NÚMERO 58
Viernes 24 de marzo de 2023

18001

que “6. Advertida que la ejecución de las sentencias en sus justos términos era imposible materialmente, reiteramos, como así reconoció la hoy recurrente desde un primer momento, el
mantenimiento de lo construido y en funcionamiento, la demolición de lo no terminado ni en
funcionamiento, unido a la revegetación y a la adopción de medidas de protección adecuada
y eficientes para minimizar posibles efectos de la edificación en funcionamiento y la puesta
en funcionamiento del EDAR, es la solución o modo de ejecución (única existente) de sentencia que garantiza la debida protección el medioambiente, al no producir, reiteramos, efectos
negativos ambientales ni en la Isla ni en la ZEPA, y resultar en cambio, que a los efectos negativos ambientales en la ZEPA y en la Isla que provocaría la demolición total de lo edificado,
se unirían los efectos o perjuicios de índole económico, así como el principio de seguridad
jurídica, que obliga a considerar actos y disposiciones no afectados por las Sentencias, como
son la licencias y el Plan de Gestión de la ZEPA, así como lo manifestado por el Tribunal Supremo en supuestos similares al aquí enjuiciado y, finalmente, la necesidad de no eludir el
tiempo transcurrido desde el inicio, 2007, hasta el momento en que se resuelve el incidente
de ejecución, 2020, y la distinta realidad existente en uno y otro momento”.
En conclusión, la restitución total afectaría severamente al medio ambiente, no solo en el proceso de demolición sino también porque la situación a la que habría que reponer los terrenos
es mucho peor que la existente en la actualidad, produciendo una regresión en la situación
material de los mismos.
Por otro lado, también concurren simultáneamente razones imperiosas de índole social y
económica, que se concretan en el favorecimiento del desarrollo económico y social de los
pueblos incluidos en la ZEPA y más allá de la ZEPA, así como evitar el proceso de abandono
de los mismos evitando los perjuicios sociales, económicos e incluso ecológicos de lo que se
ha venido llamando en los últimos años el fenómeno de la España vaciada - o la España vacía -, que está siendo el foco de atención de las políticas públicas tanto a nivel estatal como
autonómico.
No debemos olvidar que Extremadura ha establecido un firme compromiso para fomentar la
transición ecológica como elemento de creación de riqueza en el medio rural en la Ley 3/2022,
de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial. Norma en la que se conmina
a la Junta de Extremadura a fortalecer el papel de los espacios naturales como activos socioeconómicos y su implicación para promover, en cooperación con otras políticas sectoriales y
tejiendo alianzas con los actores del territorio, los procesos de dinamización económica y territorial, potenciando las sinergias entre conservación y desarrollo para convertirlos en áreas dinámicas e innovadoras, contribuyendo al progreso en los territorios rurales donde se localizan.
Desde que se inició la ejecución del proyecto de la Isla de Valdecañas se han podido constatar
los efectos del mismo en el crecimiento de la población y de la actividad en los municipios