NÚMERO 251
Viernes, 31 de diciembre de 2021

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que se considere procedente y su desglose, para lo cual se deberá tener en cuenta el
Índice de costes del sector de la construcción elaborado por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, que actuará como límite máximo a tener en cuenta por el concepto de “coste de materiales soportado y justificado por el contratista en su solicitud”. La
ausencia en la solicitud de cualquiera de los contenidos descritos o la falta de aportación
con la misma de la documentación acreditativa darán lugar al archivo sin más trámites de
la solicitud.
Recibida la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, el órgano de contratación procederá a su estudio teniendo en cuenta las certificaciones de trabajo emitidas desde el 1 de
enero de 2021, pudiendo realizar cualquier otro acto de instrucción que estime necesario
para su verificación. Una vez examinada la solicitud, el órgano de contratación elaborará
una propuesta de resolución, que se someterá a trámite de audiencia por el contratista por
un plazo de 10 días hábiles, para que formule alegaciones en su caso.
Al finalizar el trámite de audiencia, el órgano de contratación, previo informe jurídico de la
asesoría jurídica de la Consejería, o de la entidad integrante del sector público autonómico
de que se trate, e informe de la Intervención Delegada, emitirá resolución.
El plazo máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud. La
finalización del plazo máximo para resolver sin haber obtenido resolución expresa, faculta
al solicitante para entender su solicitud desestimada por silencio administrativo.
3. Si el contratista solicita la aplicación de lo previsto en la letra b) del apartado Tres de esta
disposición, la solicitud deberá incluir una propuesta de modificación de los materiales
tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base a la licitación y su
sustitución por otros más económicos, y se tramitará de conformidad con lo dispuesto para
las modificaciones contractuales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Cinco. En los supuestos de esta disposición, cuando no sea posible adoptar alguna de las
medidas previstas en los apartados anteriores, el órgano de contratación podrá proceder a la
resolución del contrato de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
En el caso de que se acuerde la resolución del contrato, los órganos de contratación deberán
proceder a una nueva licitación para completar la obra. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando se produzca
una situación que suponga un grave peligro, para la ejecución de la obra inconclusa el órgano