NÚMERO 238
Martes 10 de diciembre de 2024

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y, en segundo lugar, sobre la procedencia de la rectificación a la vista de los límites impuestos
por el artículo 110 de la Ley 39/2015 en cuya virtud “Las facultades de revisión establecidas
en este capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena
fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.
Por ello, es necesario comprobar, la concurrencia del requisito objetivo para proceder a la
rectificación, esto es, la existencia de un error material, de hecho o aritmético. Al efecto,
debe recurrirse a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo emanada sobre el particular según la cual “el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto
e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose por su sola contemplación, por lo que, para poder aplicar el
mecanismo procedimental de rectificación de errores de hecho, se requiere que concurran, en
esencia, las siguientes circunstancias:
1. Que se trate de corregir errores simples o equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;
2. Que tales errores se adviertan por los datos obrantes en el expediente y sean evidentes
y notorios, sin que deban interpretarse las normas aplicables;
3. Que simultáneamente no se proceda de oficio a la revisión de los actos mismos;
4. Que la corrección no produzca una alteración fundamental o substancial en el contenido
o sentido del acto, ni implique nueva valoración o calificación jurídica (Dictamen del
Consejo de Estado 1284/1992);
5. Q
 ue no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que la rectificación no
equivalga a la anulación, revocación o sustitución del mismo por uno nuevo sobre bases
diferentes y sin las garantías formales debidas, y
6. Que se ejercite la facultad de rectificación con un hondo criterio restrictivo.
Cuarto. A la vista de este restrictivo régimen, no puede sino concluirse que en el presente
caso nos encontramos ante el supuesto legal previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
ya que, se trata de una equivocación en la fecha para la ejecución de las correspondientes
inversiones y de presentación de la justificación necesaria del primer pago de las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, el error es
patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretación y calificación jurídica alguna y, tal
y como se ha expuesto concurren los distintos fundamentos esgrimidos por el Alto Tribunal
para la rectificación del error existente en la Resolución de 12 de septiembre de 2024, sin