NÚMERO 227
Lunes 27 de noviembre de 2023

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amplio, que profundice en la consecución de los ODS desde las particularidades de la cooperación descentralizada aportando desde el valor añadido que se genera en Canarias; desde la
vinculación de la sociedad civil transnacional y desde la creación de una conciencia ciudadana
con los problemas del planeta; y desde la consolidación de un aparato institucional que acompañe ambos procesos.
Que, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 3/2023, de
29 de marzo, de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, respetando los
principios, objetivos y priorida­des de la política del Estado, regula en su artículo 6 el sistema
de cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional de la Comunidad Autó­noma de
Extremadura, que estará formado por el conjunto de actuaciones orientadas al desarrollo humano sostenible, articuladas en torno a, entre otros, a la acción humanitaria, entendida como
conjunto de actuaciones de ayuda de emergencia a las vícti­mas de desastres naturales, conflictos armados y crisis prolongadas, o a poblaciones en si­tuación de vulnerabilidad extrema,
particularmente de las mujeres y la infancia, orientadas a garantizar su subsistencia, proteger
sus derechos, defender su dignidad y sentar las ba­ses de su posterior desarrollo. Por su parte
el artículo 24.2 de la misma Ley establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá mecanismos de coordinación de las políticas de cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional con el Estado, con otras comunidades autónomas y con la Unión Europea.
Que, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, esta materia
se rige por lo dispuesto en la Ley 8/2023, de cooperación para la transformación global y el
IV Plan Director de la Cooperación al Desarrollo de las Illes Balears 2020-2023, entendida la
política de cooperación como el conjunto de actuaciones, iniciativas, capacidades y recursos
que esta administración pone al servicio de los pueblos más desfavorecidos, con la finalidad
de contribuir a la erradicación de la pobreza, al progreso humano, económico y social, y a
la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Las intervenciones, por parte del
Gobierno, se centrarán en los desastres naturales y los conflictos armados en las fases de
asistencia y rehabilitación, principalmente en las crisis olvidadas, que obligan, en la mayoría
de los casos, a desplazamientos forzosos con una gran vulnerabilidad de la población. Estas
actuaciones buscan aliviar las personas de situaciones de gran debilidad e indefensión y mitigar su sufrimiento; proveer a la población de bienes y servicios básicos y garantizar espacios de llegada libres de violencias y agresiones sexuales, y proteger sus derechos según los
estándares internacionales. El Gobierno balear se alinea con los compromisos plasmados en
la Cumbre Humanitaria Mundial y en los compromisos de Grand Bargain, y se centrará, especialmente, en impulsar la participación de la población afectada y de los actores locales, hacer
un enfoque basado en derechos humanos y protección, incrementar las respuestas basadas
en transferencias en efectivo, trabajar por las actuaciones específicas para la protección de la
violencia de género y sexual, y hacer una apuesta estratégica por las crisis olvidadas