III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16166)
Resolución de 30 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 100108
Además, algunas de las entidades que externalizaron la elaboración de los PMA a través de
contratos que incluían únicamente ese servicio celebraron otros adicionales para el desarrollo de
algunas de las actividades anteriormente referidas, por un importe de 60.403,20 euros33.
Por su parte, 19 entidades34 de las 117 que elaboraron internamente sus PMA también celebraron
contratos relacionados con el cumplimiento de otros requisitos en materia antifraude establecidos
por la Orden HFP/1030/2021 distintos de la elaboración del plan.
El importe total de la contratación de estos servicios adicionales ascendió a 129.950,15 euros,
7.219,45 euros de media35, destacando, por su importe, el de la DP de Barcelona, cuyo objeto era
la realización de una evaluación de riesgos, así como la adquisición de una herramienta para la
detección del fraude, por importe de 20.383,30 euros, y los del Ayuntamiento de Vigo y del Área
Metropolitana de Barcelona, ambos de 18.089,50 euros, que tenían por objeto la autoevaluación
de sus procedimientos, en el primero, y el desarrollo de una metodología global y su implantación,
en cumplimiento de las necesidades derivadas de la orden HFP/1030/2021, en el segundo.
El coste del convenio formalizado por el Ayuntamiento de Cuenca con la Universidad de CastillaLa Mancha para la elaboración de su PMA ascendió a 25.000 euros, e incluía, además, el
cumplimiento de otros requisitos en materia antifraude establecidos por la Orden HFP/1030/2021
distintos de la elaboración del plan.
Por último, en relación con la encomienda formalizada por el Ayuntamiento de Teruel,
anteriormente referida, el importe abonado a la sociedad municipal ascendió a 17.684 euros36.
Además, el ayuntamiento formalizó un contrato para la adquisición de un software antifraude, por
importe de 2.746,70 euros.
En el anexo VIII se detalla el coste incurrido en cada una de las entidades, cuyo resumen consta
en el siguiente cuadro:
33
Las 6 entidades fueron los ayuntamientos de Barcelona (17.315 euros), Borja (1.452 euros), El Prat de Llobregat
(9.813 euros), L'Hospitalet de Llobregat (13.310 euros), Girona (2.904 euros) y la DP de Cáceres (15.609 euros).
34
Los ayuntamientos de Alcorisa, Gijón, La Vall d’Uixó, Manresa, Mataró, Salou, Santa Eulària des Riu, Santa Susanna,
Segovia, Vigo, Vila-seca y Zumarraga; las DDPP de Albacete, Barcelona, Burgos, Ourense, Salamanca y Tarragona y el
Área Metropolitana de Barcelona celebraron contratos relacionados con el cumplimiento de los requisitos en materia
antifraude establecidos por la Orden HFP/1030/2021 distintos de la elaboración del Plan.
La DP de Ourense no aportó información sobre el importe del contrato y el Ayuntamiento de Mataró y la DP de
Tarragona implantaron un canal de denuncias facilitado sin coste por un Consorcio de la CA de Cataluña.
36
El contrato formalizado por la sociedad municipal derivado de la encomienda realizada incluía prestaciones
adicionales a la elaboración del PMA, en el marco de un servicio global de asistencia técnica especializada en gestión
de fondos europeos.
cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es
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Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 100108
Además, algunas de las entidades que externalizaron la elaboración de los PMA a través de
contratos que incluían únicamente ese servicio celebraron otros adicionales para el desarrollo de
algunas de las actividades anteriormente referidas, por un importe de 60.403,20 euros33.
Por su parte, 19 entidades34 de las 117 que elaboraron internamente sus PMA también celebraron
contratos relacionados con el cumplimiento de otros requisitos en materia antifraude establecidos
por la Orden HFP/1030/2021 distintos de la elaboración del plan.
El importe total de la contratación de estos servicios adicionales ascendió a 129.950,15 euros,
7.219,45 euros de media35, destacando, por su importe, el de la DP de Barcelona, cuyo objeto era
la realización de una evaluación de riesgos, así como la adquisición de una herramienta para la
detección del fraude, por importe de 20.383,30 euros, y los del Ayuntamiento de Vigo y del Área
Metropolitana de Barcelona, ambos de 18.089,50 euros, que tenían por objeto la autoevaluación
de sus procedimientos, en el primero, y el desarrollo de una metodología global y su implantación,
en cumplimiento de las necesidades derivadas de la orden HFP/1030/2021, en el segundo.
El coste del convenio formalizado por el Ayuntamiento de Cuenca con la Universidad de CastillaLa Mancha para la elaboración de su PMA ascendió a 25.000 euros, e incluía, además, el
cumplimiento de otros requisitos en materia antifraude establecidos por la Orden HFP/1030/2021
distintos de la elaboración del plan.
Por último, en relación con la encomienda formalizada por el Ayuntamiento de Teruel,
anteriormente referida, el importe abonado a la sociedad municipal ascendió a 17.684 euros36.
Además, el ayuntamiento formalizó un contrato para la adquisición de un software antifraude, por
importe de 2.746,70 euros.
En el anexo VIII se detalla el coste incurrido en cada una de las entidades, cuyo resumen consta
en el siguiente cuadro:
33
Las 6 entidades fueron los ayuntamientos de Barcelona (17.315 euros), Borja (1.452 euros), El Prat de Llobregat
(9.813 euros), L'Hospitalet de Llobregat (13.310 euros), Girona (2.904 euros) y la DP de Cáceres (15.609 euros).
34
Los ayuntamientos de Alcorisa, Gijón, La Vall d’Uixó, Manresa, Mataró, Salou, Santa Eulària des Riu, Santa Susanna,
Segovia, Vigo, Vila-seca y Zumarraga; las DDPP de Albacete, Barcelona, Burgos, Ourense, Salamanca y Tarragona y el
Área Metropolitana de Barcelona celebraron contratos relacionados con el cumplimiento de los requisitos en materia
antifraude establecidos por la Orden HFP/1030/2021 distintos de la elaboración del Plan.
La DP de Ourense no aportó información sobre el importe del contrato y el Ayuntamiento de Mataró y la DP de
Tarragona implantaron un canal de denuncias facilitado sin coste por un Consorcio de la CA de Cataluña.
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El contrato formalizado por la sociedad municipal derivado de la encomienda realizada incluía prestaciones
adicionales a la elaboración del PMA, en el marco de un servicio global de asistencia técnica especializada en gestión
de fondos europeos.
cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es
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