Comunidad Autónoma de Cataluña. I. Disposiciones generales. Medidas urgentes. (BOE-A-2025-5051)
Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, de medidas urgentes en materia de contención de rentas.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 14 de marzo de 2025
Sec. I. Pág. 34512
los anuncios), influenciada por el peso de la oferta de alquiler en el municipio de
Barcelona, si bien en este tramo sólo encontramos un 3,2 % de la demanda,
circunstancia que sugiere un importante exceso de oferta de vivienda a precios elevados.
El último informe del Banco de España sobre el comportamiento del mercado de la
vivienda y su influencia en las economías familiares, de octubre de 2024, pone de
manifiesto la gravedad de la situación. Según este informe, España es uno de los países
europeos donde hay que hacer un esfuerzo más importante para poder pagar el alquiler.
En este sentido, casi cuatro de cada diez hogares que residen en régimen de alquiler
tienen que destinar un 40 % de sus ingresos, cuando el nivel recomendable es dedicar,
como máximo, un tercio. El informe del Banco de España advierte que, en el Estado, la
proporción de hogares de alquiler en riesgo de pobreza y exclusión social es el mayor de
los países de la Unión Europea; se sitúa, en el periodo comprendido entre 2015 y 2023,
en torno al 45 % de la población que vive de alquiler.
En este sentido, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
reflejados en la estadística «Los efectos de la crisis en los órganos judiciales», ponen de
manifiesto que el volumen de desahucios en Cataluña en el ámbito de las viviendas en
régimen de alquiler ha sido significativo desde el inicio de la crisis económica de 2008,
de manera especial en los primeros años.
En Cataluña, cuando los efectos de la crisis eran más notables, se
practicaron 10.817 lanzamientos sobre viviendas sujetas al régimen de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), el año 2013; 10.009 el
año 2014, y 9.685 el año 2015. Posteriormente, entre 2016 y 2019, coincidiendo con la
ampliación de varias medidas para gestionar la emergencia residencial, con la entrada
en vigor de normas de referencia como la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética,
o el Decreto-ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la
movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, la cifra
de desahucios se estabilizó en los 8.000 anuales, y fue bajando de manera significativa a
causa de las sucesivas moratorias aprobadas como consecuencia de la crisis económica
y social derivada de la pandemia de la COVID: 4.211 el año 2020, 6.729 el año 2021,
6.160 el año 2022 y 5.158 el año 2023, con un último dato disponible por parte del CGPJ
de 3.999 lanzamientos practicados en los tres primeros trimestres de 2024.
Resulta significativo, al mismo tiempo, que mientras el volumen de desahucios sobre
viviendas en régimen de alquiler se ha incrementado o mantenido en niveles importantes
durante la última década, a pesar de las medidas aplicadas los últimos años y
especialmente en la primera fase 2015 a 2019 y en la segunda fase desde 2020, los
desahucios por ejecuciones hipotecarias se han ido reduciendo año tras año
desde 2013, cuando en Cataluña se produjeron 4.426, hasta situarse en niveles
inferiores a los 2.000 a partir del año 2019, y quedarse en 1.264 en el 2023 en Cataluña,
último periodo completo de que informa la estadística del CGPJ.
Este hecho pone de manifiesto que la presión derivada del comportamiento del
mercado de la vivienda es notablemente superior –y perjudicial a las economías
familiares– en el ámbito del alquiler, donde los incrementos de precios descritos
anteriormente han provocado, de acuerdo con los datos del CGPJ, que la evolución a la
baja de los desahucios hipotecarios no se diera en los mismos términos en el ámbito del
arrendamiento, a pesar de haberse aplicado medidas ambiciosas –incluyendo sucesivas
moratorias a los desahucios de familias vulnerables– para reducir los efectos que la
crisis económica y el comportamiento de los precios del alquiler ha teniendo sobre las
personas y familias que disponen de una vivienda en este régimen de tenencia.
