Otras Resoluciones. Consejería Para La Transición Ecológica Y Sostenibilidad. Energía Solar.- (2021060583)
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la sociedad Dehesa de los Guadalupes Solar SLU, para la instalación fotovoltaica "Beturia", e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Fregenal de la Sierra. Expte.: GE-M/41/19.
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NÚMERO 45
Lunes, 8 de marzo de 2021
12967
Actualmente la instalación “Beturia” dispone de los derechos de acceso y conexión a la red
independiente y, a continuación habrá de suscribir el contrato técnico de acceso independiente, tal y como se establece en el artículo 58 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1
de octubre.
De esta forma, el operador de red podría desconectar las instalaciones, llegado el caso, de
forma totalmente independiente. Además, cada una de las instalaciones tiene un contador fiscal independiente y puede tener una forma independiente de vender energía. Una instalación
puede vender su producción si así lo desea al mercado mayorista de electricidad y las otras
mediante contratos bilaterales.
Por otra parte, a pesar de encontrarse hoy en día derogado el marco jurídico y económico
que regulaba la generación de electricidad con energías renovables en España, basado en un
sistema de primas y tarifas reguladas, resulta interesante rescatar el contenido del apartado
2 del artículo 3 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial, en la medida en que en el mismo se
establecían los criterios para considerar en qué supuestos debían sumarse las potencias para
ser calificadas como pertenecientes a una única instalación. Esto es, las instalaciones que
vertieran su energía a un mismo transformador, con tensión de salida igual a la de la red de
distribución o transporte a la que han de conectarse. Si varias instalaciones de producción utilizasen las mismas instalaciones de evacuación, la referencia anterior se entendería respecto
al transformador anterior al que sea común para varias instalaciones de producción. En caso
de no existir un transformador anterior, para las instalaciones solares fotovoltaicas, se consideraba la suma de potencias de los inversores trabajando en paralelo para un mismo titular y
que vertieran su energía en dicho transformador común.
Pues bien, aplicando el mencionado criterio, la instalación “Beturia”, así como las restantes
instalaciones que se citan en la alegación de Ecologistas en Acción, se concluye que, cada una
de ellas, individualmente, hubieran sido consideradas una única instalación solar fotovoltaica.
Por otra parte, cuando la asociación se refiere a un supuesto incumplimiento grave de la Ley
del Sector Eléctrico, parece indicar que con la presentación de varios proyectos en entornos
cercanos, por uno o varios promotores, se incurre en fraude de ley. A este respecto, se considera que el fraude de ley se produce cuando hay una intención positiva, es decir, la claridad
absoluta de que quien utiliza esta práctica lo hace con la clara intención de eludir o evadir las
exigencias de la ley. Pues bien, en este caso no se aprecia fraude de ley por los argumentos
que se esgrimen a continuación.
En cuanto a la tramitación sustantiva, el fraude de ley sólo se justificaría cuando el promotor
obtiene un beneficio artificial al tramitarlos separadamente. Pero hay que recalcar que no hay
Lunes, 8 de marzo de 2021
12967
Actualmente la instalación “Beturia” dispone de los derechos de acceso y conexión a la red
independiente y, a continuación habrá de suscribir el contrato técnico de acceso independiente, tal y como se establece en el artículo 58 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1
de octubre.
De esta forma, el operador de red podría desconectar las instalaciones, llegado el caso, de
forma totalmente independiente. Además, cada una de las instalaciones tiene un contador fiscal independiente y puede tener una forma independiente de vender energía. Una instalación
puede vender su producción si así lo desea al mercado mayorista de electricidad y las otras
mediante contratos bilaterales.
Por otra parte, a pesar de encontrarse hoy en día derogado el marco jurídico y económico
que regulaba la generación de electricidad con energías renovables en España, basado en un
sistema de primas y tarifas reguladas, resulta interesante rescatar el contenido del apartado
2 del artículo 3 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial, en la medida en que en el mismo se
establecían los criterios para considerar en qué supuestos debían sumarse las potencias para
ser calificadas como pertenecientes a una única instalación. Esto es, las instalaciones que
vertieran su energía a un mismo transformador, con tensión de salida igual a la de la red de
distribución o transporte a la que han de conectarse. Si varias instalaciones de producción utilizasen las mismas instalaciones de evacuación, la referencia anterior se entendería respecto
al transformador anterior al que sea común para varias instalaciones de producción. En caso
de no existir un transformador anterior, para las instalaciones solares fotovoltaicas, se consideraba la suma de potencias de los inversores trabajando en paralelo para un mismo titular y
que vertieran su energía en dicho transformador común.
Pues bien, aplicando el mencionado criterio, la instalación “Beturia”, así como las restantes
instalaciones que se citan en la alegación de Ecologistas en Acción, se concluye que, cada una
de ellas, individualmente, hubieran sido consideradas una única instalación solar fotovoltaica.
Por otra parte, cuando la asociación se refiere a un supuesto incumplimiento grave de la Ley
del Sector Eléctrico, parece indicar que con la presentación de varios proyectos en entornos
cercanos, por uno o varios promotores, se incurre en fraude de ley. A este respecto, se considera que el fraude de ley se produce cuando hay una intención positiva, es decir, la claridad
absoluta de que quien utiliza esta práctica lo hace con la clara intención de eludir o evadir las
exigencias de la ley. Pues bien, en este caso no se aprecia fraude de ley por los argumentos
que se esgrimen a continuación.
En cuanto a la tramitación sustantiva, el fraude de ley sólo se justificaría cuando el promotor
obtiene un beneficio artificial al tramitarlos separadamente. Pero hay que recalcar que no hay
