NÚMERO 97
Martes 23 de mayo de 2023

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contribuyen a la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030, donde se prevé para el conjunto de los sectores difusos, entre ellos el de
residuos, una reducción en 2030 del 39% respecto a los niveles del año 2005.
El establecimiento de las ayudas que contempla este decreto contribuye al objetivo funda­
mental de fijación de la población en el medio rural, al favorecer el bienestar general y dina­
mizar procesos de economía circular que pueden crear actividad y empleo. Por ese motivo,
esta actuación se considera una medida adecuada de la política de la Junta de Extremadura
ante el reto demográfico y territorial.
Con fecha 26 de enero de 2023, ha entrado en vigor la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dicha orden se dicta en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de
la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en
relación con el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La orden regula que el análisis
‘ex ante’ se llevará a cabo en los procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión
de subvenciones vinculados a la ejecución del citado Plan de Recuperación, con el objetivo de
verificar la ausencia de conflicto de interés entre los miembros de los órganos de contratación
y de concesión de subvenciones, y los participantes en los citados procedimientos en las dife­
rentes fases del mismo. Todo ello basándose en una herramienta informática de ‘data mining’
de la Agencia Tributaria, MINERVA.
A través de dicha aplicación informática de la Agencia Tributaria, se analizarán las posibles
relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que pueda haber
un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, con la par­
ticularidad de que en dicho análisis se tendrá en cuenta la titularidad real de los licitadores o
solicitante.
Entre otras cuestiones la norma introduce un procedimiento específico para el supuesto en el
que no consten para el licitador o el solicitante de ayuda datos de titularidad real en las bases
de datos de la AEAT, habilitando a los órganos responsables de estos procedimientos a soli­
citar a los participantes en los procedimientos, la información de su titularidad real, siempre
que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de
consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable
de la operación de que se trate.
Esta información deberá aportarse al órgano de contratación o de concesión de subvenciones