III
Los retos que plantea el acceso a una vivienda digna y asequible se tienen que
abordar prioritariamente con políticas públicas, que vayan más allá de la provisión de
vivienda social de titularidad pública y del apoyo, con ayudas y financiación, a la
cve: BOE-A-2025-5051
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 63
Viernes 14 de marzo de 2025
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los anuncios), influenciada por el peso de la oferta de alquiler en el municipio de
Barcelona, si bien en este tramo sólo encontramos un 3,2 % de la demanda,
circunstancia que sugiere un importante exceso de oferta de vivienda a precios elevados.
El último informe del Banco de España sobre el comportamiento del mercado de la
vivienda y su influencia en las economías familiares, de octubre de 2024, pone de
manifiesto la gravedad de la situación. Según este informe, España es uno de los países
europeos donde hay que hacer un esfuerzo más importante para poder pagar el alquiler.
En este sentido, casi cuatro de cada diez hogares que residen en régimen de alquiler
tienen que destinar un 40 % de sus ingresos, cuando el nivel recomendable es dedicar,
como máximo, un tercio. El informe del Banco de España advierte que, en el Estado, la
proporción de hogares de alquiler en riesgo de pobreza y exclusión social es el mayor de
los países de la Unión Europea; se sitúa, en el periodo comprendido entre 2015 y 2023,
en torno al 45 % de la población que vive de alquiler.
En este sentido, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
reflejados en la estadística «Los efectos de la crisis en los órganos judiciales», ponen de
manifiesto que el volumen de desahucios en Cataluña en el ámbito de las viviendas en
régimen de alquiler ha sido significativo desde el inicio de la crisis económica de 2008,
de manera especial en los primeros años.
En Cataluña, cuando los efectos de la crisis eran más notables, se
practicaron 10.817 lanzamientos sobre viviendas sujetas al régimen de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), el año 2013; 10.009 el
año 2014, y 9.685 el año 2015. Posteriormente, entre 2016 y 2019, coincidiendo con la
ampliación de varias medidas para gestionar la emergencia residencial, con la entrada
en vigor de normas de referencia como la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética,
o el Decreto-ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la
movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, la cifra
de desahucios se estabilizó en los 8.000 anuales, y fue bajando de manera significativa a
causa de las sucesivas moratorias aprobadas como consecuencia de la crisis económica
y social derivada de la pandemia de la COVID: 4.211 el año 2020, 6.729 el año 2021,
6.160 el año 2022 y 5.158 el año 2023, con un último dato disponible por parte del CGPJ
de 3.999 lanzamientos practicados en los tres primeros trimestres de 2024.
Resulta significativo, al mismo tiempo, que mientras el volumen de desahucios sobre
viviendas en régimen de alquiler se ha incrementado o mantenido en niveles importantes
durante la última década, a pesar de las medidas aplicadas los últimos años y
especialmente en la primera fase 2015 a 2019 y en la segunda fase desde 2020, los
desahucios por ejecuciones hipotecarias se han ido reduciendo año tras año
desde 2013, cuando en Cataluña se produjeron 4.426, hasta situarse en niveles
inferiores a los 2.000 a partir del año 2019, y quedarse en 1.264 en el 2023 en Cataluña,
último periodo completo de que informa la estadística del CGPJ.
Este hecho pone de manifiesto que la presión derivada del comportamiento del
mercado de la vivienda es notablemente superior –y perjudicial a las economías
familiares– en el ámbito del alquiler, donde los incrementos de precios descritos
anteriormente han provocado, de acuerdo con los datos del CGPJ, que la evolución a la
baja de los desahucios hipotecarios no se diera en los mismos términos en el ámbito del
arrendamiento, a pesar de haberse aplicado medidas ambiciosas –incluyendo sucesivas
moratorias a los desahucios de familias vulnerables– para reducir los efectos que la
crisis económica y el comportamiento de los precios del alquiler ha teniendo sobre las
personas y familias que disponen de una vivienda en este régimen de tenencia.
III
Los retos que plantea el acceso a una vivienda digna y asequible se tienen que
abordar prioritariamente con políticas públicas, que vayan más allá de la provisión de
vivienda social de titularidad pública y del apoyo, con ayudas y financiación, a la
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