NÚMERO 45
Lunes, 8 de marzo de 2021

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2.1.0.0.8.-Licencias
Se podrán otorgar Licencias hasta la Aprobación y Vigencia del presente Plan, siempre que no se contradigan
y cumplan la Normativa, tanto de las Normas anteriores como del presente Plan.
Serán actos sujetos a licencia los requeridos en tal sentido por la legislación urbanística vigente, con las
exenciones establecidas al respecto por las distintas legislaciones sectoriales vigentes, y específicamente por
la Ley 9/2014 de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones, y la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas
urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.
2.1.0.0.9.-Determinaciones y Elementos de Ordenación Estructural
1.- Tendrán carácter estructural, los siguientes contenidos:
a.- Todos los elementos estructurales de la ordenación, entendidos como:
* La clasificación y los criterios de protección del suelo.
* La estructura y organización espacial adoptada para los Sistemas de Equipamientos, Red viaria
principal y Espacios libres en todas las categorías y clases de suelo, salvo en los incluidos en
sectores y unidades de actuación.
b.- Cualquier determinación que el presente Plan establezca como de carácter Estructural.
c.- La totalidad de las determinaciones establecidas en el Primer Título de la presente normativa.
2.- Pormenorizadamente, la Ordenación Estructural integrará no sólo los elementos infraestructurales y
dotacionales con relevancia espacial que conforman la estructura urbana, cuya reserva convenga prefigurar
para garantizar una articulación y vertebración espaciales coherentes, sino también las determinaciones
normativas derivadas de la clasificación del suelo y la determinación de usos globales, los aprovechamientos
y las densidades máximas, así como cuantos otros parámetros generales contribuyan a definir el esqueleto
jurídico-urbanístico del modelo territorial de Malpartida de la Serena.
3.- Particularmente, las determinaciones de Ordenación Estructural del territorio municipal que regula el
presente Plan son las siguientes:
• Fijación de las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del
territorio, previendo la expansión urbana a medio plazo, en especial para la reserva de suelo con
destino a dotaciones e infraestructuras públicas sobre la base de criterios explícitos de sostenibilidad
que garanticen su equilibrio y calidad, y justificando su adecuación a los instrumentos de ordenación
del territorio.
• La clasificación del suelo, con determinación de las superficies adscritas a cada clase y categoría.
• La delimitación de sectores de suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora.
• El establecimiento de usos globales y compatibles, y la definición de las intensidades y densidades
edificatorias máximas.
• La delimitación de las áreas de reparto y fijación del aprovechamiento medio en suelo urbanizable y
en el suelo urbano no consolidado.
• En consecuencia con los dos puntos anteriores queda englobada en esta consideración, la
Edificabilidad Máxima sobre parcela establecida para cada una de las distintas Ordenanzas de
Edificación.
• Tratamiento y protección de los bienes públicos no municipales.
• Ordenación de actividades susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento.
• Localización, distancias y previsiones reguladoras de instalaciones donde se produzcan manipulen o
almacenen sustancias peligrosas.
• Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones con destino dotacional
público.
• La ordenación del suelo no urbanizable, mediante el establecimiento de las distintas categorías o
grados de protección.
• Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de desarrollo del plan, con
señalamiento de usos dominantes, incompatibles e intensidades globales para el suelo urbano sujeto
a operaciones de reforma interior, las unidades de actuación delimitadas para el desarrollo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable, así como determinación del aprovechamiento medio de los distintos
sectores.
• Las previsiones precisas para garantizar el destino final de parte de los terrenos de suelo urbano o
urbanizable sujeto a algún régimen de protección pública.