III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16166)
Resolución de 30 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188

Lunes 5 de agosto de 2024

Sec. III. Pág. 100107

En el gráfico siguiente se muestra el resumen de los procedimientos utilizados para la elaboración
de los PMA en las entidades:
GRÁFICO 8. PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE LOS PMA

Externalización a
terceros

28 %
Elaboración interna
personal municipal

69 %
Adhesión a planes
de otras AAPP

2%
Otros

1%
Fuente: Elaboración propia.

En relación con el coste de elaboración de los PMA, el importe total de la contratación ascendió a
505.176,34 euros (IVA incluido). Casi una cuarta parte del importe correspondía al contrato
formalizado por el Ayuntamiento de Madrid para la prestación de servicios de asistencia
especializada a los programas de ayudas europeas, por 121.532,40 euros, encuadrado en uno de
los lotes del Acuerdo marco de asistencia técnica en materia fiscal, económica, financiera y
laboral, para el desarrollo de planes y proyectos y la realización de estudios y evaluaciones del
Área de Gobierno de Hacienda y Personal.
El resto de los contratos no superaron los 15.000 euros establecidos como límite máximo para la
celebración de contratos menores (18.150 euros con IVA).

cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es

La mayor parte de las contrataciones no tenían por objeto exclusivo la elaboración de los PMA,
sino que incluían, además, otros servicios vinculados a los requisitos en materia antifraude
establecidos por la Orden HFP/1030/2021, tales como la práctica de autoevaluaciones de los
procedimientos, la elaboración de códigos éticos o de conducta, la realización de evaluaciones de
riesgos vinculados con el fraude, la corrupción, el conflicto de interés y la doble financiación, la
elaboración de procedimientos para abordar el conflicto de interés, la implantación de canales de
denuncias, el diseño de herramientas de detección de fraude o el desarrollo de actuaciones
formativas, entre otras.