T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-20901)
Sala Primera. Sentencia 109/2024, de 9 de septiembre de 2024. Recurso de amparo 5062-2023. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros cinco diputados del grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que habilitaron un procedimiento provisional de votación electrónica. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: SSTC 65/2022 y 86/2024 (habilitación del voto telemático que excepciona el principio de presencialidad de quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y está sujeto a una orden judicial de busca y captura).
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 12 de octubre de 2024
Sec. TC. Pág. 130652
por personado y parte al Parlamento de Cataluña y acordó dar vista de las actuaciones a
las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que,
conforme con lo previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
pudieran presentar alegaciones.
6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 23 de febrero de 2024,
presentó alegaciones interesando la estimación del amparo por vulneración del derecho
de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan
las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), para cuyo
restablecimiento insta la nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados.
El Ministerio Fiscal, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de
Cataluña de 18 de abril de 2023, por el que se habilita el voto telemático de manera
transitoria mientras no haya una reforma definitiva del Reglamento, argumenta que (i) no
existe una regulación específica en el Reglamento del Parlamento de Cataluña sobre el
voto telemático al margen del voto delegado establecido en su art. 95, por lo que existiría
un vacío normativo que vendría a cubrir este acuerdo de la mesa; (ii) el artículo 37.3 a)
RPC establece que la mesa del Parlamento de Cataluña solo tiene atribuida
competencia para adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias
en caso de duda o laguna reglamentaria, que tiene el límite, establecido por la
jurisprudencia constitucional, de la modificación del reglamento, ya que implica sustraer
esa decisión al Pleno de la Cámara, obviando así el requisito de la mayoría absoluta
para su reforma (SSTC 44/1995, de 13 de febrero, FJ 3, y 227/2004, de 29 de
noviembre, FJ 2); (iii) el acuerdo impugnado introduce una regulación general sobre el
ejercicio del voto telemático, incorporando una modalidad de voto no prevista en el
reglamento que va más allá de su aclaración o integración, con quiebra no solo de la
doctrina constitucional referida sino también de la que establece que las excepciones al
voto presencial solo pueden venir previstas en el reglamento de la Cámara
(SSTC 19/2019, de 12 de febrero, y 168/2021, de 5 de octubre) y en los supuestos
específicos establecidos en el artículo 95 RPC (SSTC 65/2022, 75/2022 y 85/2022); y
(iv) con este proceder se ha producido una modificación reglamentaria de facto fuera de
los cauces previstos para su reforma con desconocimiento del principio de que para ello
es necesaria una aprobación del Pleno por mayoría (art. 58.3 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña), lo que implica una vulneración del ius in officium de los recurrentes,
quienes se han visto privados de la participación y debate en una reforma reglamentaria.
El Ministerio Fiscal, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de
Cataluña de 19 de abril de 2023, por el que se habilita el voto telemático al diputado don
Lluís Puig i Gordi, argumenta que la nulidad del acuerdo que le da cobertura arrastra
también la de este. Añade que, sin perjuicio de ello, su nulidad también derivaría de que,
en los términos reiterados en las SSTC 85/2022, de 27 de junio, y 24/2023, de 27 de
marzo, la situación alegada por dicho diputado para que se autorizara el voto telemático,
que es la de estar declarado en rebeldía en un proceso penal, no cumpliría la condición
de ser un supuesto que permita excepcionar el ejercicio del voto presencial; derivando
de ello que el proceder de la mesa del Parlamento de Cataluña, al adoptar ese acuerdo,
estaría próximo al fraude ley, porque, aunque no desconoció formalmente lo ya resuelto
por el Tribunal Constitucional sobre la delegación de voto en aquellas sentencias, se
sirvió de la autorización aquí impugnada como un subterfugio tendente a su elusión,
adoptando así una habilitación arbitraria, aprobada ad hoc, para el caso concreto.
