NÚMERO 227
Lunes 27 de noviembre de 2023

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Que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la materia objeto del convenio se rige por la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo de Castilla y
León, así como por el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León, en
su caso vigente, que contempla como una de las modalidades prioritarias de actuación las
intervenciones llevadas a cabo en el ámbito de la acción humanitaria.
Que, en el ámbito local, la Federación Española de Municipios y Provincias (en lo sucesivo
FEMP) es la Asociación de Entidades Locales de Ámbito Estatal con mayor implantación, constituida al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y declarada de utilidad pública por acuerdo
del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, que agrupa a Ayuntamientos, Diputaciones,
Consejos y Cabildos Insulares. Que cuenta con una Comisión de Cooperación para el Desarrollo como parte de su estructura organizativa, compuesta por 25 representantes cargos electos
municipales, siendo uno de sus objetivos el fomento de la coordinación y la articulación de
las acciones de cooperación al desarrollo de los gobiernos locales. Asimismo, la FEMP forma
parte del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) organizaciones de ámbito europeo y global respectivamente desde las
que también se desarrollan e impulsan acciones de cooperación internacional alineadas a la
localización de la Agenda 2030.
Que la realidad actual, a la que se enfrenta la comunidad internacional, se caracteriza por una
tipología de crisis, marcadas por su complejidad y larga duración, exigiendo una articulación
más eficaz de todos los instrumentos que pretenden abordarlas, debiendo enfatizarse en este
plano la relación que la “agenda humanitaria” debe tener con el resto de “agendas”, y muy
especialmente, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El objetivo de no dejar a nadie atrás es, en definitiva, un reto tanto para los actores humanitarios como para los de desarrollo, debiendo promoverse el respeto de los Derechos Humanos y la construcción de la paz.
Que, los retos a los que el mundo se enfrenta tras la inédita situación provocada por la pandemia de COVID-19, y su impacto en los sistemas socioeconómicos, las implicaciones globales
que está teniendo la guerra de Rusia contra Ucrania, así como los efectos de la emergencia
climática, requieren de soluciones más integradas y de una actuación más conjunta y coordinada que nunca, en la que debe primar la colaboración y coordinación de todos los actores humanitarios siendo estas actuaciones complementarias a las intervenciones humanitarias que
se realizan directamente por las Comunidades Autónomas y la FEMP. En este sentido, como
principales financiadoras e impulsoras de intervenciones humanitarias, las administraciones
públicas tienen la responsabilidad de tomar decisiones conjuntamente en pro de una mejora
de la calidad de la ayuda, sin perjuicio de que todas las entidades firmantes continúen impulsando, financiando, gestionando y ejecutando directamente intervenciones de acción humanitaria en el marco de sus competencias y en cumplimiento de lo establecido en sus marcos