BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 1 de enero de 2025

Sec. I. Pág. 14

Corresponde a los poderes públicos impulsar aquellas medidas que maximicen la
confianza del sector privado y que permitan que las actividades económicas se
desarrollen en un marco de seguridad, que favorezca nuevas iniciativas y el
afianzamiento y extensión de las ya existentes en el tejido productivo valenciano. Para
ello, este decreto ley consagra el principio de transversalidad organizativa, incorporando
mecanismos de coordinación y colaboración y sistemas de acompañamiento
individualizado, así como un marco general de racionalización del régimen de
intervención administrativa y un portal único de búsqueda y tramitación guiada y
unificada de procedimientos.
La ciudadanía es un objetivo preferente de este decreto ley. Se configura el deber de
la Administración de la Generalitat de acercarse a ella por distintos canales, reduciendo
las cargas administrativas que debe soportar y asistiéndole en su relación con la
Administración sin que los medios electrónicos constituyan un obstáculo para hacer
efectivos sus derechos.
La puesta en marcha de los cambios procedimentales y organizativos necesarios
requiere dirigir la mirada y hacer una revisión de la propia organización, sus estructuras,
métodos de trabajo, formación de sus empleadas y empleados públicos y tecnologías.
En el objetivo de simplificar es esencial tener en cuenta la administración electrónica y la
transformación digital, los cuales son instrumentos básicos para la simplificación
administrativa, en la medida que su adecuada implementación representa un importante
ahorro de costes y un motor para el desarrollo.
Asimismo, el presente decreto ley asienta los pilares para construir una
administración orientada al dato que, mediante su uso ético, seguro y responsable, sea
cercana a la ciudadanía, transparente, inclusiva y participativa y con una fuerte
capacidad en la toma objetiva de decisiones a través de la medición de los resultados
que producen sus políticas públicas. Asimismo, apuesta por las tecnologías más
innovadoras, como la robotización y la inteligencia artificial.
Para la consecución de sus fines el decreto ley pone en valor la conveniencia de
colaborar con las entidades locales, con la finalidad de lograr que las actuaciones estén
lo más coordinadas posibles, dando un servicio unificado a la ciudadanía y
aprovechando las sinergias para un mejor rendimiento en beneficio del conjunto de la
población de la Comunitat Valenciana.
La coyuntura económica a la que el presente decreto ley pretende subvenir requiere,
asimismo, de un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los
intereses generales afectados. Existe una conexión de sentido o relación de adecuación
entre la situación definida, que constituye el presupuesto habilitante, y las medidas que
este decreto ley adopta en los ámbitos de la Administración local, transparencia,
participación y convenios de colaboración, cultura y deporte, servicios sociales e
igualdad, agricultura, ganadería y pesca, hacienda, economía, administración pública,
administración electrónica, sanidad, educación, medio ambiente, infraestructuras,
urbanismo, innovación, comercio y turismo. Este decreto ley, consciente de la gravedad
de la situación económica actual, establece medidas específicas en cada uno de los
mencionados sectores con el objetivo de simplificar los procedimientos y reducir las
cargas administrativas, en beneficio tanto de la prestación del servicio público como de la
activación de la economía.
VI
El título I regula la simplificación administrativa.
Disponer de un marco regulador general de la simplificación administrativa resulta
esencial para lograr una actuación clara y común de la Administración frente a los retos
urgentes de la sociedad y las necesidades de la ciudadanía.
El capítulo I regula el objeto y finalidad del título I del decreto ley, su ámbito de
aplicación y los principios rectores que lo guían, tales como el principio de buena
regulación, el de mínima intervención administrativa y el de coordinación y colaboración.

cve: BOE-A-2025-1
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Núm. 1