Presidencia De La Junta. Medidas Urgentes. (2025DE0004)
Decreto-ley 4/2025, de 24 de junio, de medidas urgentes en materia de función pública.
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NÚMERO 122
36701
Jueves 26 de junio de 2025
Como se indica en el preámbulo del decreto-ley referenciado, no es la primera vez que nuestra administración autonómica, así como otras administraciones públicas, acuden a la figura
del decreto-ley para atender de forma urgente necesidades de personal. Así cabe destacar:
— Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución
de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal
temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el
COVID-19.
— Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
El decreto-ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal y como
reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, subvenir a una situación concreta
que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más
breve que el establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para
la tramitación parlamentaria de las leyes.
Todos los motivos expuestos justifican amplia y razonadamente la extraordinaria y urgente
necesidad de que por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura se apruebe, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, un decreto-ley como el que
nos ocupa.
Se han cumplido los requisitos previos y habilitantes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de nuestro Estatuto de Autonomía, que configura el marco legal en donde se va a
desarrollar el contenido del presente decreto-ley.
III
El presente decreto-ley consta de un único artículo que lleva a cabo las modificaciones de los
preceptos indicados de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Asimismo, consta de una disposición final, relativa a la entrada en vigor de la norma.
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; y con los principios de necesidad y eficacia. El decreto-ley es
acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de
seguridad jurídica.
36701
Jueves 26 de junio de 2025
Como se indica en el preámbulo del decreto-ley referenciado, no es la primera vez que nuestra administración autonómica, así como otras administraciones públicas, acuden a la figura
del decreto-ley para atender de forma urgente necesidades de personal. Así cabe destacar:
— Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución
de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal
temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el
COVID-19.
— Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
El decreto-ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal y como
reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, subvenir a una situación concreta
que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más
breve que el establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para
la tramitación parlamentaria de las leyes.
Todos los motivos expuestos justifican amplia y razonadamente la extraordinaria y urgente
necesidad de que por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura se apruebe, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, un decreto-ley como el que
nos ocupa.
Se han cumplido los requisitos previos y habilitantes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de nuestro Estatuto de Autonomía, que configura el marco legal en donde se va a
desarrollar el contenido del presente decreto-ley.
III
El presente decreto-ley consta de un único artículo que lleva a cabo las modificaciones de los
preceptos indicados de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Asimismo, consta de una disposición final, relativa a la entrada en vigor de la norma.
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; y con los principios de necesidad y eficacia. El decreto-ley es
acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de
seguridad jurídica.
