NÚMERO 77
Lunes 22 de abril de 2024

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en el año 2022 y en un 3,5% en 2023, desde la Junta de Extremadura se estima conveniente
establecer unas ayudas que por un lado dinamicen el mercado laboral extremeño, favoreciendo empleos indefinidos de calidad y bien remunerados, y por otro lado reduzcan los costes
laborales de las empresas al realizar contrataciones, de manera que alivien dichos costes y
supongan un incentivo para que aumenten sus plantillas fijas.
Mediante el Decreto 16/2023, de 1 de marzo, se establecieron las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la contratación laboral y el mantenimiento del empleo estable y de calidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprobó la primera convocatoria. Al amparo de dicha convocatoria se han subvencionado más de 3.000 contrataciones
indefinidas iniciales o transformaciones de contratos temporales en indefinidos.
A través del presente decreto se pretende mejorar las ayudas y potenciar la contratación indefinida de los grupos de población con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y
a un trabajo estable.
Será en cada convocatoria donde se establezcan los colectivos prioritarios, que son los que
presentan mayor dificultad de inserción laboral, de manera que se puedan definir dichos colectivos de acuerdo con la situación del mercado de trabajo a la fecha de publicación de cada
convocatoria.
En la primera convocatoria que contiene el presente decreto, para definir los colectivos prioritarios, se toma como punto de partida la tasa de paro de Extremadura según los datos
resultantes de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2023, que se situó en
un 16,29%. Dicho porcentaje se compara con determinados grupos de población que tienen
una tasa superior de desempleo, como son las mujeres, con un 18,86%, los jóvenes, con un
25,28% y los mayores de 45 años con un 16,70%. A dichos grupos debe añadirse el colectivo
de “parados de larga duración”, quienes encuentran cada vez más dificultad de inserción en el
mercado laboral, así como las personas trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en
centros de trabajo ubicados en localidades de menos de 5.000 habitantes, pretendiendo en
este último caso, contribuir al objetivo de fijar la población al medio rural.
Además del incremento de costes derivados de la inflación y la presión impositiva que existe
en España, las empresas privadas a las que se dirigen las ayudas reguladas en esta norma
asumen unos costes sociales derivados de las contrataciones, los cuales evolucionan al alza,
a modo de ejemplo, en enero de 2023 se estableció una nueva cotización, el Mecanismo de
Equidad Intergeneracional, que será asumida principalmente por las empresas.
En este contexto, y para reducir los costes laborales de las empresas, en estas nuevas bases
reguladoras se introduce una nueva forma de cálculo de las cuantías de las ayudas, de modo
que van a ser proporcionales a la remuneración bruta anual que se pacte en el contrato de