Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. I. Disposiciones generales. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2025-3556)
Acta de la Séptima Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación, hecha en Manila el 25 de noviembre de 2024.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 22 de febrero de 2025
Sec. I. Pág. 24572
Los problemas de los jóvenes filipinos, entre ellos los embarazos de adolescentes, el
VIH, los matrimonios prematuros y la violencia de género, que les afectan especialmente
en las situaciones de crisis humanitaria, ponen de manifiesto la urgente necesidad de
abordar específicamente las cuestiones peculiares de aquel grupo de población: de ahí
que los jóvenes sean objeto de atención prioritaria en el Marco de Asociación País de
Filipinas. El reconocimiento de su potencial y de sus factores de vulnerabilidad
peculiares y la priorización de sus necesidades y derechos pueden llevar a la mejora de
las comunidades. Afrontar con decisión los problemas mencionados permite no solo
salvaguardar su bienestar y sus derechos, sino también desarrollar el potencial que
tienen como impulsores del desarrollo social, económico y cultural. La incorporación de
estrategias centradas en los jóvenes al marco de asociación puede por tanto, con el
apoyo de España, contribuir decisivamente al cumplimiento de los objetivos fijados para
Filipinas.
Derechos humanos
Decidido a mejorar la situación general de los derechos humanos, el gobierno filipino
ha adoptado, según un informe de la ONU(5), una serie de medidas para promover la
rendición de cuentas por violaciones de estos derechos. El informe pone de relieve la
cooperación del gobierno con los mecanismos de derechos humanos de la ONU,
desarrollada a través de un programa conjunto de carácter innovador que comprende la
prestación de asistencia técnica y la creación de capacidades en varios aspectos clave,
entre ellos las medidas internas de investigación y la colaboración con la sociedad civil.
Si bien subsisten ciertas dificultades, especialmente en lo que respecta al acceso a la
justicia por parte de las víctimas, las perspectivas son esperanzadoras: las iniciativas
mencionadas suponen un avance hacia la introducción de reformas más amplias y la
mejora de la situación de los derechos humanos.
(5)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2022).
«Implementation of Human Rights Council Resolution 45/33 and Progress in Technical Cooperation and
Capacity-building» (A/HRC/51/58).
El gobierno filipino ha asumido el reto planteado por la Resolución 45/33 del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU (aprobada el 7 de octubre de 2020), que señalaba
seis aspectos clave para la prestación de asistencia técnica por parte de la ONU, en una
asociación de carácter consultivo: 1) refuerzo de los mecanismos internos de
investigación y rendición de cuentas, 2) mejora de la recogida de datos sobre presuntas
violaciones policiales de los derechos humanos; 3) ampliación del espacio cívico y de la
colaboración con la sociedad civil y las organizaciones nacionales de derechos
humanos; 4) refuerzo del mecanismo nacional de presentación de informes y
seguimiento en materia de derechos humanos; 5) aplicación de un enfoque basado en
los derechos humanos a la fiscalización de estupefacientes; y 6) aplicación de un
enfoque basado en los derechos humanos a la legislación contra el terrorismo. En estos
aspectos, el Gobierno de Filipinas y las Naciones Unidas se han comprometido a
ejecutar el primer programa conjunto de ámbito nacional de la ONU en materia de
derechos humanos dirigido a la prestación de asistencia técnica y a la creación de
capacidad.
Filipinas cuenta con una institución nacional de derechos humanos (INDH) de
carácter independiente, a saber, la Comisión de Derechos Humanos (CHR, en sus siglas
inglesas), creada en virtud de la Constitución filipina de 1987 y establecida el 5 de mayo
de 1987 y mediante el Decreto n.º 163. La comisión tiene por función investigar
violaciones de los derechos humanos, y en particular los de carácter civil y político, de
los sectores marginados y vulnerables de la sociedad.
