Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. I. Disposiciones generales. Subvenciones. (BOE-A-2024-24104)
Real Decreto 1159/2024, de 19 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a diversas entidades.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 20 de noviembre de 2024
Sec. I. Pág. 153587
conciliación con interlocutores sociales, entidades no gubernamentales y otros agentes y
de manera concreta establece que debe animarse a los interlocutores sociales a
promover sistemas de certificación voluntaria con los que se evalúe el equilibrio entre
vida familiar y vida profesional en el lugar de trabajo.
Entre las iniciativas que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 apoya en
estas materias se encuentra el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable
(EFR), que promueve la Fundación Más Familia, de cuyo Patronato forma parte el
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que acredita el
cumplimiento y el compromiso con la igualdad y la conciliación a aquellas entidades que
superan un proceso de auditoría de tercera parte, de acuerdo con estándares
establecidos para las distintas modalidades de empresa o entidad. Ya son cerca de 750
las empresas certificadas, que se estima alcanzan un total de 500.000 personas
trabajadoras y sus familiares, que serían beneficiarias de este tipo de medidas.
Se trata pues de una iniciativa relevante, pionera y referente en España, otros países
europeos e iberoamericanos, que es necesario seguir impulsando a través del apoyo
institucional y financiero a la Fundación Más Familia, tal como se viene haciendo desde
el ejercicio 2008 a través de una subvención nominativa para el cumplimiento de sus
fines y la creación, desarrollo y promoción del «Certificado de empresa familiarmente
responsable», a fin de contribuir a la continuidad y desarrollo de esta iniciativa y de la
promoción y difusión de buenas prácticas empresariales que mejoran la conciliación y la
corresponsabilidad de hombres y mujeres en los ámbitos profesional, laboral y personal,
y en definitiva una mejor calidad de vida de las familias y un mejor trato a la infancia, que
constituye un objetivo esencial de la política social en nuestro país. El modelo de
certificación de tercera parte en materia de conciliación e igualdad, que ha sido
reconocido como «Good Practice» por la ONU y por el programa Interreg Europe, carece
de alternativa comparable a nivel estatal que pueda garantizar tanto la calidad del
proceso de certificación como la implantación territorial y sectorial de la iniciativa.
Por lo que respecta a la subvención a conceder a la Comunidad Autónoma de
Canarias, su importe va destinado tanto a financiar las actuaciones del Programa de
Lucha contra la Pobreza y la exclusión social de Canarias vinculado con la Estrategia
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, como elemento
favorecedor de la reducción de la pobreza y la exclusión social en la Comunidad
Autónoma de Canarias, como a la financiación de la adaptación de las prestaciones
básicas gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y comunitaria a la
situación existente. Las circunstancias específicas de esta Comunidad Autónoma, como
la insularidad, gran lejanía y aislamiento de la península, la escasez de recursos
naturales, orografía, reducida superficie o fragilidad ambiental, generan unos costes
adicionales, cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo
económico y cohesión social, sumado a la situación socioeconómica, como reflejan los
indicadores de pobreza y exclusión social significativamente más negativos que los de la
media nacional y la situación de los colectivos a los que se dirige esta subvención, exige
una actuación urgente de los poderes públicos en aras de paliar en lo posible los efectos
que producen estas circunstancias en la población de esta Comunidad Autónoma.
Asimismo, las subvenciones concedidas a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla contribuyen a la realización de programas y actuaciones en materia de asistencia
social destinadas a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, teniendo en cuenta
además las circunstancias específicas de estas dos ciudades, su ubicación geográfica,
con una especial presión migratoria y con elevados índices de pobreza y exclusión
social, significativamente más altos que la media nacional. La situación de estas
personas requiere dotar de continuidad a la financiación que permita el sostenimiento de
la infraestructura desplegada en su apoyo, cumpliendo así con las obligaciones
encomendadas a los poderes públicos.
cve: BOE-A-2024-24104
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 280
Miércoles 20 de noviembre de 2024
Sec. I. Pág. 153587
conciliación con interlocutores sociales, entidades no gubernamentales y otros agentes y
de manera concreta establece que debe animarse a los interlocutores sociales a
promover sistemas de certificación voluntaria con los que se evalúe el equilibrio entre
vida familiar y vida profesional en el lugar de trabajo.
Entre las iniciativas que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 apoya en
estas materias se encuentra el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable
(EFR), que promueve la Fundación Más Familia, de cuyo Patronato forma parte el
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que acredita el
cumplimiento y el compromiso con la igualdad y la conciliación a aquellas entidades que
superan un proceso de auditoría de tercera parte, de acuerdo con estándares
establecidos para las distintas modalidades de empresa o entidad. Ya son cerca de 750
las empresas certificadas, que se estima alcanzan un total de 500.000 personas
trabajadoras y sus familiares, que serían beneficiarias de este tipo de medidas.
Se trata pues de una iniciativa relevante, pionera y referente en España, otros países
europeos e iberoamericanos, que es necesario seguir impulsando a través del apoyo
institucional y financiero a la Fundación Más Familia, tal como se viene haciendo desde
el ejercicio 2008 a través de una subvención nominativa para el cumplimiento de sus
fines y la creación, desarrollo y promoción del «Certificado de empresa familiarmente
responsable», a fin de contribuir a la continuidad y desarrollo de esta iniciativa y de la
promoción y difusión de buenas prácticas empresariales que mejoran la conciliación y la
corresponsabilidad de hombres y mujeres en los ámbitos profesional, laboral y personal,
y en definitiva una mejor calidad de vida de las familias y un mejor trato a la infancia, que
constituye un objetivo esencial de la política social en nuestro país. El modelo de
certificación de tercera parte en materia de conciliación e igualdad, que ha sido
reconocido como «Good Practice» por la ONU y por el programa Interreg Europe, carece
de alternativa comparable a nivel estatal que pueda garantizar tanto la calidad del
proceso de certificación como la implantación territorial y sectorial de la iniciativa.
Por lo que respecta a la subvención a conceder a la Comunidad Autónoma de
Canarias, su importe va destinado tanto a financiar las actuaciones del Programa de
Lucha contra la Pobreza y la exclusión social de Canarias vinculado con la Estrategia
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, como elemento
favorecedor de la reducción de la pobreza y la exclusión social en la Comunidad
Autónoma de Canarias, como a la financiación de la adaptación de las prestaciones
básicas gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y comunitaria a la
situación existente. Las circunstancias específicas de esta Comunidad Autónoma, como
la insularidad, gran lejanía y aislamiento de la península, la escasez de recursos
naturales, orografía, reducida superficie o fragilidad ambiental, generan unos costes
adicionales, cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo
económico y cohesión social, sumado a la situación socioeconómica, como reflejan los
indicadores de pobreza y exclusión social significativamente más negativos que los de la
media nacional y la situación de los colectivos a los que se dirige esta subvención, exige
una actuación urgente de los poderes públicos en aras de paliar en lo posible los efectos
que producen estas circunstancias en la población de esta Comunidad Autónoma.
Asimismo, las subvenciones concedidas a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla contribuyen a la realización de programas y actuaciones en materia de asistencia
social destinadas a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, teniendo en cuenta
además las circunstancias específicas de estas dos ciudades, su ubicación geográfica,
con una especial presión migratoria y con elevados índices de pobreza y exclusión
social, significativamente más altos que la media nacional. La situación de estas
personas requiere dotar de continuidad a la financiación que permita el sostenimiento de
la infraestructura desplegada en su apoyo, cumpliendo así con las obligaciones
encomendadas a los poderes públicos.
cve: BOE-A-2024-24104
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 280
