Consejería De Salud Y Servicios Sociales. Política Social. Subvenciones. (2024040084)
Decreto 52/2024, de 11 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la incorporación social y laboral de menores y jóvenes que estén cumpliendo o hayan cumplido medidas judiciales de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la primera convocatoria.
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NÚMERO 128
Miércoles 3 de julio de 2024
33602
Todo ello para mejorar el grado de empleabilidad en la población de menores/jóvenes en
riesgo de exclusión social. Proporcionarles una atención integral y personalizada, tendente a
cubrir sus necesidades, conseguir su bienestar y desarrollar el máximo potencial evolutivo individual en sus diferentes aspectos (afectivo, emocional, creativo, educativo, social, relacional
y de participación en la sociedad), a través de un ambiente de socialización positivo, mediante la convivencia diaria, el fomento de la competencia social, el uso preferente de recursos
normalizados del entorno y de programas, fundamentalmente educativos, que permitan el
desarrollo de pautas socioafectivas prosociales y el sentido de la responsabilidad, el respeto
por los derechos y libertades de los otros y la reorientación de aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial durante un período determinado
por la sentencia judicial.
La incorporación social y laboral de los menores y jóvenes que han cumplido o están cumpliendo medidas judiciales de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, es una tarea compleja, que requiere la
consideración de un buen número de variables. A la hora de analizar las condiciones del mercado laboral y las características de los menores y jóvenes que configuran esta fuerza laboral
o el capital humano existente (nivel educativo, situación psicosocial, familiar, etc.), uno de
los mayores inconvenientes que se presentan es la prospección del mercado laboral, ya que
hay muy pocas empresas que se ofrezcan para la contratación de estos menores y jóvenes.
Las carencias educativas, formativas, familiares o sociales de las que adolecen muchos de
estos menores y jóvenes suponen para ellos un gran obstáculo que dificulta su integración
social y laboral. Por este motivo, surge la necesidad de arbitrar un sistema de ayudas dirigidas
a favorecer su integración social y laboral adecuada, que les convierta en personas activas y
participativas, y con un conjunto de habilidades positivas, tanto para ellos y ellas como para
la sociedad.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece, entre otras cuestiones, las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores o jóvenes, y las reglas para la ejecución de dichas medidas y los derechos y deberes
de los menores afectados por las mismas; asimismo, el Reglamento que desarrolla dicha ley
orgánica, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, define y concreta las intervenciones a realizar según los objetivos de cada una de las medidas, tanto privativas como no
privativas de libertad, así como otras actuaciones de medio abierto, especialmente aquellas
dirigidas a la incorporación social y laboral de menores y jóvenes que cumplen alguna de las
medidas judiciales que pueden adoptar los Jueces de Menores.
Dicha norma reconoce en el artículo 56.2.j, a las/los menores internados/as en los centros
de ejecución de medidas judiciales, el derecho a una formación laboral adecuada y a un tra-
Miércoles 3 de julio de 2024
33602
Todo ello para mejorar el grado de empleabilidad en la población de menores/jóvenes en
riesgo de exclusión social. Proporcionarles una atención integral y personalizada, tendente a
cubrir sus necesidades, conseguir su bienestar y desarrollar el máximo potencial evolutivo individual en sus diferentes aspectos (afectivo, emocional, creativo, educativo, social, relacional
y de participación en la sociedad), a través de un ambiente de socialización positivo, mediante la convivencia diaria, el fomento de la competencia social, el uso preferente de recursos
normalizados del entorno y de programas, fundamentalmente educativos, que permitan el
desarrollo de pautas socioafectivas prosociales y el sentido de la responsabilidad, el respeto
por los derechos y libertades de los otros y la reorientación de aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial durante un período determinado
por la sentencia judicial.
La incorporación social y laboral de los menores y jóvenes que han cumplido o están cumpliendo medidas judiciales de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, es una tarea compleja, que requiere la
consideración de un buen número de variables. A la hora de analizar las condiciones del mercado laboral y las características de los menores y jóvenes que configuran esta fuerza laboral
o el capital humano existente (nivel educativo, situación psicosocial, familiar, etc.), uno de
los mayores inconvenientes que se presentan es la prospección del mercado laboral, ya que
hay muy pocas empresas que se ofrezcan para la contratación de estos menores y jóvenes.
Las carencias educativas, formativas, familiares o sociales de las que adolecen muchos de
estos menores y jóvenes suponen para ellos un gran obstáculo que dificulta su integración
social y laboral. Por este motivo, surge la necesidad de arbitrar un sistema de ayudas dirigidas
a favorecer su integración social y laboral adecuada, que les convierta en personas activas y
participativas, y con un conjunto de habilidades positivas, tanto para ellos y ellas como para
la sociedad.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece, entre otras cuestiones, las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores o jóvenes, y las reglas para la ejecución de dichas medidas y los derechos y deberes
de los menores afectados por las mismas; asimismo, el Reglamento que desarrolla dicha ley
orgánica, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, define y concreta las intervenciones a realizar según los objetivos de cada una de las medidas, tanto privativas como no
privativas de libertad, así como otras actuaciones de medio abierto, especialmente aquellas
dirigidas a la incorporación social y laboral de menores y jóvenes que cumplen alguna de las
medidas judiciales que pueden adoptar los Jueces de Menores.
Dicha norma reconoce en el artículo 56.2.j, a las/los menores internados/as en los centros
de ejecución de medidas judiciales, el derecho a una formación laboral adecuada y a un tra-
