Consejería De Movilidad, Transporte Y Vivienda. Transportes. Ayudas. (2022050200)
Orden de 3 de noviembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de mínimis destinadas a promover, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público afectadas por el encarecimiento del precio de los carburantes.
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NÚMERO 215
54137
Miércoles 9 de noviembre de 2022
se ha multiplicado por cinco desde principios de 2021, a lo que ha de añadirse que el petróleo,
por su parte, casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales
de febrero de 2022.
Puede concluirse, pues, que asistimos a un escenario caracterizado por una agudización del
incremento generalizado de costes de las materias primas y de los bienes intermedios, que
se suma a la situación de desequilibrio entre oferta y demanda en las cadenas de producción,
a causa de la rápida recuperación económica tras la eliminación de las medidas restrictivas
motivadas por la pandemia, generando todo ello una evolución económica caracterizada por
una elevada tasa de inflación y una ralentización del crecimiento productivo.
Frente a esta situación de crisis, han de adoptarse, desde los poderes públicos, aquellas medidas que puedan dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de los acontecimientos descritos.
II
Las bases reguladoras contenidas en esta Orden presentan como objetivo clave, dentro del
citado escenario, promover la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público
de nuestra Comunidad Autónoma, sector económico especial e intensamente afectado por el
encarecimiento de los precios de la energía, dada la dependencia cotidiana que dicha actividad tiene respecto del consumo de carburantes para su eficaz y eficiente desarrollo dentro del
tejido económico al que sirve, advirtiendo una importante dificultad para que el coste soportado en la partida energética pueda ser trasladado, vía precio del contrato, a sus respectivos
clientes.
Por otra parte, no puede olvidarse que el sector del transporte, por adoptar una estructura
atomizada, si atendemos a la presencia de una mayoría de empresas de reducido tamaño con
una capacidad de oferta limitada a un vehículo, carece de la flexibilidad necesaria para adaptarse a escenarios tan graves como el actual, lo que exige un mayor compromiso por parte de
los poderes públicos para garantizar su correcto funcionamiento.
El aumento del precio de los carburantes ha supuesto una afectación cercana al 30 % de los
costes de la actividad de transporte, a lo que debe añadirse el incremento de otras partidas
de su estructura de gastos (neumáticos, lubricantes, etc.), circunstancias que menoscaban
un ejercicio de la actividad digno, sostenible económicamente y eficiente en el contexto económico general.
En el caso del transporte de viajeros, su viabilidad económica también aparece amenazada
por las dificultades que atraviesa este sector para recuperar el nivel de demanda de usuarios
registrado en la etapa prepandémica.
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Miércoles 9 de noviembre de 2022
se ha multiplicado por cinco desde principios de 2021, a lo que ha de añadirse que el petróleo,
por su parte, casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales
de febrero de 2022.
Puede concluirse, pues, que asistimos a un escenario caracterizado por una agudización del
incremento generalizado de costes de las materias primas y de los bienes intermedios, que
se suma a la situación de desequilibrio entre oferta y demanda en las cadenas de producción,
a causa de la rápida recuperación económica tras la eliminación de las medidas restrictivas
motivadas por la pandemia, generando todo ello una evolución económica caracterizada por
una elevada tasa de inflación y una ralentización del crecimiento productivo.
Frente a esta situación de crisis, han de adoptarse, desde los poderes públicos, aquellas medidas que puedan dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de los acontecimientos descritos.
II
Las bases reguladoras contenidas en esta Orden presentan como objetivo clave, dentro del
citado escenario, promover la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público
de nuestra Comunidad Autónoma, sector económico especial e intensamente afectado por el
encarecimiento de los precios de la energía, dada la dependencia cotidiana que dicha actividad tiene respecto del consumo de carburantes para su eficaz y eficiente desarrollo dentro del
tejido económico al que sirve, advirtiendo una importante dificultad para que el coste soportado en la partida energética pueda ser trasladado, vía precio del contrato, a sus respectivos
clientes.
Por otra parte, no puede olvidarse que el sector del transporte, por adoptar una estructura
atomizada, si atendemos a la presencia de una mayoría de empresas de reducido tamaño con
una capacidad de oferta limitada a un vehículo, carece de la flexibilidad necesaria para adaptarse a escenarios tan graves como el actual, lo que exige un mayor compromiso por parte de
los poderes públicos para garantizar su correcto funcionamiento.
El aumento del precio de los carburantes ha supuesto una afectación cercana al 30 % de los
costes de la actividad de transporte, a lo que debe añadirse el incremento de otras partidas
de su estructura de gastos (neumáticos, lubricantes, etc.), circunstancias que menoscaban
un ejercicio de la actividad digno, sostenible económicamente y eficiente en el contexto económico general.
En el caso del transporte de viajeros, su viabilidad económica también aparece amenazada
por las dificultades que atraviesa este sector para recuperar el nivel de demanda de usuarios
registrado en la etapa prepandémica.
