Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. I. Disposiciones generales. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2025-5046)
Acta de la XV Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación, hecha en Cuenca el 14 de noviembre de 2024.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 14 de marzo de 2025
Sec. I. Pág. 34332
problemas: de naturaleza cultural/actitudinal (persistencia de estereotipos que relacionan
discapacidad con incapacidad), estructural (falta de mecanismos que garanticen la
efectiva aplicación de las leyes y políticas públicas de discapacidad) y presupuestarias.
La CE apoyará los procesos que permitan la plena participación social y política de
las personas con discapacidad, su participación en los mecanismos de toma de
decisiones nacionales y locales, y el fortalecimiento de sus organizaciones. Siguiendo la
recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas al Estado español en abril de 2019, y como consecuencia del mandato
contenido en el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, de la que España es parte, en todas las acciones que se
desarrollen en el marco del presente MAP, se incorporarán de manera transversal los
derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, cuando sea posible, las
organizaciones representativas de personas con discapacidad serán consultadas y
participarán en la aplicación de los planes programas y proyectos que se desarrollen.
Igualmente, la Cooperación Española trabajará para lograr la integración efectiva de
la población migrante, promoviendo la inclusión social y las buenas relaciones entre los
mismos y las comunidades de acogida. El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025
reconoce que la inmigración masiva de extranjeros ha saturado las capacidades de
atención, prestación de servicios y control fronterizo. Destaca la presencia de casi medio
millón de migrantes en el país con vocación de permanencia y la emigración ecuatoriana
al extranjero, principalmente a Estados Unidos de 1.800.000 ecuatorianos.
Los esfuerzos se articularán a partir de lo señalado en el Exámen Periódico Universal
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2022)(59) en el cual se
menciona que entre 2018 y 2020, se presentaron varias propuestas de modificación a la
Ley de Movilidad Humana ante la Asamblea Nacional, las cuales incluían fuertes
componentes de control y seguridad que podrían afectar negativamente el marco de
protección legal para las personas migrantes. Al respecto se recomendó al país adoptar
medidas para asegurar el debido proceso y el acceso a la justicia. También se sugirió
fortalecer el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y
asegurar una mejor coordinación con la instancia rectora de migración. Además, se
destacó la necesidad de combatir la discriminación y estigmatización que enfrentan las
personas migrantes.
El ACNUR también recomendó proteger a los grupos más vulnerables, como niños
no acompañados, mujeres víctimas de violencia de género, y víctimas de trata, a través
de visados humanitarios y alternativas migratorias flexibles. Se enfatizó la importancia de
que las víctimas de trata, reclutamiento forzoso, o violencia generalizada, que podrían
ser perseguidas si regresan a sus países de origen, puedan obtener el estatus de
refugiado conforme a las definiciones internacionales.
Igualmente se tendrá en cuenta lo establecido por la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) que señala que de las
casi 417 mil personas que han decidido que Ecuador sea su destino final, casi 325 mil se
encuentran en situación de necesidad, principalmente con brechas en protección,
seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, alojamiento, integración, educación y
violencia basada en género(60). En este contexto, la Cooperación Española priorizará lo
establecido en el Plan de Respuesta Regional del R4V.
También, en sintonía con el trabajo que ya se viene realizando se seguirá impulsando
la formación para el empleo con jóvenes de entre 16 y 25 años, de escasos recursos y
en riesgo de exclusión social, mediante la puesta en marcha de programas de formación
ocupacional, concretamente con escuelas taller que además de ofrecer una formación
integral, facilitan la transición hacia el empleo y la integración sociolaboral como medida
preventiva para evitar el reclutamiento de jóvenes por bandas o pandilla y la construcción
de una cultural de paz.
