Tribunal Constitucional. T.C. Sección del Tribunal Constitucional. Sentencias. (BOE-A-2025-14579)
Sala Primera. Sentencia 126/2025, de 9 de junio de 2025. Recurso de amparo 1269-2023. Promovido por don Florentino Torres del Campo y otras dos personas más en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de instrucción de Bilbao en diligencias previas tramitadas por el fallecimiento de un familiar. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la vida: investigación insuficiente de un posible delito de homicidio, en su caso asesinato; falta de atención debida del derecho de los familiares del fallecido a participar en el proceso penal como víctimas indirectas.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 14 de julio de 2025
Sec. TC. Pág. 94124
también de que sean conformes con el derecho fundamental que se invoca como
lesionado.
4. Doctrina constitucional sobre el derecho a una investigación suficiente y eficaz
en ámbitos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Este Tribunal Constitucional, atendiendo a la importancia que tiene la cláusula del
art. 10.2 de nuestra Carta Magna como fuente de interpretación de los derechos
fundamentales reconocidos por esta, y al necesario diálogo entre tribunales que
debemos mantener con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garante último de
los derechos reconocidos en el Convenio de Roma de 1950, instrumento este que a su
vez forma parte de nuestro ordenamiento interno, ha venido asumiendo de manera
paulatina los postulados del Tribunal Europeo en torno al concepto de «investigación
suficiente y eficaz», entendido como un deber especial de diligencia que cabe exigir a los
órganos judiciales encargados de la investigación de delitos, en determinados supuestos
en los que están concernida la posible conculcación de derechos humanos de carácter
material, tales como el derecho a la vida (art. 2 CEDH) o el derecho a la integridad física
y psíquica (art. 3 CEDH, en relación con el derecho a la vida privada familiar –art. 8
CEDH–).
Procede por tanto identificar cuáles son, a día de hoy, los ámbitos reconocidos por el
Tribunal de Estrasburgo que ya hemos integrado en nuestra doctrina, debiendo
adelantarse que la presente sentencia incorporará un nuevo supuesto a ese listado, con
arreglo a las razones que luego expondremos.
A) Doctrina constitucional en materia de investigación judicial de denuncias por
torturas y tratos inhumanos o degradantes bajo custodia policial o en el contexto de
actuación de agentes estatales.
a) Ante todo y como recuerda la citada STC 34/2008, de 25 de febrero: «la
suficiencia de la investigación judicial no puede ser resuelta solo con criterios abstractos,
sino en función tanto de los datos que se aportaron inicialmente a la instrucción y de los
después conocidos, que aportaban o eliminaban argumentos para continuarla o para
darla por terminada, como de la gravedad de los hechos investigados y de la dificultad
propia de la investigación, que pueden exigir nuevas y más incisivas diligencias que en
otro tipo de causas serían innecesarias (FJ 4)» (STC 106/2011, de 20 de junio, FJ 2).
Así las cosas, este tribunal ha establecido una consolidada doctrina sobre las
exigencias constitucionales derivadas de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE) y a no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), en
relación con las decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales
incoadas por denuncia de haber sufrido torturas o tratos inhumanos o degradantes bajo
custodia policial, en los que se constata que no se llevaron a cabo diligencias pertinentes
para el esclarecimiento de los hechos, en orden a una investigación suficiente y eficaz:
SSTC 224/2007, de 22 de octubre; 34/2008, de 25 de febrero; 52/2008, de 14 de abril;
69/2008, de 23 de junio; 107/2008, de 22 de septiembre; 63/2010, de 18 de octubre;
131/2012, de 18 de junio; 12/2013, de 28 de enero; 153/2013, de 9 de septiembre;
130/2016, de 18 de julio; 144/2016, de 19 de septiembre; 39/2017, de 24 de abril;
166/2021, de 4 de octubre, FJ 3; 13/2022, de 7 de febrero; 33/2024, de 11 de marzo;
35/2024, de 11 de marzo, y 144/2024, de 2 de diciembre.
Más específicamente, en el contexto de actuaciones de funcionarios en el ámbito
penitenciario, nos hemos pronunciado en las SSTC 40/2010, de 19 de julio; 12/2022,
de 7 de febrero, y 105/2024, de 9 de septiembre.
cve: BOE-A-2025-14579
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 168
Lunes 14 de julio de 2025
Sec. TC. Pág. 94124
también de que sean conformes con el derecho fundamental que se invoca como
lesionado.
4. Doctrina constitucional sobre el derecho a una investigación suficiente y eficaz
en ámbitos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Este Tribunal Constitucional, atendiendo a la importancia que tiene la cláusula del
art. 10.2 de nuestra Carta Magna como fuente de interpretación de los derechos
fundamentales reconocidos por esta, y al necesario diálogo entre tribunales que
debemos mantener con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garante último de
los derechos reconocidos en el Convenio de Roma de 1950, instrumento este que a su
vez forma parte de nuestro ordenamiento interno, ha venido asumiendo de manera
paulatina los postulados del Tribunal Europeo en torno al concepto de «investigación
suficiente y eficaz», entendido como un deber especial de diligencia que cabe exigir a los
órganos judiciales encargados de la investigación de delitos, en determinados supuestos
en los que están concernida la posible conculcación de derechos humanos de carácter
material, tales como el derecho a la vida (art. 2 CEDH) o el derecho a la integridad física
y psíquica (art. 3 CEDH, en relación con el derecho a la vida privada familiar –art. 8
CEDH–).
Procede por tanto identificar cuáles son, a día de hoy, los ámbitos reconocidos por el
Tribunal de Estrasburgo que ya hemos integrado en nuestra doctrina, debiendo
adelantarse que la presente sentencia incorporará un nuevo supuesto a ese listado, con
arreglo a las razones que luego expondremos.
A) Doctrina constitucional en materia de investigación judicial de denuncias por
torturas y tratos inhumanos o degradantes bajo custodia policial o en el contexto de
actuación de agentes estatales.
a) Ante todo y como recuerda la citada STC 34/2008, de 25 de febrero: «la
suficiencia de la investigación judicial no puede ser resuelta solo con criterios abstractos,
sino en función tanto de los datos que se aportaron inicialmente a la instrucción y de los
después conocidos, que aportaban o eliminaban argumentos para continuarla o para
darla por terminada, como de la gravedad de los hechos investigados y de la dificultad
propia de la investigación, que pueden exigir nuevas y más incisivas diligencias que en
otro tipo de causas serían innecesarias (FJ 4)» (STC 106/2011, de 20 de junio, FJ 2).
Así las cosas, este tribunal ha establecido una consolidada doctrina sobre las
exigencias constitucionales derivadas de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE) y a no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), en
relación con las decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales
incoadas por denuncia de haber sufrido torturas o tratos inhumanos o degradantes bajo
custodia policial, en los que se constata que no se llevaron a cabo diligencias pertinentes
para el esclarecimiento de los hechos, en orden a una investigación suficiente y eficaz:
SSTC 224/2007, de 22 de octubre; 34/2008, de 25 de febrero; 52/2008, de 14 de abril;
69/2008, de 23 de junio; 107/2008, de 22 de septiembre; 63/2010, de 18 de octubre;
131/2012, de 18 de junio; 12/2013, de 28 de enero; 153/2013, de 9 de septiembre;
130/2016, de 18 de julio; 144/2016, de 19 de septiembre; 39/2017, de 24 de abril;
166/2021, de 4 de octubre, FJ 3; 13/2022, de 7 de febrero; 33/2024, de 11 de marzo;
35/2024, de 11 de marzo, y 144/2024, de 2 de diciembre.
Más específicamente, en el contexto de actuaciones de funcionarios en el ámbito
penitenciario, nos hemos pronunciado en las SSTC 40/2010, de 19 de julio; 12/2022,
de 7 de febrero, y 105/2024, de 9 de septiembre.
cve: BOE-A-2025-14579
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Núm. 168
