Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. I. Disposiciones generales. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2025-3556)
Acta de la Séptima Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación, hecha en Manila el 25 de noviembre de 2024.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 22 de febrero de 2025
Sec. I. Pág. 24573
afrontar con la máxima eficacia los problemas peculiares de los pueblos indígenas, y en
particular los de sus mujeres y niños.
El apoyo de la Cooperación Española ha tenido por objeto afianzar el Estado de
derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y potenciar la capacidad de las
instituciones filipinas para afrontar problemas jurídicos y relacionados con los derechos
humanos. Los fondos españoles se han destinado igualmente a apoyar a las
organizaciones de la sociedad civil filipina dedicadas a la defensa de los derechos
humanos, a la protección de las poblaciones vulnerables y al desarrollo de iniciativas en
favor del acceso a la justicia.
La AECID ha apoyado el fortalecimiento de la CHR y de la Comisión Regional de
Derechos Humanos de la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (RHRC, en sus
siglas inglesas), así como de múltiples organizaciones de la sociedad civil que asisten a
ambas comisiones en el cumplimiento de su mandato.
Análisis de conflictos y consolidación de la paz
En diferentes zonas del territorio filipino se libran conflictos armados de origen
político o religioso. En Mindanao combate el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI),
y en todo el país, los insurgentes comunistas del Frente Democrático Nacional (FDN).
Los acuerdos de paz con organizaciones musulmanas han llevado a la aprobación
de la Ley Orgánica de Bangsamoro y a la creación de la Región Autónoma de
Bangsamoro en Mindanao Musulmán. La fundación de esta región autónoma,
establecida con la ratificación de la Ley de la República 11054 o Ley Orgánica de
Bangsamoro, supuso un hito en la colaboración entre el Estado y el FMLI. La RABMM ha
extendido su territorio incorporando la ciudad de Cotabato, 63 barangayes situados en
Cotabato del Norte y las provincias de Maguindanao, Lanao del Sur, Basilán, Sulu y
Tawi-Tawi, que antes formaban parte de la Región Autónoma en Mindanao Musulmán,
hoy extinta. En el acuerdo mencionado también figuran la justicia de transición y la
reconciliación como elementos integrantes del anexo relativo a la normalización, así
como los compromisos de retirar a los 40.000 combatientes del FMLI, transformar los
seis campos de esta organización en comunidades y disolver los grupos armados
privados.
El conflicto entre el Estado filipino y el FDN se inició en 1968 y desde entonces ha
desatado enormes tensiones civiles y se ha cobrado más de 40.000 vidas. Además cabe
mencionar la proliferación de conflictos locales y guerras entre clanes, que tienen
carácter esporádico pero duran varias generaciones y en muchos casos pueden
desembocar en enfrentamientos entre el Estado y grupos revolucionarios armados.
En 2019, Filipinas ratificó oficialmente el Plan de Acción Nacional para Prevenir y
Combatir el Extremismo Violento (NAP PCVE, en sus siglas inglesas), que tiene por
objeto aplicar un enfoque integral a la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento
en el país. Este plan, dirigido por el DILG y otros organismos estatales, entraña la
colaboración con una amplia pluralidad de actores interesados, entre ellos las
comunidades, las escuelas y los grupos formados en las redes sociales.
Filipinas cuenta con el Plan de Acción Nacional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad
(NAPWPS, en sus siglas inglesas), que tiene alcance nacional, y con el que se pretende
reforzar la colaboración entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil,
garantizando así la aplicación efectiva del programa, de manera que reporte beneficios
reales a las mujeres en todas sus identidades, tan diversas como interconectadas, y en
especial a las residentes en zonas vulnerables y afectadas por conflictos.
Para abordar los conflictos y las insurgencias que se producen en Filipinas es
necesario, en efecto, un planteamiento integral y polifacético que tenga en cuenta tanto
sus dimensiones políticas como las socioeconómicas. La potenciación de la capacidad
del sistema judicial y del órgano encargado de velar por los derechos humanos, que
contribuirá al aumento de la confianza en la voluntad del Estado de promover la justicia y
la rendición de cuentas, es una de las materias en las que la Cooperación Técnica
cve: BOE-A-2025-3556
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 46
Sábado 22 de febrero de 2025
Sec. I. Pág. 24573
afrontar con la máxima eficacia los problemas peculiares de los pueblos indígenas, y en
particular los de sus mujeres y niños.
