiva de los principales indicadores
internacionales de digitalización en los últimos años en base al Indicador de Economía y
Sociedad Digital (DESI), con valores muy satisfactorios en conectividad y servicios
públicos digitales.
Sin embargo, no se ha avanzado de la misma manera en relación con las empresas
de diez a 249 empleados en relación con su nivel básico de intensidad en su
digitalización, que es del 67,5 % según el Indicador de Economía y Sociedad Digital
(DESI) de la Comisión Europea para 2023.
Con carácter general, en los informes sobre España del Semestre Europeo se
destaca como un reto importante el mejorar el bajo nivel de digitalización de empresas,
puesto que esta carencia implica una menor productividad, especialmente en lo referente
a las PYMEs. Por estos motivos, una de las recomendaciones del Semestre Europeo
para España señala la importancia de «Cerrar la brecha de productividad y apoyar la
transición digital».
Resulta, por tanto, indispensable disponer de instrumentos que lleguen por igual a
todas las empresas del territorio español e impulsen su digitalización como medio para
crecer y aumentar su productividad y, con ello, lograr los objetivos de política económica
general. Todo ello aplicando criterios armonizados en la concesión de apoyos públicos a
la digitalización de PYMEs que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a
los recursos públicos destinados a incentivar las citadas inversiones en cualquier punto
del territorio español, sin distinción de territorios como base de la ordenación económica
general y con una incidencia directa en la actividad económica sin menoscabo de las
competencias autonómicas.
En este sentido, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas
que se establecen en esta Orden se disponen al amparo del artículo 149.1.13 de la
Constitución Española, que regula las competencias exclusivas del Estado relativas a las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Impulsar a
las PYMEs y fomentar la digitalización de estas es, con independencia de la calificación
competencial que merezca ésta en sí misma, una actuación que, en la medida que
persigue incrementar la competitividad de las empresas citadas y ajustarlas a los
requerimientos del mercado a través de la implantación de soluciones de digitalización,
encuentra su legítimo acomodo en el citado artículo de la Constitución.
De acuerdo con la doctrina constitucional fijada por la sentencia 13/1992, de 6 de
febrero, cuando el Estado ostenta algún título competencial puede gestionar las

cve: BOE-A-2024-9524
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