BOCM

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2023

B.O.C.M. Núm. 86

nización y la conservación de soportes y medios de registro poco estables en el tiempo. En
este sentido, la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público supone una mayor obligación para el conjunto de las
Administraciones Públicas españolas al establecer como procedimiento base de referencia
el electrónico, así como la obligatoriedad para cada Administración Pública de mantener un
archivo electrónico único.
Todo ello enlaza con la compleja naturaleza y dimensión de los archivos, que, al contrario que otras instituciones estrictamente culturales, no están sólo al servicio de la promoción y difusión de la cultura. De un lado, tal y como viene defendiendo la mejor doctrina
archivística, los archivos están llamados a constituir elementos clave de la gestión administrativa, como instrumentos cuya correcta regulación resulta esencial para la gestión de la información administrativa. De otro lado, en una sociedad democrática avanzada, el acceso a
la información y a los documentos es un auténtico derecho de los ciudadanos en cuya satisfacción los archivos están llamados a jugar un papel fundamental y al que no es ajena la
aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, por parte del Estado, y, más recientemente, la Ley 10/2019, de 10 de
abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
Se trata, en consecuencia: de dar respuesta a las actuales necesidades archivísticas derivadas de la propia evolución de la actividad de las organizaciones públicas producida de
forma paulatina y desarrollada en diversas fases; y de armonizar y normalizar las tareas en
los diferentes niveles de dichas organizaciones.
Asimismo, no se puede olvidar que el incremento exponencial en la producción de documentos por parte de las Administraciones Públicas supone un reto que se debe afrontar
para conservar aquella parte de los documentos producidos por los organismos públicos
susceptible de conservación permanente por haber alcanzado unos valores que así lo acrediten. De esta manera, por una parte, en la fase de tramitación o de continua utilización y
consulta administrativa de los documentos durante su ciclo de vida, la adecuada gestión de
los mismos resulta clave para la organización interna y para la actividad externa de la Administración, al servicio de los derechos de los ciudadanos. Por otra, una vez finalizada esta
fase de tramitación o de continua utilización y consulta administrativas, la dimensión cultural adquiere progresiva preponderancia.
Otro factor que debe destacarse es la progresiva implantación de una política activa y
comprometida en materia de patrimonio histórico, cuya plasmación más reciente son los
avances que, en materia de protección del patrimonio histórico y cultural, se han producido en las normativas sectoriales desarrolladas tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas.
III
Superado el entorno en el que surgió la Ley 4/1993, de 21 de abril, y culminadas ya
dos décadas del siglo XXI, se hace necesaria la redacción de un nuevo texto legal que dé
respuesta a las necesidades actuales, imponiéndose una revisión a fondo de los planteamientos que inspiraron aquélla. Los ejes fundamentales sobre los que gira tanto el articulado de la Ley, como sus líneas inspiradoras, son: la nueva concepción del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid como sistema archivístico público conformado por
archivos y Subsistemas de Archivos homogéneos; la articulación de los archivos privados
dentro del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid a través de su pertenencia voluntaria, pero incentivada, a la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de
Madrid; la configuración de los órganos colegiados del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid como elementos clave del mismo y con importantes atribuciones y competencias; la protección, custodia y difusión de los documentos de titularidad pública y del
Patrimonio Documental Madrileño; la organización del servicio público de los archivos; la
regulación del derecho de acceso a los documentos, fundamentalmente en lo que respecta
a los de titularidad pública, en la línea de las bases establecidas por la reciente normativa
estatal y de la Comunidad de Madrid en materia de acceso a la información pública; y la
consideración de la gestión documental, con especial incidencia en la gestión de los documentos electrónicos, como el conjunto de funciones y procesos reglados archivísticos que,
aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos, garantizan el acceso y uso de los documentos de titularidad pública y la correcta configuración del
Patrimonio Documental Madrileño.

BOCM-20230412-1

Pág. 20

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID