Ministerio de La Presidencia, Justicia y Relaciones Con Las Cortes. I. Disposiciones generales. Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. (BOE-A-2025-14085)
Real Decreto 607/2025, de 8 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 9 de julio de 2025
Sec. I. Pág. 91242
para la cancelación de una inscripción. Posteriormente, se consultará al Letrado de la
Administración de Justicia correspondiente para verificar su estado procesal y elevar una
propuesta de cancelación. Además, en cuanto a las cancelaciones por fallecimiento, se
cancelarán las inscripciones correspondientes a personas investigadas y sentenciadas
fallecidas una vez constatado el fallecimiento por la persona encargada del Registro. La
información cancelada estará disponible para fines estadísticos y supuestos recogidos
por la ley.
Para los supuestos en que se inicie un expediente de cancelación de antecedentes
penales, de oficio o a instancia de parte, se comunicará telemáticamente al órgano u
órganos ejecutores a través del Sistema de registros administrativos de apoyo a la
Administración de Justicia para actualizar el estado de las penas. En cuanto a la
cancelación de inscripciones de medidas cautelares, órdenes de protección, medidas de
seguridad, requisitorias y autos de rebeldía penal se realizará automáticamente cuando
el Letrado de la Administración de Justicia inscriba la resolución que acuerde su cese. La
cancelación de la inscripción de sentencias no firmes en el Registro Central de Medidas
Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes se producirá al inscribirse la firmeza de
la sentencia.
Para la cancelación de inscripciones de sentencias firmes en el Registro Central para
la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, previa su
cancelación en el Registro Central de Penados, cumpliendo los requisitos del
artículo 136 del Código Penal.
En cuanto a la actualización de la nota de condena, cuando no tenga anotada la
fecha de extinción, requerirá al Letrado de la Administración de Justicia que revise y
actualice la nota de condena en un plazo máximo de diez días.
El acceso a la información en las Bases de Datos del Sistema de registros
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia por las Unidades de
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil y las Unidades del Cuerpo
Nacional de Policía responsables de la expedición del pasaporte está basado en el
ejercicio de misiones en interés público, conforme a la normativa vigente de protección
de datos.
Las Administraciones Públicas usarán la Plataforma de Intermediación de Datos,
gestionada por la Agencia Estatal de Administración Digital, con consentimiento previo
del interesado, para obtener certificaciones negativas del Registro Central de Penados y
del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Esto
aplica cuando la ausencia de antecedentes penales o delitos de naturaleza sexual,
deban aportarse en un procedimiento administrativo, y sea un requisito para acceder a
derechos, adquirir una condición o ejercer profesiones con contacto directo y habitual
con menores. En particular, cuando el acceso al Registro Central de Penados se realice
a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, su establecimiento deberá
realizarse en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Digital.
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia.
En cuanto al principio de necesidad, se trata de una reforma normativa necesaria
para regular el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de
Justicia, incluyendo la autorización del acceso a la Policía Local a SIRAJ, favoreciendo la
rapidez y eficacia de sus actuaciones, así como el desbloqueo en los órganos judiciales
de la agenda de señalamientos de juicios rápidos por delitos leves.
La eficacia de la norma deriva de constituir el instrumento idóneo, para asegurar el
objetivo de conseguir un sistema de información de carácter no público, a través del
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
En cuanto al principio de proporcionalidad, se introduce la regulación imprescindible
para la consecución de los objetivos perseguidos por la norma, principalmente el de
servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las
cve: BOE-A-2025-14085
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 164
Miércoles 9 de julio de 2025
Sec. I. Pág. 91242
para la cancelación de una inscripción. Posteriormente, se consultará al Letrado de la
Administración de Justicia correspondiente para verificar su estado procesal y elevar una
propuesta de cancelación. Además, en cuanto a las cancelaciones por fallecimiento, se
cancelarán las inscripciones correspondientes a personas investigadas y sentenciadas
fallecidas una vez constatado el fallecimiento por la persona encargada del Registro. La
información cancelada estará disponible para fines estadísticos y supuestos recogidos
por la ley.
Para los supuestos en que se inicie un expediente de cancelación de antecedentes
penales, de oficio o a instancia de parte, se comunicará telemáticamente al órgano u
órganos ejecutores a través del Sistema de registros administrativos de apoyo a la
Administración de Justicia para actualizar el estado de las penas. En cuanto a la
cancelación de inscripciones de medidas cautelares, órdenes de protección, medidas de
seguridad, requisitorias y autos de rebeldía penal se realizará automáticamente cuando
el Letrado de la Administración de Justicia inscriba la resolución que acuerde su cese. La
cancelación de la inscripción de sentencias no firmes en el Registro Central de Medidas
Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes se producirá al inscribirse la firmeza de
la sentencia.
Para la cancelación de inscripciones de sentencias firmes en el Registro Central para
la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, previa su
cancelación en el Registro Central de Penados, cumpliendo los requisitos del
artículo 136 del Código Penal.
En cuanto a la actualización de la nota de condena, cuando no tenga anotada la
fecha de extinción, requerirá al Letrado de la Administración de Justicia que revise y
actualice la nota de condena en un plazo máximo de diez días.
El acceso a la información en las Bases de Datos del Sistema de registros
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia por las Unidades de
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil y las Unidades del Cuerpo
Nacional de Policía responsables de la expedición del pasaporte está basado en el
ejercicio de misiones en interés público, conforme a la normativa vigente de protección
de datos.
Las Administraciones Públicas usarán la Plataforma de Intermediación de Datos,
gestionada por la Agencia Estatal de Administración Digital, con consentimiento previo
del interesado, para obtener certificaciones negativas del Registro Central de Penados y
del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Esto
aplica cuando la ausencia de antecedentes penales o delitos de naturaleza sexual,
deban aportarse en un procedimiento administrativo, y sea un requisito para acceder a
derechos, adquirir una condición o ejercer profesiones con contacto directo y habitual
con menores. En particular, cuando el acceso al Registro Central de Penados se realice
a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, su establecimiento deberá
realizarse en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Digital.
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia.
En cuanto al principio de necesidad, se trata de una reforma normativa necesaria
para regular el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de
Justicia, incluyendo la autorización del acceso a la Policía Local a SIRAJ, favoreciendo la
rapidez y eficacia de sus actuaciones, así como el desbloqueo en los órganos judiciales
de la agenda de señalamientos de juicios rápidos por delitos leves.
La eficacia de la norma deriva de constituir el instrumento idóneo, para asegurar el
objetivo de conseguir un sistema de información de carácter no público, a través del
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
En cuanto al principio de proporcionalidad, se introduce la regulación imprescindible
para la consecución de los objetivos perseguidos por la norma, principalmente el de
servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las
cve: BOE-A-2025-14085
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Núm. 164