B.O.C.M. Núm. 24

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 29 DE ENERO DE 2024

gislativas de los últimos dos años. En particular, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo,
de Protección Jurídica del Menor contempla ahora, en su artículo 22 bis, que las Entidades
Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación
de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción
socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. Y en la misma dirección ha ido la
normativa y planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.
La juventud mayor de 18 años que deja de estar bajo medida de protección se encuentra en situación de especial vulnerabilidad ya que, por lo general, las circunstancias sociofamiliares problemáticas que determinaron la medida de protección no solo no se han resuelto cuando el menor cumple la mayoría de edad, sino que en muchos casos se han
cronificado y/o agravado. Es una realidad, por tanto, que el colectivo de juventud procedente del sistema de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid necesita una atención
integral para que su integración y tránsito a la vida adulta se produzca plenamente para salvaguardar sus derechos y fomentar al máximo sus capacidades.
En este contexto, la Comunidad de Madrid, ha implementado el Plan de Autonomía
Personal 16-21, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este plan cuenta
con dos programas, el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el Programa de Tránsito
a la Vida Adulta 18-21. Este último, para mayores de 18, contempla ampliar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años,
para que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión
social. Para ello se han identificado tres áreas de intervención: alojamiento y manutención,
inserción sociolaboral e intervención familiar.
El Plan de Autonomía, en consecuencia, tiene por objeto establecer una serie de estrategias para facilitar el tránsito a la vida adulta de aquellos menores que han ido creciendo
bajo el Sistema de Protección. Entre uno de sus programas contempla, para la alternativa
de vida independiente, los pisos compartidos por jóvenes, además de otros recursos dependientes de diferentes organismos y entidades competentes. Para tener acceso a uno de los
pisos del Plan de Autonomía, es imprescindible haber sido partícipe de dicho Plan, el cual
no tiene vocación asistencial. Lo que pretende es apoyar a jóvenes ex tutelados en la consecución de un proyecto, elaborado, planificado e iniciado en su etapa de menores protegidos, tal y como se prevé en el artículo 11 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación de Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia. La incorporación a este Plan
de Autonomía se entiende como parte de un proceso en el que participa y se implica el menor, iniciando dicha andadura, al menos, seis meses antes de cumplir la mayoría de edad.
El Plan de Autonomía tiene como objetivo, asimismo, en su fase para mayores de 18
años, la inserción laboral de estos jóvenes, como elemento fundamental para alcanzar lo antes posible la independencia económica necesaria para su emancipación. En este sentido resulta imprescindible que el joven cuente con los permisos y autorizaciones necesarias que
le permitan acceder a un empleo. En esta estructura participan plenamente las Entidades
Colaboradoras, puesto que la gestión del programa está formalizada mediante contratos basados en el Acuerdo Marco.
Es preciso remarcar, en todo caso, que el número de plazas de alojamiento disponibles
es limitado, y existe una Comisión encargada de valorar la adecuación de cada menor al Programa de Autonomía 18-21 años a partir del cumplimiento de unos criterios establecidos, entre los cuales figura haber participado previamente en el Programa de Autonomía 16 -18
años, firmado el documento de Participación y el Contrato para el Proyecto Individual, así
como haber evolucionado positivamente en dicho programa.
Por otro lado, en los últimos años hemos asistido en España a la diversificación de los
perfiles de las personas inmersas en proyectos migratorios y a la cronificación de situaciones de extrema vulnerabilidad y exclusión social de los mismos. Este es un hecho significativo que se agrava en mayor medida en el caso de los menores en grave riesgo de exclusión social y vulnerabilidad en su salud mental, con o sin discapacidad intelectual ligera,
procedentes del sistema de protección y que al cumplir la mayoría de edad se ven obligados a salir de este sistema de protección y tutela de la Administraciones Públicas, viéndose abocados a una emancipación forzosa sin habilidades ni unos recursos mínimos que garanticen la continuidad de sus procesos formativos o inclusión al mundo laboral.

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