BOCM
B.O.C.M. Núm. 130

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SÁBADO 1 DE JUNIO DE 2024

Pág. 125

Públicas articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia, impulsando políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales y garantizando a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios sociales
especializados que este precise.
Asimismo, la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación
del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, así como las recientes Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente
a la Violencia, y la reciente Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, ha actualizado diferentes cuerpos legislativos para adecuarlos a los cambios sociales producidos en los últimos años,
así como a la normativa internacional. En particular, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, contempla ahora, en su artículo 22 bis, que las Entidades Públicas
habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo
medida de protección, particularmente, en acogimiento residencial o en situación de especial
vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral,
apoyo psicológico y ayudas económicas. En la misma dirección han ido la normativa y planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

La experiencia de la Comunidad con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que,
al alcanzar la mayoría de edad y cesar en consecuencia la acción jurídica protectora, han de
hacer un tránsito a la vida adulta acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias
familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección.
Por otro lado, la edad de emancipación en los países de nuestro entorno, sobre todo los
mediterráneos, se ha ampliado hasta casi los 30 años y la crisis económica afecta, en mayor
medida, la empleabilidad de los jóvenes. Todo ello posiciona al colectivo de ex tutelados
en una situación de desigualdad respecto del resto de jóvenes de su edad, por lo que se impone que puedan contar con apoyo social y educativo, así como con alojamiento y manutención, que faciliten el tránsito a la vida adulta para todos aquellos que lo necesiten.
El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta sin duda especialmente “vulnerable” por doble partida, por escasez de recursos personales y por la inexistencia o presencia limitada, de un entorno social y familiar que ofrezca
los apoyos necesarios.
La mayoría de estos jóvenes, no disponen de redes de apoyo adecuadas para iniciar su
proyecto de transición a la vida adulta, y sus alternativas residenciales, o retorno familiar
se hacen inviables para su proceso de autonomía. Por tanto, nos encontramos con un colectivo de jóvenes que se ve obligado a emanciparse a una edad mucho más temprana que el
resto de la población, y en unas condiciones mucho más difíciles. La preparación previa a
la salida del sistema y el apoyo y acompañamiento posterior marcan la diferencia para estos jóvenes entre una vida de dificultades y una vida digna e independiente.
Esta situación se agrava, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un
techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial, y más especialmente en aquellos jóvenes con discapacidad intelectual leve, que salen del sistema de
protección de la Comunidad de Madrid por mayoría de edad, careciendo de los apoyos familiares necesarios. Las personas con discapacidad intelectual presentan limitaciones para
funcionar en su vida diaria, problemas en la adquisición de habilidades sociales e intelectuales y de adaptación a los nuevos cambios. No solo tiene que ver con la persona, siendo
muy importante entornos de apoyo e inclusivos para favorecer el desarrollo de habilidades
y de competencias necesarias para su inclusión social, centrados en la persona y que desarrollen programas específicos que permitan atender a las necesidades de apoyo de cada
uno/a de ellos/as.
Cada día existe mayor interés y atención de los poderes públicos a este respecto, tanto a
escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los Programas Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020, los objetivos operativos definidos en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, y la modificación

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