NÚMERO 229

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Martes 29 de noviembre de 2022

información y de la comunicación, se pretende ofrecer un marco normativo que descienda a
medidas concretas, que materialice los principios de aclaración, armonización y simplificación
administrativas con el fin de solucionar las cargas administrativas, la ralentización procedimental y la imposición de obligaciones, evitando retrasos, costes y efectos disuasorios que
ocasionan trámites innecesarios, duplicación de operaciones, formalidades burocráticas en la
presentación de documentos o largos plazos de resolución. En definitiva, se aspira a eliminar
el distanciamiento de la Administración con los ciudadanos ocasionado en los últimos tiempos
flexibilizando y mejorando las estructuras de la Administración y superando las dificultades
que pueden encontrar ciudadanos y empresas para relacionarse».
II
Además, de los principios de buenas administraciones descritos en el apartado anterior y
desarrollados legislativamente, entre otras, a través de las normas antes citadas, el artículo
39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura exige los servicios públicos se presten con calidad. Como premisa de esa calidad procede valorar la utilidad de la actuación administrativa
y la mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, tal y como ha sido
puesto de manifiesto por el Presidente de la Junta, entre otras ocasiones, en el Discurso de
investidura de la Legislatura en curso.
En esta línea de poner en valor la utilidad y calidad en la prestación de los servicios públicos,
así como la mejora en los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, además de
las leyes antes citadas, se aprobó la legislatura pasada, entre otras leyes, la Ley 12/2018, de
26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura, que tiene
por objeto el desarrollo legislativo de la normativa básica de contratos del Estado con relación
a la regulación de la organización y especificidades procedimentales relativas al régimen jurídico de la contratación, así como la promoción y el fomento, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, del desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables en
materia de contratación en las Administraciones públicas, mediante la incorporación de cláusulas de carácter social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas
a otras políticas públicas en las contrataciones que licite el sector público autonómico. Asimismo, se aprobó la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación
de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario.
Procede en estos momentos incluir nuevas medidas en esta línea, así como realizar una revisión
de las normas aprobadas que pongan en valor la utilidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, así como la mejora en los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía.
En este sentido, se debe tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud elevó el
pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el
COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo
para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.