NÚMERO 108
Martes, 8 de junio de 2021

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Su naturaleza de servicio público de titularidad de la Administración, y su ordenación a través
del sistema concesional, arbitraron los ejes sobre los que ha discurrido, hasta nuestros días,
un sistema de transporte que ha basado su acción social en el esfuerzo comprometido de
las empresas concesionarias y en la tutela que la Administración ha desplegado sobre tales
servicios, colaboración ésta que siempre ha pretendido ofrecer a la persona usuaria un medio
útil, seguro y económicamente accesible para satisfacer sus necesidades de desplazamiento.
Sin embargo, la disminución, paulatina y sostenida en el tiempo, de la demanda, fundamentalmente causada por el incremento del uso del vehículo privado, así como por el aumento
de los costes de explotación, ha provocado desequilibrios económicos en la mayoría de los
contratos de concesión de servicio público, que se han traducido en déficits económicos,
creadores de un riesgo de interrupción de los servicios, causante, en los últimos años, de una
intervención de la Administración titular, de conformidad con la normativa europea y nacional,
con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de transporte regular de personas de
uso general.
Esta evolución negativa en la utilización del servicio público de transporte regular de uso
general ha alimentado la oportunidad de iniciar en la Comunidad Autónoma un estudio de
reestructuración cuyo objetivo no puede ser otro que el diseño de un mapa concesional futuro
que garantice su eficacia social y su viabilidad económica.
Hasta la culminación de este proceso, se encuentran en vigor, actualmente, dos medidas del
poder público orientadas a mantener y revitalizar el tejido propio de este servicio público:
la adjudicación de contratos de concesión de servicios con una vigencia limitada, en aras de
preparar el terreno que permita editar un nuevo mapa concesional seguro, de calidad, rentable, competitivo y moderno; y el otorgamiento de compensaciones económicas que ayuden a
superar el desequilibrio económico que padece la actividad de transporte en este sector.
No obstante, se detecta una problemática específica en determinadas zonas de población, de
carácter rural, donde resulta muy difícil garantizar la continuidad y regularidad de un servicio de uso general compatible con unas condiciones idóneas de movilidad. En este ámbito,
la falta de rentabilidad en la explotación del servicio se agrava por factores vinculados con
la despoblación, el alejamiento geográfico respecto de localidades que actúan como centros
prestadores de servicios, o sus necesidades específicas de enlace con el resto de la red de
transporte regular de uso general.
A dichos factores tradicionales se suma, en el momento actual, la experiencia de una etapa
caracterizada por el despliegue de los efectos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID-19, situación que, unida a las medidas adoptadas por las Administraciones
Públicas para combatirla, han incidido directamente en una reducción de la oferta de servicios
como consecuencia de las limitaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos.