BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 6 de febrero de 2025

Sec. III. Pág. 16871

Y, por su parte, el citado artículo 660.1, tras su redacción dada por la misma
Ley 19/2015, disponía, y sigue disponiendo, pues no se ha visto modificado por la
reforma del Real Decreto-ley 6/2023, que:
«Las comunicaciones a que se refieren los artículos 657 y 659 se practicarán en el
domicilio que conste en el Registro, por correo con acuse de recibo o por otro medio
fehaciente.
A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, cualquier titular registral de un
derecho real, carga o gravamen que recaiga sobre un bien podrá hacer constar en el
Registro un domicilio en territorio nacional en el que desee ser notificado en caso de
ejecución. Esta circunstancia se hará constar por nota al margen de la inscripción del
derecho real, carga o gravamen del que sea titular. También podrá hacerse constar una
dirección electrónica a efectos de notificaciones. Habiéndose señalado una dirección
electrónica se entenderá que se consiente este procedimiento para recibir notificaciones,
sin perjuicio de que estas deban realizarse en forma acumulativa y no alternativa a las
personales. En este caso, el cómputo de los plazos se realizará a partir del día siguiente
de la primera de las notificaciones positivas que se hubiese realizado conforme a las
normas procesales o a la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El
establecimiento o cambio de domicilio o dirección electrónica podrá comunicarse al
Registro en cualquiera de las formas y con los efectos referidos en el apartado 2 del
artículo 683 de esta Ley.
La certificación a la que se refiere el artículo 656, ya sea remitida directamente por el
Registrador o aportada por el Procurador del ejecutante, deberá expresar la realización
de dichas comunicaciones.
En el caso de que el domicilio no constare en el Registro o que la comunicación
fuese devuelta por cualquier motivo, el Registrador practicará nueva comunicación
mediante edicto, que se insertará en el “Boletín Oficial del Estado”».
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre sí modificó el artículo 682.2.2.º de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que en su actual redacción establece que:
«Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se
aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los
requisitos siguientes: (…).
2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la
práctica de los requerimientos y de las notificaciones.
Los actos de comunicación se practicarán siempre por medios electrónicos cuando
sus destinatarios tengan obligación, legal o contractual, de relacionarse con la
Administración de Justicia por dichos medios.
En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por
domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.»
Es decir, la única modificación que se ha introducido en el régimen de notificaciones
en la ejecución hipotecaria, ha sido que frente a la facultad que concedía la anterior
regulación al prestatario, fuere persona física o jurídica, de poder fijar, además del
domicilio físico, una dirección electrónica a los efectos de poder recibir notificaciones
electrónicas de carácter cumulativo, se deben entender subsistente ese carácter
opcional respecto de las personas físicas, por aplicación de la normativa general
(artículo 49 del Real Decreto-ley 6/2023), pero respecto de las personas jurídicas y
asimilados se establece la obligatoriedad de la comunicación por medios electrónicos.

cve: BOE-A-2025-2245
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Núm. 32