Comunitat Valenciana. I. Disposiciones generales. Simplificación administrativa. (BOE-A-2025-1)
Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa.
293 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 1 de enero de 2025
Sec. I. Pág. 12
para paliar los efectos de la situación económica. Las circunstancias que justifican este
Decreto ley requieren que las medidas entren en vigor con celeridad para abordar las
situaciones derivadas de la crisis económica, lo cual no sería posible mediante el
procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, pues no se aprobarían en tiempo y
forma, perdiendo su eficacia esperada.
IV
La necesidad de modernizar y agilizar la Administración Pública en la Comunitat
Valenciana es cada vez más apremiante, especialmente en el contexto económico y
social presente, que exige respuestas rápidas y eficaces.
La ineficiencia de los procesos administrativos actuales no solo afecta a las personas
usuarias, sino que también impone una carga significativa sobre la Administración. La
duplicación de tareas, la necesidad de manejar grandes cantidades de documentación
física y la falta de automatización en muchos procedimientos suponen una pérdida de
medios y de tiempo. Esto limita la capacidad de la Administración para centrarse en
tareas más estratégicas y de mayor valor añadido.
La complejidad normativa y la fragmentación del marco legal han creado un entorno
en el que las empresas y la ciudadanía deben navegar a través de una maraña de
regulaciones y requisitos que, a menudo, son difíciles de entender y de cumplir. Este
escenario desincentiva la inversión y ralentiza el crecimiento económico. Las pequeñas y
medianas empresas (pymes), que son el motor de la economía valenciana, se ven
particularmente afectadas por estos obstáculos administrativos que consumen tiempo y
recursos que deberían destinarse a actividades productivas.
El actual marco legislativo, aunque bien intencionado, ha demostrado sus
limitaciones. La lentitud en la adopción de nuevas tecnologías, la falta de integración
entre diferentes sistemas administrativos y la persistencia de procedimientos manuales y
físicos son algunos de los problemas que se han identificado. Estos problemas no solo
ralentizan los procesos administrativos, sino que también aumentan el riesgo de errores
y pérdidas de información, lo que puede tener consecuencias graves tanto para la
Administración como para la ciudadanía.
El empleo del decreto ley como instrumento jurídico para modificar numerosas
disposiciones normativas se justifica plenamente por la necesidad de poner en marcha
estas medidas de manera rápida y ágil. El contexto actual de crisis económica, social y
habitacional requiere respuestas inmediatas y efectivas que no pueden esperar los
largos plazos inherentes al procedimiento legislativo ordinario. Seguir el cauce tradicional
podría tardar años en ofrecer soluciones, mientras que las necesidades de la ciudadanía
y de las empresas son urgentes y demandan una acción inmediata. La única manera de
abordar un beneficio real para todas las personas físicas o jurídicas cuya repercusión
sea inmediata es a través de una norma de urgencia que abarque todos los sectores y
todas las disposiciones susceptibles de simplificarse.
El marco normativo vigente en la Comunitat Valenciana presenta una serie de
rigideces y complejidades que impiden una gestión ágil y eficiente. Modificar múltiples
normativas a través de un decreto ley permite una actualización simultánea y coherente
del ordenamiento jurídico, eliminando duplicidades y contradicciones que dificultan la
aplicación de políticas públicas efectivas. Esta herramienta legislativa es esencial para
adaptar rápidamente el marco normativo a las nuevas exigencias y facilitar la
reactivación económica y la mejora de los servicios públicos.
Es crucial que estas medidas se apliquen de manera uniforme a toda la
Administración de la Generalitat y a la Administración local, garantizando coherencia y
efectividad en su implantación.
El carácter extraordinario y urgente de las circunstancias actuales legitima el uso del
decreto ley, una figura reconocida por la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Valenciana para situaciones que requieren una intervención
rápida y decidida. La adopción de estas medidas a través del decreto ley permite actuar
cve: BOE-A-2025-1
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 1
Miércoles 1 de enero de 2025
Sec. I. Pág. 12
para paliar los efectos de la situación económica. Las circunstancias que justifican este
Decreto ley requieren que las medidas entren en vigor con celeridad para abordar las
situaciones derivadas de la crisis económica, lo cual no sería posible mediante el
procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, pues no se aprobarían en tiempo y
forma, perdiendo su eficacia esperada.
IV
La necesidad de modernizar y agilizar la Administración Pública en la Comunitat
Valenciana es cada vez más apremiante, especialmente en el contexto económico y
social presente, que exige respuestas rápidas y eficaces.
La ineficiencia de los procesos administrativos actuales no solo afecta a las personas
usuarias, sino que también impone una carga significativa sobre la Administración. La
duplicación de tareas, la necesidad de manejar grandes cantidades de documentación
física y la falta de automatización en muchos procedimientos suponen una pérdida de
medios y de tiempo. Esto limita la capacidad de la Administración para centrarse en
tareas más estratégicas y de mayor valor añadido.
La complejidad normativa y la fragmentación del marco legal han creado un entorno
en el que las empresas y la ciudadanía deben navegar a través de una maraña de
regulaciones y requisitos que, a menudo, son difíciles de entender y de cumplir. Este
escenario desincentiva la inversión y ralentiza el crecimiento económico. Las pequeñas y
medianas empresas (pymes), que son el motor de la economía valenciana, se ven
particularmente afectadas por estos obstáculos administrativos que consumen tiempo y
recursos que deberían destinarse a actividades productivas.
El actual marco legislativo, aunque bien intencionado, ha demostrado sus
limitaciones. La lentitud en la adopción de nuevas tecnologías, la falta de integración
entre diferentes sistemas administrativos y la persistencia de procedimientos manuales y
físicos son algunos de los problemas que se han identificado. Estos problemas no solo
ralentizan los procesos administrativos, sino que también aumentan el riesgo de errores
y pérdidas de información, lo que puede tener consecuencias graves tanto para la
Administración como para la ciudadanía.
El empleo del decreto ley como instrumento jurídico para modificar numerosas
disposiciones normativas se justifica plenamente por la necesidad de poner en marcha
estas medidas de manera rápida y ágil. El contexto actual de crisis económica, social y
habitacional requiere respuestas inmediatas y efectivas que no pueden esperar los
largos plazos inherentes al procedimiento legislativo ordinario. Seguir el cauce tradicional
podría tardar años en ofrecer soluciones, mientras que las necesidades de la ciudadanía
y de las empresas son urgentes y demandan una acción inmediata. La única manera de
abordar un beneficio real para todas las personas físicas o jurídicas cuya repercusión
sea inmediata es a través de una norma de urgencia que abarque todos los sectores y
todas las disposiciones susceptibles de simplificarse.
El marco normativo vigente en la Comunitat Valenciana presenta una serie de
rigideces y complejidades que impiden una gestión ágil y eficiente. Modificar múltiples
normativas a través de un decreto ley permite una actualización simultánea y coherente
del ordenamiento jurídico, eliminando duplicidades y contradicciones que dificultan la
aplicación de políticas públicas efectivas. Esta herramienta legislativa es esencial para
adaptar rápidamente el marco normativo a las nuevas exigencias y facilitar la
reactivación económica y la mejora de los servicios públicos.
Es crucial que estas medidas se apliquen de manera uniforme a toda la
Administración de la Generalitat y a la Administración local, garantizando coherencia y
efectividad en su implantación.
El carácter extraordinario y urgente de las circunstancias actuales legitima el uso del
decreto ley, una figura reconocida por la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Valenciana para situaciones que requieren una intervención
rápida y decidida. La adopción de estas medidas a través del decreto ley permite actuar
cve: BOE-A-2025-1
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 1
