BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 9 de octubre de 2024

Sec. III. Pág. 127567

alternativos, admitiéndolos de mayor a menor en cuanto a las facultades limitativas que
se reconocen a la comunidad de propietarios.”
En este punto, señala el Centro Directivo en su resolución de 2 de diciembre de 2022
(BOE n o 289 de 2 de diciembre de 2022, ps 165469 y ss.) una vez reiterados los
argumentos que acabamos de exponer, contempla en sus fundamentos de derecho
tercero a quinto las siguientes consideraciones, plenamente aplicables al caso que nos
ocupa:
La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en relación con el tema del
alquiler vacacional viene motivada por la necesidad de adaptar las normas de
convivencia en los edificios con figuras que no se conocían en absoluto cuando se
vertebra en nuestro sistema jurídico el tema de la adopción de acuerdos de modificación
estatutaria.
Efectivamente, la existencia de un turismo masivo y la posibilidad de encontrar
alojamiento por unos días en localidades que nunca se han visitado, gracias a la
tecnología han motivado la existencia del alquiler vacacional que causa tanto provecho
económico al propietario que decide emprenderlo como incomodidades al resto de los
vecinos que toleran un continuo trasiego de personas que no tienen el menor interés en
el inmueble y que habitualmente se encuentran de vacaciones, por lo que sus horarios
colisionan con los de los propietarios que se encuentran en uso de su vivienda habitual.
Con la antigua redacción de la Ley de Propiedad Horizontal, al exigir unanimidad
para la adopción de acuerdos, nos encontrábamos con la imposibilidad de prohibir o
limitar este nuevo fenómeno que en el centro de las ciudades o en las zonas costeras ha
llegado a constituir un auténtico problema. Las comunidades de propietarios se veían
obligadas a tolerar este problema porque el propietario que dedicaba su vivienda al
alquiler vacacional, votaba en contra de cualquier acuerdo que limitase la actividad e
imponía a los demás su perjudicial y unilateral decisión.
Para solventar esta situación, se modifica el texto de la Ley de Propiedad Horizontal
eliminando la unanimidad y estableciendo un sistema de mayoría cualificada para
adoptar los acuerdos relativos a la restricción del alquiler vacacional. Basta ver las veces
que la Dirección General a que me dirijo ha tenido que pronunciarse sobre este tema
para comprender que la reforma atiende a una necesidad social que los Notarios han
entendido inmediatamente; pero que en determinados Registros de la Propiedad está
dando muchos problemas. Lo cierto es que la función de legalidad que implica la
calificación registral nunca debe ejercitarse de forma contraria al espíritu de las leyes,
impidiendo el acceso a los libros del Registro de escrituras de modificación de Estatutos
perfectamente válidas. Si los Registradores de la Propiedad insisten en exigir la
unanimidad de voto para la adopción de acuerdos relativos al arrendamiento vacacional,
anulan por completo la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que es
particularmente adecuada para solventar el problema de convivencia que esta nueva
figura plantea.
La calificación registral olvida que el derecho de propiedad ha sido uno de los que
más ha evolucionado desde el punto de vista constitucional y legislativo, pasando de
entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia a articularse como
una institución jurídica objetiva cargada de limitaciones impuestas por la función social a
la que se encuentra sujeta.
La progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso y
aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los que puede recaer e/ derecho
de la propiedad ha producido una diversificación de la institución dominical en una
pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado y alcance
diverso.
La doctrina y la jurisprudencia han venido reconociendo la flexibilidad o plasticidad
actual del dominio, que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de propiedades
dotadas de estatus jurídicos diversos de acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre
los que cada derecho de propiedad recae. Así se especifica en sentencias del Tribunal
Constitucional 152/2003, 204/2004, 281/2005 y la inicial de 37/1987.

cve: BOE-A-2024-20539
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Núm. 244