Jefatura Del Estado. I. Disposiciones generales. Medidas urgentes. (BOE-A-2024-26915)
Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 24 de diciembre de 2024
Sec. I. Pág. 179254
el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, dejará de producir efectos el próximo 31 de
diciembre, lo que hace ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del
próximo 1 de enero.
Por lo que respecta al título V, cabe señalar que la extraordinaria y urgente
necesidad de estas medidas vienen determinadas por la necesidad de activar todos los
instrumentos de política de vivienda necesarios para hacer frente a la escasez del
parque de vivienda en alquiler social, que en España ofrece cobertura a menos
del 3,3 % de los hogares, una cifra que contrasta con la media de la Unión Europea,
situada en el 8 % y con los porcentajes sensiblemente superiores al 15 % registrados
en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia, Austria, Suecia,
Países Bajos o Dinamarca.
Por otro lado, la grave situación en el ámbito económico y social que siguen
afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por determinadas
dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda,
justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la extensión de la suspensión de los
desahucios en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto en el que es necesario
salvaguardar la protección de los hogares más vulnerables por un periodo adicional
hasta el 31 de diciembre de 2025 para garantizar la referida protección social.
Debe destacarse, asimismo, la difícil situación económica de muchas personas y
familias que residen en una vivienda en régimen de alquiler a precio de mercado en
nuestro país. Uno de los aspectos que caracterizan en la actualidad el mercado del
alquiler de vivienda en España es la fuerte sobreexposición financiera de los hogares al
pago del alquiler. Según los últimos datos de Eurostat, el 30,6 % de los hogares que
residían en alquiler a precios de mercado en 2023 en nuestro país destinaban al pago
del alquiler más del 40 % de los ingresos. Se puede destacar que, a pesar de haberse
reducido de forma significativa desde el 39,4 % del año 2022, aún se encuentra
unos 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea, en la que el 20,3 % de los
hogares en alquiler de mercado están sujetos a sobrecarga financiera.
A ello se suma el particular impacto de las dinámicas de crecimiento de precios de
la vivienda que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística
correspondientes al tercer trimestre de 2024 han alcanzado un incremento interanual
del 8,1 %, muy por encima de la variación interanual del Índice de Precios de Consumo
en ese mismo periodo, situada en el 1,5 %.
De acuerdo con todo ello, resulta de extraordinaria y urgente necesidad adoptar las
medidas planteadas, para mejorar el parque de vivienda en alquiler social, garantizar a
las personas en situación de vulnerabilidad su seguridad habitacional, así como a los
propietarios afectados la correspondiente compensación.
En cuanto a la prórroga de las medidas para la reconstrucción económica de la isla
de La Palma, la concurrencia del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente
necesidad concurre en este caso dado que aún persisten las consecuencias negativas
tanto económicas como laborales derivadas de la erupción volcánica lo que hace
imprescindible prorrogar por seis meses más algunas de las medidas extraordinarias
adoptadas para que tengan aplicación inmediata para lo cual es necesario acudir al real
decreto-ley.
Ante la inminencia del vencimiento –31 de diciembre de 2024– y en tanto que
persisten los efectos laborales y económicos provocados por la erupción volcánica
registrada en la zona de Cumbre Vieja con una grave paralización de la actividad
económica, la necesidad de seguir reparando los daños ocasionados en el tejido
productivo de la isla de La Palma y de contribuir a su recuperación evitando situaciones
de grave vulnerabilidad social, es preciso prorrogar los expedientes de regulación
temporal de empleo vinculados a una situación de fuerza mayor temporal que se
mantiene en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, las
medidas en materia de seguridad social y la apertura de un nuevo plazo de solicitud de
las medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para
cve: BOE-A-2024-26915
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 309
Martes 24 de diciembre de 2024
Sec. I. Pág. 179254
el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, dejará de producir efectos el próximo 31 de
diciembre, lo que hace ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del
próximo 1 de enero.
Por lo que respecta al título V, cabe señalar que la extraordinaria y urgente
necesidad de estas medidas vienen determinadas por la necesidad de activar todos los
instrumentos de política de vivienda necesarios para hacer frente a la escasez del
parque de vivienda en alquiler social, que en España ofrece cobertura a menos
del 3,3 % de los hogares, una cifra que contrasta con la media de la Unión Europea,
situada en el 8 % y con los porcentajes sensiblemente superiores al 15 % registrados
en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia, Austria, Suecia,
Países Bajos o Dinamarca.
Por otro lado, la grave situación en el ámbito económico y social que siguen
afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por determinadas
dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda,
justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la extensión de la suspensión de los
desahucios en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto en el que es necesario
salvaguardar la protección de los hogares más vulnerables por un periodo adicional
hasta el 31 de diciembre de 2025 para garantizar la referida protección social.
Debe destacarse, asimismo, la difícil situación económica de muchas personas y
familias que residen en una vivienda en régimen de alquiler a precio de mercado en
nuestro país. Uno de los aspectos que caracterizan en la actualidad el mercado del
alquiler de vivienda en España es la fuerte sobreexposición financiera de los hogares al
pago del alquiler. Según los últimos datos de Eurostat, el 30,6 % de los hogares que
residían en alquiler a precios de mercado en 2023 en nuestro país destinaban al pago
del alquiler más del 40 % de los ingresos. Se puede destacar que, a pesar de haberse
reducido de forma significativa desde el 39,4 % del año 2022, aún se encuentra
unos 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea, en la que el 20,3 % de los
hogares en alquiler de mercado están sujetos a sobrecarga financiera.
A ello se suma el particular impacto de las dinámicas de crecimiento de precios de
la vivienda que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística
correspondientes al tercer trimestre de 2024 han alcanzado un incremento interanual
del 8,1 %, muy por encima de la variación interanual del Índice de Precios de Consumo
en ese mismo periodo, situada en el 1,5 %.
De acuerdo con todo ello, resulta de extraordinaria y urgente necesidad adoptar las
medidas planteadas, para mejorar el parque de vivienda en alquiler social, garantizar a
las personas en situación de vulnerabilidad su seguridad habitacional, así como a los
propietarios afectados la correspondiente compensación.
En cuanto a la prórroga de las medidas para la reconstrucción económica de la isla
de La Palma, la concurrencia del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente
necesidad concurre en este caso dado que aún persisten las consecuencias negativas
tanto económicas como laborales derivadas de la erupción volcánica lo que hace
imprescindible prorrogar por seis meses más algunas de las medidas extraordinarias
adoptadas para que tengan aplicación inmediata para lo cual es necesario acudir al real
decreto-ley.
Ante la inminencia del vencimiento –31 de diciembre de 2024– y en tanto que
persisten los efectos laborales y económicos provocados por la erupción volcánica
registrada en la zona de Cumbre Vieja con una grave paralización de la actividad
económica, la necesidad de seguir reparando los daños ocasionados en el tejido
productivo de la isla de La Palma y de contribuir a su recuperación evitando situaciones
de grave vulnerabilidad social, es preciso prorrogar los expedientes de regulación
temporal de empleo vinculados a una situación de fuerza mayor temporal que se
mantiene en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, las
medidas en materia de seguridad social y la apertura de un nuevo plazo de solicitud de
las medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para
cve: BOE-A-2024-26915
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Núm. 309