En cuanto al alcance de la estimación del recurso, el Ministerio Fiscal argumenta,
con cita de jurisprudencia constitucional previa, que no debe comunicarse la nulidad de
los acuerdos impugnados a los actos del Parlamento de Cataluña que hayan podido
adoptarse con el voto del diputado habilitado para su emisión de manera telemática,
como salvaguarda del principio de seguridad jurídica.
cve: BOE-A-2024-20901
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 247
Sábado 12 de octubre de 2024
Sec. TC. Pág. 130652
por personado y parte al Parlamento de Cataluña y acordó dar vista de las actuaciones a
las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que,
conforme con lo previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
pudieran presentar alegaciones.
6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 23 de febrero de 2024,
presentó alegaciones interesando la estimación del amparo por vulneración del derecho
de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan
las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), para cuyo
restablecimiento insta la nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados.
El Ministerio Fiscal, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de
Cataluña de 18 de abril de 2023, por el que se habilita el voto telemático de manera
transitoria mientras no haya una reforma definitiva del Reglamento, argumenta que (i) no
existe una regulación específica en el Reglamento del Parlamento de Cataluña sobre el
voto telemático al margen del voto delegado establecido en su art. 95, por lo que existiría
un vacío normativo que vendría a cubrir este acuerdo de la mesa; (ii) el artículo 37.3 a)
RPC establece que la mesa del Parlamento de Cataluña solo tiene atribuida
competencia para adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias
en caso de duda o laguna reglamentaria, que tiene el límite, establecido por la
jurisprudencia constitucional, de la modificación del reglamento, ya que implica sustraer
esa decisión al Pleno de la Cámara, obviando así el requisito de la mayoría absoluta
para su reforma (SSTC 44/1995, de 13 de febrero, FJ 3, y 227/2004, de 29 de
noviembre, FJ 2); (iii) el acuerdo impugnado introduce una regulación general sobre el
ejercicio del voto telemático, incorporando una modalidad de voto no prevista en el
reglamento que va más allá de su aclaración o integración, con quiebra no solo de la
doctrina constitucional referida sino también de la que establece que las excepciones al
voto presencial solo pueden venir previstas en el reglamento de la Cámara
(SSTC 19/2019, de 12 de febrero, y 168/2021, de 5 de octubre) y en los supuestos
específicos establecidos en el artículo 95 RPC (SSTC 65/2022, 75/2022 y 85/2022); y
(iv) con este proceder se ha producido una modificación reglamentaria de facto fuera de
los cauces previstos para su reforma con desconocimiento del principio de que para ello
es necesaria una aprobación del Pleno por mayoría (art. 58.3 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña), lo que implica una vulneración del ius in officium de los recurrentes,
quienes se han visto privados de la participación y debate en una reforma reglamentaria.
El Ministerio Fiscal, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de
Cataluña de 19 de abril de 2023, por el que se habilita el voto telemático al diputado don
Lluís Puig i Gordi, argumenta que la nulidad del acuerdo que le da cobertura arrastra
también la de este. Añade que, sin perjuicio de ello, su nulidad también derivaría de que,
en los términos reiterados en las SSTC 85/2022, de 27 de junio, y 24/2023, de 27 de
marzo, la situación alegada por dicho diputado para que se autorizara el voto telemático,
que es la de estar declarado en rebeldía en un proceso penal, no cumpliría la condición
de ser un supuesto que permita excepcionar el ejercicio del voto presencial; derivando
de ello que el proceder de la mesa del Parlamento de Cataluña, al adoptar ese acuerdo,
estaría próximo al fraude ley, porque, aunque no desconoció formalmente lo ya resuelto
por el Tribunal Constitucional sobre la delegación de voto en aquellas sentencias, se
sirvió de la autorización aquí impugnada como un subterfugio tendente a su elusión,
adoptando así una habilitación arbitraria, aprobada ad hoc, para el caso concreto.
En cuanto al alcance de la estimación del recurso, el Ministerio Fiscal argumenta,
con cita de jurisprudencia constitucional previa, que no debe comunicarse la nulidad de
los acuerdos impugnados a los actos del Parlamento de Cataluña que hayan podido
adoptarse con el voto del diputado habilitado para su emisión de manera telemática,
como salvaguarda del principio de seguridad jurídica.
cve: BOE-A-2024-20901
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Núm. 247