El apoyo de la Cooperación Española ha tenido por objeto afianzar el Estado de
derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y potenciar la capacidad de las
instituciones filipinas para afrontar problemas jurídicos y relacionados con los derechos
humanos. Los fondos españoles se han destinado igualmente a apoyar a las
organizaciones de la sociedad civil filipina dedicadas a la defensa de los derechos
humanos, a la protección de las poblaciones vulnerables y al desarrollo de iniciativas en
favor del acceso a la justicia.
La AECID ha apoyado el fortalecimiento de la CHR y de la Comisión Regional de
Derechos Humanos de la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (RHRC, en sus
siglas inglesas), así como de múltiples organizaciones de la sociedad civil que asisten a
ambas comisiones en el cumplimiento de su mandato.
Análisis de conflictos y consolidación de la paz
En diferentes zonas del territorio filipino se libran conflictos armados de origen
político o religioso. En Mindanao combate el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI),
y en todo el país, los insurgentes comunistas del Frente Democrático Nacional (FDN).
Los acuerdos de paz con organizaciones musulmanas han llevado a la aprobación
de la Ley Orgánica de Bangsamoro y a la creación de la Región Autónoma de
Bangsamoro en Mindanao Musulmán. La fundación de esta región autónoma,
establecida con la ratificación de la Ley de la República 11054 o Ley Orgánica de
Bangsamoro, supuso un hito en la colaboración entre el Estado y el FMLI. La RABMM ha
extendido su territorio incorporando la ciudad de Cotabato, 63 barangayes situados en
Cotabato del Norte y las provincias de Maguindanao, Lanao del Sur, Basilán, Sulu y
Tawi-Tawi, que antes formaban parte de la Región Autónoma en Mindanao Musulmán,
hoy extinta. En el acuerdo mencionado también figuran la justicia de transición y la
reconciliación como elementos integrantes del anexo relativo a la normalización, así
como los compromisos de retirar a los 40.000 combatientes del FMLI, transformar los
seis campos de esta organización en comunidades y disolver los grupos armados
privados.
El conflicto entre el Estado filipino y el FDN se inició en 1968 y desde entonces ha
desatado enormes tensiones civiles y se ha cobrado más de 40.000 vidas. Además cabe
mencionar la proliferación de conflictos locales y guerras entre clanes, que tienen
carácter esporádico pero duran varias generaciones y en muchos casos pueden
desembocar en enfrentamientos entre el Estado y grupos revolucionarios armados.
En 2019, Filipinas ratificó oficialmente el Plan de Acción Nacional para Prevenir y
Combatir el Extremismo Violento (NAP PCVE, en sus siglas inglesas), que tiene por
objeto aplicar un enfoque integral a la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento
en el país. Este plan, dirigido por el DILG y otros organismos estatales, entraña la
colaboración con una amplia pluralidad de actores interesados, entre ellos las
comunidades, las escuelas y los grupos formados en las redes sociales.
Filipinas cuenta con el Plan de Acción Nacional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad
(NAPWPS, en sus siglas inglesas), que tiene alcance nacional, y con el que se pretende
reforzar la colaboración entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil,
garantizando así la aplicación efectiva del programa, de manera que reporte beneficios
reales a las mujeres en todas sus identidades, tan diversas como interconectadas, y en
especial a las residentes en zonas vulnerables y afectadas por conflictos.
Para abordar los conflictos y las insurgencias que se producen en Filipinas es
necesario, en efecto, un planteamiento integral y polifacético que tenga en cuenta tanto
sus dimensiones políticas como las socioeconómicas. La potenciación de la capacidad
del sistema judicial y del órgano encargado de velar por los derechos humanos, que
contribuirá al aumento de la confianza en la voluntad del Estado de promover la justicia y
la rendición de cuentas, es una de las materias en las que la Cooperación Técnica
cve: BOE-A-2025-3556
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Núm. 46
