BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 1 de enero de 2025

Sec. I. Pág. 53

Este decreto ley introduce modificaciones de calado en el TRLOTUP y en Decreto
ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para
el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la
necesidad de la urgente reactivación económica.
El suministro energético es una parte central y de suma relevancia en las economías
modernas y es la base de la sostenibilidad y resiliencia de todos los servicios básicos,
incluyendo, por ejemplo, los servicios sanitarios, los financieros, el transporte, la
agricultura, el agua y otros muchos que consideramos esenciales para asegurar la
calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. La garantía del suministro
eléctrico debe ser una aspiración de toda sociedad que busque el bienestar de sus
miembros.
Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos años la sociedad española se ha visto
expuesta a una crisis grave de suministro energético, con una volatilidad extraordinaria
de los precios de la energía y una persistencia en los altos costes, lo que ha abocado a
pérdidas relevantes para las industrias y a un incremento sostenido de los costes de
bienes y servicios para la ciudadanía, impactando por tanto a todos los sectores de la
sociedad, especialmente a las familias.
El sector energético se encuentra en plena transición y aplicando cambios
fundamentales en sus dinámicas y formas de generación de energía. La
descarbonización de las fuentes de energía mediante la penetración de fuentes
renovables que generan electricidad localmente y de forma asequible está suponiendo
una transformación de las dinámicas de suministro de energía y generando nuevos
equilibrios geopolíticos que hacen que la soberanía energética de los Estados y las
regiones cobre una importancia capital en las políticas públicas.
Las energías renovables son la fuente de generación de energía eléctrica más
competitiva, observándose que, cuanto mayor es su penetración en el mix energético,
más bajos son los precios de la energía. A ello debe añadirse que las energías
renovables suministran energía de manera autóctona, protegiendo a la ciudadanía y a
las industrias de las volatilidades de los mercados energéticos y los riesgos geopolíticos
del suministro, afianzando y asegurando la disponibilidad de energía en el largo plazo y
otorgando estabilidad y seguridad a las inversiones empresariales. Por si fuera poco, las
renovables son la fuente de generación energética de más rápida construcción y con
mayor flexibilidad de despliegue, generando soluciones modulares y específicas en cada
momento para una demanda compleja y cambiante.
Dado que el despliegue ambicioso y urgente de renovables es la principal forma de
enfrentarse a la crisis descrita, las instituciones europeas, nacionales y autonómicas
están apostando fuertemente por sustituir unas fuentes de energía por otras. La
Generalitat se marcó el objetivo de aumentar significativamente la potencia instalada en
energía renovable con un horizonte posible a final de esta década de hasta 6.000 MW en
centrales fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas. Con el objetivo expreso de tender
en 2027 a alcanzar la soberanía energética de la Comunitat Valenciana, se aprobaron
dos decretos-ley cuyo propósito era acelerar y ordenar el despliegue de renovables: el
Decreto ley 14/2020, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia
climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, y el Decreto ley 1/2022,
del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica
originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania.
El resultado de la aplicación de estos marcos jurídicos ha sido claramente
insuficiente. La Comunitat Valenciana continúa importando masivamente energía de
otros territorios a través de las redes de transporte y sólo un porcentaje muy reducido de
la generación autóctona es de fuentes renovables, lo que la coloca ampliamente
expuesta a la volatilidad de los precios y los riesgos geopolíticos, dada la baja
penetración de estas energías. A ello se suma el cierre programado para 2030 de la
central nuclear de Cofrentes, que supuso en 2022 el 42,9 % de la energía, lo que situaría
a la Comunitat Valenciana, salvo que se instalen otras fuentes de energía urgentemente,

cve: BOE-A-2025-1
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Núm. 1