BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312

Viernes 27 de diciembre de 2024

Sec. III. Pág. 181599

Por resolución de 18 de julio de 2018 se aprueban nuevas tarifas por la Subsecretaria de
Hacienda a propuesta de la Dirección General de Patrimonio del Estado. La Entidad ha aportado
una memoria económica en la que se detalla la forma de cálculo de las tarifas. Éstas responden al
sumatorio de los costes directos, los costes indirectos y un porcentaje establecido a tanto alzado
por contingencias de un 8 % que incluye costes por distintos conceptos (imprevistos, costes por
disponibilidad de recursos, costes por desviaciones técnicas del proyecto y fluctuaciones del tipo
de cambio €/$ por las compras de repuestos y grandes reparaciones…). Además, se establece
que aquellos otros gastos no incluidos en las tarifas anteriores se facturarán por su coste, más un
5 % por los gastos asociados a la tramitación, formalización y ejecución.
Según certificado que acompañan a la memoria justificativa de su condición de medio propio
remitida a la IGAE en mayo de 2019, se encontraban en fase de aprobación por el Ministerio de
Fomento nuevas tarifas en sustitución de las aprobadas por la Subsecretaría de Hacienda en
2018, teniendo en cuenta, para el cálculo de las tarifas, los costes del ejercicio 2018, ya cerrado.
Se acompaña una memoria económica al respecto en la que se calculan las tarifas de una manera
similar a las de 2018.
Atendiendo nuevamente a la “Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un
adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones
Públicas”, aprobada por el Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2008”; y teniendo en cuenta
que la LCSP, en su artículo 32, exige que las tarifas respondan a los costes reales de realización
de las unidades producidas, puede concluirse que el establecimiento de un margen adicional por
imprevistos podría suponer un beneficio para la entidad que realiza el encargo contrarío a la
normativa en vigor, por lo que los precios fijados a tanto alzado deberían considerarse como
gastos a justificar.
m) Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y Tecnologías y
Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Requisito de actividad
TRAGSA está participada en un 51 % por SEPI, en un 39 % por el Fondo Español de Garantía
Agraria y en un 10 % por la Dirección General de Patrimonio del Estado, siendo también
accionistas las 19 Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, 22 Diputaciones, 7 Cabildos
y 4 Consell Insulares. Esta Sociedad es cabecera de un grupo empresarial, de capital social
público, en el que está integrada TRAGSATEC.

cve: BOE-A-2024-27231
Verificable en https://www.boe.es

Por el Real Decreto 379/1977, de 21 de enero, se autorizó la constitución de la Empresa de
Transformación Agraria (TRAGSA). Su actividad está enfocada a la realización de obras, trabajos
y prestación de servicios relacionados con el desarrollo del medio rural y la conservación de la
naturaleza, así como en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático,
ofreciendo una respuesta inmediata. TRAGSATEC, como filial de TRAGSA, es una empresa
especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en
materias como el desarrollo rural, el medio marino o la sanidad y la salud pública, entre otros,
llevando a cabo tanto estudios y proyectos como servicios técnicos. La creación de TRAGSATEC
fue autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros el 2 de junio de 1989. La condición de medio
propio personificado del Grupo TRAGSA y su régimen jurídico se recoge en la Disposición
Adicional vigesimocuarta de la Ley 9/2017.