Además ha sido designada como Observatorio de Género y Desarrollo, y como tal,
participa regularmente en la presentación y el seguimiento sectoriales de
recomendaciones dirigidas a los principales organismos públicos competentes para
cve: BOE-A-2025-3556
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 46
Sábado 22 de febrero de 2025
Sec. I. Pág. 24572
Los problemas de los jóvenes filipinos, entre ellos los embarazos de adolescentes, el
VIH, los matrimonios prematuros y la violencia de género, que les afectan especialmente
en las situaciones de crisis humanitaria, ponen de manifiesto la urgente necesidad de
abordar específicamente las cuestiones peculiares de aquel grupo de población: de ahí
que los jóvenes sean objeto de atención prioritaria en el Marco de Asociación País de
Filipinas. El reconocimiento de su potencial y de sus factores de vulnerabilidad
peculiares y la priorización de sus necesidades y derechos pueden llevar a la mejora de
las comunidades. Afrontar con decisión los problemas mencionados permite no solo
salvaguardar su bienestar y sus derechos, sino también desarrollar el potencial que
tienen como impulsores del desarrollo social, económico y cultural. La incorporación de
estrategias centradas en los jóvenes al marco de asociación puede por tanto, con el
apoyo de España, contribuir decisivamente al cumplimiento de los objetivos fijados para
Filipinas.
Derechos humanos
Decidido a mejorar la situación general de los derechos humanos, el gobierno filipino
ha adoptado, según un informe de la ONU(5), una serie de medidas para promover la
rendición de cuentas por violaciones de estos derechos. El informe pone de relieve la
cooperación del gobierno con los mecanismos de derechos humanos de la ONU,
desarrollada a través de un programa conjunto de carácter innovador que comprende la
prestación de asistencia técnica y la creación de capacidades en varios aspectos clave,
entre ellos las medidas internas de investigación y la colaboración con la sociedad civil.
Si bien subsisten ciertas dificultades, especialmente en lo que respecta al acceso a la
justicia por parte de las víctimas, las perspectivas son esperanzadoras: las iniciativas
mencionadas suponen un avance hacia la introducción de reformas más amplias y la
mejora de la situación de los derechos humanos.
(5)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2022).
«Implementation of Human Rights Council Resolution 45/33 and Progress in Technical Cooperation and
Capacity-building» (A/HRC/51/58).
El gobierno filipino ha asumido el reto planteado por la Resolución 45/33 del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU (aprobada el 7 de octubre de 2020), que señalaba
seis aspectos clave para la prestación de asistencia técnica por parte de la ONU, en una
asociación de carácter consultivo: 1) refuerzo de los mecanismos internos de
investigación y rendición de cuentas, 2) mejora de la recogida de datos sobre presuntas
violaciones policiales de los derechos humanos; 3) ampliación del espacio cívico y de la
colaboración con la sociedad civil y las organizaciones nacionales de derechos
humanos; 4) refuerzo del mecanismo nacional de presentación de informes y
seguimiento en materia de derechos humanos; 5) aplicación de un enfoque basado en
los derechos humanos a la fiscalización de estupefacientes; y 6) aplicación de un
enfoque basado en los derechos humanos a la legislación contra el terrorismo. En estos
aspectos, el Gobierno de Filipinas y las Naciones Unidas se han comprometido a
ejecutar el primer programa conjunto de ámbito nacional de la ONU en materia de
derechos humanos dirigido a la prestación de asistencia técnica y a la creación de
capacidad.
Filipinas cuenta con una institución nacional de derechos humanos (INDH) de
carácter independiente, a saber, la Comisión de Derechos Humanos (CHR, en sus siglas
inglesas), creada en virtud de la Constitución filipina de 1987 y establecida el 5 de mayo
de 1987 y mediante el Decreto n.º 163. La comisión tiene por función investigar
violaciones de los derechos humanos, y en particular los de carácter civil y político, de
los sectores marginados y vulnerables de la sociedad.
Además ha sido designada como Observatorio de Género y Desarrollo, y como tal,
participa regularmente en la presentación y el seguimiento sectoriales de
recomendaciones dirigidas a los principales organismos públicos competentes para
cve: BOE-A-2025-3556
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 46