Por último y a pesar de los esfuerzos realizados por el país, diversos mecanismos
internacionales de derechos humanos han continuado resaltando las dificultades
existentes en Ecuador para la implementación efectiva de estas políticas por parte del
cve: BOE-A-2025-5046
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 63
Viernes 14 de marzo de 2025
Sec. I. Pág. 34332
problemas: de naturaleza cultural/actitudinal (persistencia de estereotipos que relacionan
discapacidad con incapacidad), estructural (falta de mecanismos que garanticen la
efectiva aplicación de las leyes y políticas públicas de discapacidad) y presupuestarias.
La CE apoyará los procesos que permitan la plena participación social y política de
las personas con discapacidad, su participación en los mecanismos de toma de
decisiones nacionales y locales, y el fortalecimiento de sus organizaciones. Siguiendo la
recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas al Estado español en abril de 2019, y como consecuencia del mandato
contenido en el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, de la que España es parte, en todas las acciones que se
desarrollen en el marco del presente MAP, se incorporarán de manera transversal los
derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, cuando sea posible, las
organizaciones representativas de personas con discapacidad serán consultadas y
participarán en la aplicación de los planes programas y proyectos que se desarrollen.
Igualmente, la Cooperación Española trabajará para lograr la integración efectiva de
la población migrante, promoviendo la inclusión social y las buenas relaciones entre los
mismos y las comunidades de acogida. El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025
reconoce que la inmigración masiva de extranjeros ha saturado las capacidades de
atención, prestación de servicios y control fronterizo. Destaca la presencia de casi medio
millón de migrantes en el país con vocación de permanencia y la emigración ecuatoriana
al extranjero, principalmente a Estados Unidos de 1.800.000 ecuatorianos.
Los esfuerzos se articularán a partir de lo señalado en el Exámen Periódico Universal
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2022)(59) en el cual se
menciona que entre 2018 y 2020, se presentaron varias propuestas de modificación a la
Ley de Movilidad Humana ante la Asamblea Nacional, las cuales incluían fuertes
componentes de control y seguridad que podrían afectar negativamente el marco de
protección legal para las personas migrantes. Al respecto se recomendó al país adoptar
medidas para asegurar el debido proceso y el acceso a la justicia. También se sugirió
fortalecer el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y
asegurar una mejor coordinación con la instancia rectora de migración. Además, se
destacó la necesidad de combatir la discriminación y estigmatización que enfrentan las
personas migrantes.
El ACNUR también recomendó proteger a los grupos más vulnerables, como niños
no acompañados, mujeres víctimas de violencia de género, y víctimas de trata, a través
de visados humanitarios y alternativas migratorias flexibles. Se enfatizó la importancia de
que las víctimas de trata, reclutamiento forzoso, o violencia generalizada, que podrían
ser perseguidas si regresan a sus países de origen, puedan obtener el estatus de
refugiado conforme a las definiciones internacionales.
Igualmente se tendrá en cuenta lo establecido por la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) que señala que de las
casi 417 mil personas que han decidido que Ecuador sea su destino final, casi 325 mil se
encuentran en situación de necesidad, principalmente con brechas en protección,
seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, alojamiento, integración, educación y
violencia basada en género(60). En este contexto, la Cooperación Española priorizará lo
establecido en el Plan de Respuesta Regional del R4V.
También, en sintonía con el trabajo que ya se viene realizando se seguirá impulsando
la formación para el empleo con jóvenes de entre 16 y 25 años, de escasos recursos y
en riesgo de exclusión social, mediante la puesta en marcha de programas de formación
ocupacional, concretamente con escuelas taller que además de ofrecer una formación
integral, facilitan la transición hacia el empleo y la integración sociolaboral como medida
preventiva para evitar el reclutamiento de jóvenes por bandas o pandilla y la construcción
de una cultural de paz.
Por último y a pesar de los esfuerzos realizados por el país, diversos mecanismos
internacionales de derechos humanos han continuado resaltando las dificultades
existentes en Ecuador para la implementación efectiva de estas políticas por parte del
cve: BOE-A-2025-5046
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 63
