III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16740)
Resolución de 21 de mayo de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194
Lunes 12 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 105071
respectivamente); los Presidentes de los centros mancomunados de mutuas nº 291 Hospital
Intermutual de Euskadi y nº 292 Hospital Intermutual de Levante, así como los ex responsables del
INGESA y del ISFAS, y los ex Presidentes de Mutua Intercomarcal, Egarsat y Hospital Intermutual
de Euskadi.
Se han recibido fuera de plazo un oficio del ex Presidente de Mutua Navarra informando que no
presentaba alegaciones y dos escritos de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el primero
comunicando que no formulaba alegaciones al Anteproyecto de Informe y el segundo dando
traslado de las consideraciones efectuadas por el SEPE.
Por último, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el Director General del
IMSERSO; el Director General del SEPE; el Presidente de Asepeyo, MCSS nº 151; y el ex
Presidente de Mutua Navarra, MCSS nº 21, no remitieron escrito de alegaciones al Anteproyecto
de Informe.
A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto del
Informe incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por aceptar su
contenido o para explicar el motivo por el que no se han aceptado. Debe indicarse que no han sido
objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que constituyen meras explicaciones y que,
por tanto, no implican una disconformidad del alegante con el contenido del Informe. La falta de
contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una
aceptación tácita de su contenido.
Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en los
siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en
algunos casos.
En cumplimiento del precitado artículo 44 de la Ley 7/1988, todas las alegaciones formuladas se
adjuntan al presente Informe de fiscalización.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
Las ayudas recogidas en las medidas analizadas se han articulado a través de distintos Reales
Decretos-leyes, utilizando mecanismos de protección ya existentes en el ordenamiento jurídico
español. Las normas reguladoras de estas ayudas extraordinarias han adaptado estos mecanismos
preexistentes a las nuevas circunstancias generadas por el COVID-19, flexibilizando las condiciones
de acceso, agilizando los procedimientos de gestión y mejorando, en algunos supuestos, sus
coberturas económicas; todo ello con carácter temporal, con el objetivo de llegar, y hacerlo con
rapidez, a colectivos que, de otra forma, no hubieran tenido derecho a percibir ayudas. En el anexo
2 se detallan las distintas medidas adoptadas, referenciadas en cada caso a los preceptos
reguladores de los Reales Decretos-leyes aplicados, que fueron adoptados con el fin de atajar la
crisis económica causada por el COVID 19.
También se analizan en este apartado otros costes económicos asociados a la pandemia que
derivan del efecto del COVID-19 sobre los mecanismos de protección preexistentes, así como de
cve: BOE-A-2024-16740
Verificable en https://www.boe.es
En este apartado se exponen los resultados obtenidos del análisis del impacto económico de las
medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis provocada por la brusca interrupción de
la actividad económica y productiva nacional a causa de las restricciones impuestas en la lucha
contra la pandemia del COVID-19, que se han materializado a través de la concesión de ayudas
económicas a los afectados.
Núm. 194
Lunes 12 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 105071
respectivamente); los Presidentes de los centros mancomunados de mutuas nº 291 Hospital
Intermutual de Euskadi y nº 292 Hospital Intermutual de Levante, así como los ex responsables del
INGESA y del ISFAS, y los ex Presidentes de Mutua Intercomarcal, Egarsat y Hospital Intermutual
de Euskadi.
Se han recibido fuera de plazo un oficio del ex Presidente de Mutua Navarra informando que no
presentaba alegaciones y dos escritos de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el primero
comunicando que no formulaba alegaciones al Anteproyecto de Informe y el segundo dando
traslado de las consideraciones efectuadas por el SEPE.
Por último, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el Director General del
IMSERSO; el Director General del SEPE; el Presidente de Asepeyo, MCSS nº 151; y el ex
Presidente de Mutua Navarra, MCSS nº 21, no remitieron escrito de alegaciones al Anteproyecto
de Informe.
A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto del
Informe incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por aceptar su
contenido o para explicar el motivo por el que no se han aceptado. Debe indicarse que no han sido
objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que constituyen meras explicaciones y que,
por tanto, no implican una disconformidad del alegante con el contenido del Informe. La falta de
contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una
aceptación tácita de su contenido.
Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en los
siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en
algunos casos.
En cumplimiento del precitado artículo 44 de la Ley 7/1988, todas las alegaciones formuladas se
adjuntan al presente Informe de fiscalización.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
Las ayudas recogidas en las medidas analizadas se han articulado a través de distintos Reales
Decretos-leyes, utilizando mecanismos de protección ya existentes en el ordenamiento jurídico
español. Las normas reguladoras de estas ayudas extraordinarias han adaptado estos mecanismos
preexistentes a las nuevas circunstancias generadas por el COVID-19, flexibilizando las condiciones
de acceso, agilizando los procedimientos de gestión y mejorando, en algunos supuestos, sus
coberturas económicas; todo ello con carácter temporal, con el objetivo de llegar, y hacerlo con
rapidez, a colectivos que, de otra forma, no hubieran tenido derecho a percibir ayudas. En el anexo
2 se detallan las distintas medidas adoptadas, referenciadas en cada caso a los preceptos
reguladores de los Reales Decretos-leyes aplicados, que fueron adoptados con el fin de atajar la
crisis económica causada por el COVID 19.
También se analizan en este apartado otros costes económicos asociados a la pandemia que
derivan del efecto del COVID-19 sobre los mecanismos de protección preexistentes, así como de
cve: BOE-A-2024-16740
Verificable en https://www.boe.es
En este apartado se exponen los resultados obtenidos del análisis del impacto económico de las
medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis provocada por la brusca interrupción de
la actividad económica y productiva nacional a causa de las restricciones impuestas en la lucha
contra la pandemia del COVID-19, que se han materializado a través de la concesión de ayudas
económicas a los afectados.
