BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 16 de julio de 2025

Sec. I. Pág. 95425

período de evaluación del desempeño para el ejercicio 2025 por lo que puede resultar un
instrumento extremadamente útil para fortalecer las actuaciones más eficaces o, en su
caso, la adopción de medidas correctoras en el período de vigencia de esta nueva
Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.
En este sentido, el pleno aprovechamiento de los recursos y medios técnicos de la
Unión Europea para la mejora de las Políticas Activas de Empleo en España es uno de
los elementos esenciales para el diseño y el desarrollo de esta nueva Estrategia
Española de Apoyo Activo al Empleo. Por lo que respecta a estos recursos, a modo de
ejemplo, cabe citar la Agenda Europea de Capacidades y la potencialidad de las cuentas
de aprendizaje individuales y de las microcredenciales en el ámbito de la formación
laboral, el uso de los sistemas de anticipación de necesidades de habilidades y
competencias desarrolladas por el CEDEFOP o la utilización de ESCO para los procesos
esenciales de gestión y cobertura de las ofertas de empleo y el análisis de las
ocupaciones y de sus necesidades de competencias.
Asimismo, fuera del ámbito europeo, hay que hacer referencia a la Red
Iberoamericana de Servicios Públicos de Empleo (RISPE), constituida el 23 de mayo
de 2023, dando cumplimiento a la Declaración de Punta Cana, suscrita en la IV
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Trabajo, y Máximos
Responsables de la Seguridad Social y de la cual ya forman parte 14 países, entre ellos
España. El objetivo principal de la RISPE es facilitar la cooperación entre los servicios de
empleo de los países iberoamericanos para mejorar sus políticas de empleo, la
formación en el trabajo y la protección frente al desempleo. Sus líneas de actuación y
programa de trabajo 2024/2025 establecen como prioridades la focalización en la
orientación como herramienta fundamental de la política de empleo, la importancia de la
digitalización, el intercambio de buenas prácticas y experiencias, la importancia del
análisis, prospección y tendencias del mercado de trabajo y el establecimiento de
sinergias con otras organizaciones y redes. El trabajo colaborativo de la Red ya ha
ofrecido importantes resultados, destacando especialmente la aprobación en su III
Asamblea de los «Principios básicos comunes necesarios para mejorar el empleo y la
formación de los jóvenes», poniendo de este modo el foco en uno de los colectivos de
atención prioritaria establecidos en el artículo 50 de la Ley de Empleo.
Por otro lado, en el caso de la OIT conviene recordar que ya en 2019 el Gobierno
español impulsó y fue anfitrión en Madrid de la 108.ª Conferencia Internacional de
Trabajo que analizó el conjunto de recomendaciones de la «Comisión Mundial sobre el
futuro del trabajo. Trabajar para un futuro más prometedor». Las conclusiones de esta
Conferencia, que se tuvieron en cuenta en las reformas realizadas en las Políticas
Activas de Empleo españolas en los años siguientes, señalaron la necesidad de
fortalecer la protección de las personas trabajadoras mediante una garantía universal del
empleo que proteja sus derechos fundamentales y garantice un salario para alcanzar un
nivel de vida digno. Con ello, la OIT actualizaba sus orientaciones sobre las Políticas
Activas de Empleo y el papel de los servicios públicos de empleo en relación con los
derechos laborales de la ciudadanía, introduciendo una perspectiva más amplia y
ambiciosa en relación con las transiciones y transformaciones en el empleo, plenamente
coherente con la línea seguida por el Gobierno español en estos últimos años.
Por su parte, las recomendaciones de la OCDE sobre el papel de los servicios
públicos de empleo, en particular después de la pandemia, han venido insistiendo en la
necesidad de modernizar los servicios de empleo y formación como factores clave para
mejorar el mercado laboral, y de redoblar los esfuerzos para volver a conectar a las
personas poco cualificadas y otros grupos vulnerables con los empleos disponibles.
Asimismo, los servicios públicos de empleo responden cada vez en mayor medida a
las prescripciones de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, y a sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) con sus respectivas metas de carácter global, en particular el
Objetivo 8 que se refiere expresamente al «Trabajo decente y el crecimiento
económico».

cve: BOE-A-2025-14693
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Núm. 170