Comunidad Autónoma de Andalucía. I. Disposiciones generales. Participación institucional. (BOE-A-2025-412)
Ley 6/2024, de 20 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de enero de 2025
Sec. I. Pág. 4171
Más recientemente, y en el contexto de la crisis generada por la pandemia del
COVID-19, resulta incuestionable el positivo papel que el diálogo social y las políticas
laborales y sociales consensuadas han desempeñado para evitar un mayor colapso
económico y social. En este sentido, el diálogo social se ha constatado como un
instrumento válido y útil tanto en la esfera europea como en los ámbitos nacional y
regional.
En esta línea, destacar el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de
Andalucía, firmado con las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales
más representativas de la Comunidad Autónoma en julio de 2020. Este acuerdo se
refuerza con la firma el 22 de marzo de 2021 del Acuerdo Andaluz de Medidas
Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social, demostrando de este
modo la eficacia del diálogo social para abordar, con responsabilidad compartida, las
decisiones y medidas a implementar en materia de política laboral, social y económica.
En esta línea, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha reforzado la participación y
los pilares de la gobernanza real, instalando el diálogo social como eje fundamental de
las políticas autonómicas y de la actuación de la Administración pública andaluza. Con
este objetivo, el pasado 13 de marzo de 2023 el presidente de la Junta de Andalucía
suscribió junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de
Andalucía y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía un nuevo
acuerdo de concertación social, el Pacto Social y Económico por el Impulso de
Andalucía, documento en el que se recoge la voluntad de todas las partes de adoptar
medidas sociales y económicas para el impulso de nuestra tierra mediante la
negociación y la concertación, consolidando las vías de diálogo ya existentes.
El compromiso de Andalucía con el diálogo y la participación social es rotundo,
convirtiendo este modelo de actuación además en un instrumento de buena gobernanza
y de calidad institucional, dado que la participación de los agentes económicos y
sociales, conjuntamente con el Ejecutivo en el diseño de estrategias y en su aplicación,
constituye un pilar fundamental de las sociedades democráticas más avanzadas y
competitivas.
Adicionalmente, esta madurez institucional puede y debe contribuir a hacer efectiva
la transformación y las reformas pendientes para alcanzar mayores cotas de igualdad y
justicia social y hacer la economía más sólida, productiva, capaz de afrontar los desafíos
en las próximas décadas y superar con resiliencia los efectos de futuras crisis.
Por todo ello, se considera necesario dotar al modelo de diálogo y concertación de
las suficientes garantías en orden a su pervivencia, fortalecimiento y consolidación,
estableciendo un sistema objetivo y transparente, determinando los derechos, los
deberes, la legitimación y el procedimiento de una de sus líneas de actuación: la
participación institucional.
El papel en la interlocución y en la participación que desempeñan las organizaciones
sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la defensa de los intereses que les son propios, y su
contribución responsable al desarrollo económico y social, junto al bienestar de la
ciudadanía en nuestra comunidad autónoma, hacen necesaria la regulación por ley del
marco de su participación institucional.
La presente ley tiene como principal objetivo continuar potenciando los mecanismos
de concertación social, reconociendo el papel de los agentes sociales y económicos más
representativos en la Comunidad Autónoma de Andalucía; garantizar que puedan
realizar eficazmente su labor en todos los ámbitos e instancias de participación
institucional existentes o que se constituyan en el futuro, y, en su caso, alcanzar los
mencionados acuerdos de concertación social.
La inexistencia hasta ahora de una norma específica que regule este reconocimiento
en Andalucía aconseja la aprobación de esta ley, haciéndola más oportuna si cabe en la
actual situación social y económica.
Andalucía se suma así a la mayoría de las comunidades autónomas españolas que
han regulado por norma del máximo rango legal la participación institucional; entre estas,
cve: BOE-A-2025-412
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 8
Jueves 9 de enero de 2025
Sec. I. Pág. 4171
Más recientemente, y en el contexto de la crisis generada por la pandemia del
COVID-19, resulta incuestionable el positivo papel que el diálogo social y las políticas
laborales y sociales consensuadas han desempeñado para evitar un mayor colapso
económico y social. En este sentido, el diálogo social se ha constatado como un
instrumento válido y útil tanto en la esfera europea como en los ámbitos nacional y
regional.
En esta línea, destacar el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de
Andalucía, firmado con las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales
más representativas de la Comunidad Autónoma en julio de 2020. Este acuerdo se
refuerza con la firma el 22 de marzo de 2021 del Acuerdo Andaluz de Medidas
Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social, demostrando de este
modo la eficacia del diálogo social para abordar, con responsabilidad compartida, las
decisiones y medidas a implementar en materia de política laboral, social y económica.
En esta línea, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha reforzado la participación y
los pilares de la gobernanza real, instalando el diálogo social como eje fundamental de
las políticas autonómicas y de la actuación de la Administración pública andaluza. Con
este objetivo, el pasado 13 de marzo de 2023 el presidente de la Junta de Andalucía
suscribió junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de
Andalucía y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía un nuevo
acuerdo de concertación social, el Pacto Social y Económico por el Impulso de
Andalucía, documento en el que se recoge la voluntad de todas las partes de adoptar
medidas sociales y económicas para el impulso de nuestra tierra mediante la
negociación y la concertación, consolidando las vías de diálogo ya existentes.
El compromiso de Andalucía con el diálogo y la participación social es rotundo,
convirtiendo este modelo de actuación además en un instrumento de buena gobernanza
y de calidad institucional, dado que la participación de los agentes económicos y
sociales, conjuntamente con el Ejecutivo en el diseño de estrategias y en su aplicación,
constituye un pilar fundamental de las sociedades democráticas más avanzadas y
competitivas.
Adicionalmente, esta madurez institucional puede y debe contribuir a hacer efectiva
la transformación y las reformas pendientes para alcanzar mayores cotas de igualdad y
justicia social y hacer la economía más sólida, productiva, capaz de afrontar los desafíos
en las próximas décadas y superar con resiliencia los efectos de futuras crisis.
Por todo ello, se considera necesario dotar al modelo de diálogo y concertación de
las suficientes garantías en orden a su pervivencia, fortalecimiento y consolidación,
estableciendo un sistema objetivo y transparente, determinando los derechos, los
deberes, la legitimación y el procedimiento de una de sus líneas de actuación: la
participación institucional.
El papel en la interlocución y en la participación que desempeñan las organizaciones
sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la defensa de los intereses que les son propios, y su
contribución responsable al desarrollo económico y social, junto al bienestar de la
ciudadanía en nuestra comunidad autónoma, hacen necesaria la regulación por ley del
marco de su participación institucional.
La presente ley tiene como principal objetivo continuar potenciando los mecanismos
de concertación social, reconociendo el papel de los agentes sociales y económicos más
representativos en la Comunidad Autónoma de Andalucía; garantizar que puedan
realizar eficazmente su labor en todos los ámbitos e instancias de participación
institucional existentes o que se constituyan en el futuro, y, en su caso, alcanzar los
mencionados acuerdos de concertación social.
La inexistencia hasta ahora de una norma específica que regule este reconocimiento
en Andalucía aconseja la aprobación de esta ley, haciéndola más oportuna si cabe en la
actual situación social y económica.
Andalucía se suma así a la mayoría de las comunidades autónomas españolas que
han regulado por norma del máximo rango legal la participación institucional; entre estas,
cve: BOE-A-2025-412
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 8
