Consejería De Educación Y Empleo. Formación Para El Empleo. Subvenciones. (2023050074)
Orden de 27 de marzo de 2023 por la que se regula la programación, gestión y control de la oferta de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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NÚMERO 62
Jueves 30 de marzo de 2023
19556
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, regula el procedimiento a seguir en la planificación y evaluación del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como las iniciativas y programas de formación para el empleo. El capítulo IV de dicha norma reglamentaria regula la oferta
formativa para personas trabajadoras desempleadas, estableciendo los requisitos y límites de
las acciones formativas, las personas destinatarias de la formación, la forma de acreditación
de las competencias adquiridas por las personas trabajadoras.
El mencionado Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, no agota el desarrollo reglamentario
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, pues para determinados aspectos, como indica su
preámbulo, se considera más adecuada su regulación mediante las correspondientes órdenes
ministeriales, a las que se remite para su desarrollo esta norma.
De acuerdo con dicha previsión, la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo estableció las bases
que han de regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar dicha formación
por las diferentes administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, así como
otros modelos de ejecución de la formación basados en la contratación pública o en la utilización de medios propios de las diferentes administraciones.
Posteriormente, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, determinó que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de
formación profesional del sistema educativo y para el empleo.
De acuerdo con dicha atribución competencial, mediante Orden EFP/942/2022, de 23 de
septiembre, se regula la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, estableciendo las
condiciones para la financiación de dicha oferta formativa por las diferentes Administraciones
Públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, así como otros modelos de ejecución de la
formación basados en la contratación pública o en la utilización de medios propios de las diferentes administraciones.
El artículo 11.1.7 del Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura ostenta competencias de ejecución en materia de formación profesional para el empleo, correspondiéndole la potestad reglamentaria organizativa y la adopción
de planes, programas, medidas, decisiones y actos.
La Ley 7/2001, de 14 de junio, atribuye al Servicio Extremeño Público de Empleo la ejecución
de las competencias de administración, gestión y coordinación de los procesos derivados de
las políticas activas de empleo, bajo la supervisión y control de la Consejería competente en
Jueves 30 de marzo de 2023
19556
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, regula el procedimiento a seguir en la planificación y evaluación del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como las iniciativas y programas de formación para el empleo. El capítulo IV de dicha norma reglamentaria regula la oferta
formativa para personas trabajadoras desempleadas, estableciendo los requisitos y límites de
las acciones formativas, las personas destinatarias de la formación, la forma de acreditación
de las competencias adquiridas por las personas trabajadoras.
El mencionado Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, no agota el desarrollo reglamentario
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, pues para determinados aspectos, como indica su
preámbulo, se considera más adecuada su regulación mediante las correspondientes órdenes
ministeriales, a las que se remite para su desarrollo esta norma.
De acuerdo con dicha previsión, la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo estableció las bases
que han de regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar dicha formación
por las diferentes administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, así como
otros modelos de ejecución de la formación basados en la contratación pública o en la utilización de medios propios de las diferentes administraciones.
Posteriormente, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, determinó que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de
formación profesional del sistema educativo y para el empleo.
De acuerdo con dicha atribución competencial, mediante Orden EFP/942/2022, de 23 de
septiembre, se regula la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, estableciendo las
condiciones para la financiación de dicha oferta formativa por las diferentes Administraciones
Públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, así como otros modelos de ejecución de la
formación basados en la contratación pública o en la utilización de medios propios de las diferentes administraciones.
El artículo 11.1.7 del Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura ostenta competencias de ejecución en materia de formación profesional para el empleo, correspondiéndole la potestad reglamentaria organizativa y la adopción
de planes, programas, medidas, decisiones y actos.
La Ley 7/2001, de 14 de junio, atribuye al Servicio Extremeño Público de Empleo la ejecución
de las competencias de administración, gestión y coordinación de los procesos derivados de
las políticas activas de empleo, bajo la supervisión y control de la Consejería competente en
