NÚMERO 98
Martes, 25 de mayo de 2021

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Esta ley dibuja a las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.
Sin embargo, los cambios sociales experimentados desde aquella publicación que amparó el
desarrollo de marcos normativos, líneas estratégicas y programas en todo el territorio del
Estado, llevaron a materializar en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia, la apuesta y el compromiso de la sociedad por
el valor y la diversidad de las familias, creándose una importante base jurídica en torno a
modelos de familias; preponderancia de la atención de las y los menores en ámbitos familiares frente a entornos residenciales; principio de prioridad de la familia de origen, protección
de las y los menores frente a cualquier tipo de violencia, incluida la producida en su entorno
familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos, y la mutilación genital femenina,
entre otras; simplifica la constitución del acogimiento familiar. En fin, un catálogo de medidas
en apoyo a la diversidad familiar y a las nuevas familias surgidas de los cambios sociales,
políticos, económicos y culturales producidos en los últimos años, y que afectan incuestionablemente a la organización y funcionamiento de las familias.
La incorporación de la mujer al trabajo; el descenso de los índices de natalidad, el envejecimiento progresivo de la población; la consolidación de nuevas formas de organización
familiar, el matrimonio entre personas del mismo sexo; la proliferación de familias monoparentales; o los cambios en los valores sociales, han introducido modificaciones significativas
en la situación de las familias. La diversidad e importancia de estos cambios obliga a los
poderes públicos a implementar acciones dirigidas tanto al análisis continuo de esta realidad
social cambiante, como a la introducción de medidas que procuren su apoyo, protección y
promoción. Este compromiso social y político impulsado a través de los diecisiete objetivos
establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que, tangencialmente promueven y
afectan los derechos de la infancia y de las familias, supone una oportunidad no solo para la
protección y promoción del tejido familiar actual, sino el de generaciones y sociedad futuras.
Estas circunstancias motivan que el Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia de
Extremadura, creado mediante el Decreto 248/2013, de 30 de diciembre, como un órgano colegiado de carácter consultivo y de impulso al desarrollo de las políticas de apoyo a las familias
de Extremadura, adscrito a la Consejería con competencias en materia de familia e infancia de
la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General competente en dicha materia, sea
objeto de revisión. Aquella norma, que nació para conocer en profundidad la situación de las
familias extremeñas; asesorar sobre las políticas de apoyo a las familias; promover mejoras
sociales, económicas y legislativas y estimular la investigación y el estudio sobre la realidad
de las familias en Extremadura, necesita ser actualizada, si bien siempre mantendrá en su
composición la garantía de representación, tanto de las áreas de la Administración autonómica más directamente relacionadas con las familias, como de aquellas entidades de la sociedad
civil extremeña implicadas activamente en el apoyo y la atención de las familias.