Ministerio de Igualdad. I. Disposiciones generales. Subvenciones. (BOE-A-2024-24850)
Real Decreto 1182/2024, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para actuaciones en el ámbito de igualdad de trato y no discriminación.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 29 de noviembre de 2024
Sec. I. Pág. 160578
En España, los delitos de odio han experimentado un crecimiento del 4,3 % en los
últimos años según datos del último informe de delitos de odio del Ministerio del Interior,
siendo el racismo el componente predominante en este tipo de delitos, pues está
presente en el 43 % de los casos, denunciándose sólo entre un 10 % y 20 % de estos
delitos, según datos de los Ministerios de Interior e Igualdad.
Tras el racismo, la segunda motivación de este tipo de delitos continúa siendo la
orientación sexual o la identidad de género de las víctimas (24,4 % de los casos),
incrementándose un 13,7 % respecto al año anterior. Según datos del Ministerio del
Interior, sólo el 12,9 % de los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad
de género son denunciados. Ello confirma que la discriminación y la violencia hacia las
personas LGTBI+ continúa siendo un problema de primera magnitud. Los datos de 2024
de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea muestran que el 37 %
de las personas LGTBI+ en España se han sentido discriminadas en al menos un ámbito
social durante el año precedente a la encuesta, y que el 12 % han sufrido una agresión
motivada por su orientación o por su identidad de género en los cinco años previos a la
encuesta. Así mismo, el 53 % ha sufrido algún tipo de acoso o de odio online directo. El
informe de ILGA Europe de 2024 estima que el discurso de odio online anti-LGTBI+ en
España ha crecido un 130 % entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia
las personas trans.
La problemática que subyace a estos fenómenos y que se persigue atajar es
compleja y multifactorial y por tanto requiere actuar en distintos planos. En todo caso, el
Ministerio de Igualdad se ve interpelado por la urgencia requerida para prestar una
atención integral a las necesidades de las víctimas de estos actos de discriminación o
constitutivos de delitos de odio.
Las situaciones de discriminación racial y LGTBIfóbica que viven estas personas
tienden a acentuarse, además, por la incidencia de otras variables, como pueden ser la
edad o la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentran algunas de
estas personas, las cuales generan una mayor dificultad a la hora de denunciar los actos
de discriminación racial y los delitos de odio.
En concreto, y debido a que son las únicas que reúnen las características necesarias
para poder desarrollar las acciones que se requieren, se conceden estas subvenciones a
las siguientes entidades: Cruz Roja Española, la Asociación Nueva Ciudadanía por la
Interculturalidad, (ASNUCI), la Federación Andalucía Acoge, la Fundación CEPAIM y la
Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS), la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+), la Federación
Plataforma por los Derechos Trans y la Fundación 26 de Diciembre.
Estas entidades beneficiarias centran sus esfuerzos en llevar a cabo un
acompañamiento personalizado e individualizado a las personas usuarias mediante la
prestación de asistencia jurídica o psicológica, actuaciones de mediación con
autoridades públicas o privadas en diferentes ámbitos (educación, vivienda, empleo,
sanidad, consumo, autoridades locales, empadronamiento, temas migratorios, registro
civil, residencias de la tercera edad, etc.), de facilitación y asesoramiento para presentar
la denuncia ante cualquier tipo de autoridad administrativa o judicial, instituciones
sanitarias, educativas, de consumo, de ámbito local, etc. y actividades de sensibilización
e información y formación a toda la ciudadanía, y particularmente en los municipios
donde radican los asentamientos informales para conocer sus derechos y ejercerlos
como ciudadanos y en ámbitos clave para la prevención de la discriminación y la
violencia LGTBIfóbica como son el educativo, el laboral o el sociosanitario.
Durante 2023, las entidades beneficiarias prestaron su asistencia y protección
a 2.265 personas víctimas de algún acto de discriminación racial y a 1.563 personas
víctimas de discriminación o violencia LGTBIfóbica. Adicionalmente, se estima que a
través de las actividades de sensibilización y formación frente a la LGTBIfobia se alcanzó
a un total de 507.322 personas.
A la luz de lo anterior, resulta de vital importancia garantizar de forma urgente el
mantenimiento de esta atención de las entidades citadas dirigidas a las personas que
cve: BOE-A-2024-24850
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 288
Viernes 29 de noviembre de 2024
Sec. I. Pág. 160578
En España, los delitos de odio han experimentado un crecimiento del 4,3 % en los
últimos años según datos del último informe de delitos de odio del Ministerio del Interior,
siendo el racismo el componente predominante en este tipo de delitos, pues está
presente en el 43 % de los casos, denunciándose sólo entre un 10 % y 20 % de estos
delitos, según datos de los Ministerios de Interior e Igualdad.
Tras el racismo, la segunda motivación de este tipo de delitos continúa siendo la
orientación sexual o la identidad de género de las víctimas (24,4 % de los casos),
incrementándose un 13,7 % respecto al año anterior. Según datos del Ministerio del
Interior, sólo el 12,9 % de los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad
de género son denunciados. Ello confirma que la discriminación y la violencia hacia las
personas LGTBI+ continúa siendo un problema de primera magnitud. Los datos de 2024
de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea muestran que el 37 %
de las personas LGTBI+ en España se han sentido discriminadas en al menos un ámbito
social durante el año precedente a la encuesta, y que el 12 % han sufrido una agresión
motivada por su orientación o por su identidad de género en los cinco años previos a la
encuesta. Así mismo, el 53 % ha sufrido algún tipo de acoso o de odio online directo. El
informe de ILGA Europe de 2024 estima que el discurso de odio online anti-LGTBI+ en
España ha crecido un 130 % entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia
las personas trans.
La problemática que subyace a estos fenómenos y que se persigue atajar es
compleja y multifactorial y por tanto requiere actuar en distintos planos. En todo caso, el
Ministerio de Igualdad se ve interpelado por la urgencia requerida para prestar una
atención integral a las necesidades de las víctimas de estos actos de discriminación o
constitutivos de delitos de odio.
Las situaciones de discriminación racial y LGTBIfóbica que viven estas personas
tienden a acentuarse, además, por la incidencia de otras variables, como pueden ser la
edad o la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentran algunas de
estas personas, las cuales generan una mayor dificultad a la hora de denunciar los actos
de discriminación racial y los delitos de odio.
En concreto, y debido a que son las únicas que reúnen las características necesarias
para poder desarrollar las acciones que se requieren, se conceden estas subvenciones a
las siguientes entidades: Cruz Roja Española, la Asociación Nueva Ciudadanía por la
Interculturalidad, (ASNUCI), la Federación Andalucía Acoge, la Fundación CEPAIM y la
Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS), la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+), la Federación
Plataforma por los Derechos Trans y la Fundación 26 de Diciembre.
Estas entidades beneficiarias centran sus esfuerzos en llevar a cabo un
acompañamiento personalizado e individualizado a las personas usuarias mediante la
prestación de asistencia jurídica o psicológica, actuaciones de mediación con
autoridades públicas o privadas en diferentes ámbitos (educación, vivienda, empleo,
sanidad, consumo, autoridades locales, empadronamiento, temas migratorios, registro
civil, residencias de la tercera edad, etc.), de facilitación y asesoramiento para presentar
la denuncia ante cualquier tipo de autoridad administrativa o judicial, instituciones
sanitarias, educativas, de consumo, de ámbito local, etc. y actividades de sensibilización
e información y formación a toda la ciudadanía, y particularmente en los municipios
donde radican los asentamientos informales para conocer sus derechos y ejercerlos
como ciudadanos y en ámbitos clave para la prevención de la discriminación y la
violencia LGTBIfóbica como son el educativo, el laboral o el sociosanitario.
Durante 2023, las entidades beneficiarias prestaron su asistencia y protección
a 2.265 personas víctimas de algún acto de discriminación racial y a 1.563 personas
víctimas de discriminación o violencia LGTBIfóbica. Adicionalmente, se estima que a
través de las actividades de sensibilización y formación frente a la LGTBIfobia se alcanzó
a un total de 507.322 personas.
A la luz de lo anterior, resulta de vital importancia garantizar de forma urgente el
mantenimiento de esta atención de las entidades citadas dirigidas a las personas que
cve: BOE-A-2024-24850
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 288