III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16160)
Resolución de 30 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: similitudes, diferencias, riesgos y oportunidades de mejora.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 99559
Las materias de riesgo para las que, fundamentalmente, los PA preveían realizar las
comprobaciones o cruces con bases de datos y la utilización de herramientas como instrumentos
de prevención y detección eran las siguientes: en 24 el fraude en general, en 12 se refiere
específicamente a la evaluación del riesgo de fraude, en 18 el conflicto de intereses, en 11 la doble
financiación y en 6 los comportamientos irregulares. El detalle por entidades se incluye en el
Anexo 7.
En cuanto al uso efectivo de estos instrumentos, al finalizar mayo de 2022, las 15 entidades que
manifestaron utilizarlos en algunas áreas de riesgo, en su mayoría se refieren a consultas a la BDNS
puntuales u ocasionales, en otros casos se trata de verificaciones de aspectos concretos que exigen
los procedimientos de ayudas o contratación que se estén llevando a cabo, y que salvo en algún
caso puntual no consisten en cruces automáticos.
Se desprende del análisis realizado que, en general, las entidades se han planteado el uso habitual
de estos instrumentos en sus procesos y procedimientos como medida útil para evitar el fraude, la
corrupción y el conflicto de intereses. Sin embargo, su utilización hasta el 31 de mayo de 2022 era
muy limitada y localizada en algunas entidades y en gran parte impulsada por el tipo de actividad y
sector en la que actúan. Si bien, en general, se observa que los PA tienden a mencionar los
instrumentos y a dar una explicación muy general de su utilización, que en la mayoría de los planes
es potestativa y, en general, no se refieren a los mecanismos sobre los que se va a actuar ni cómo
se va a actuar, lo cual se relaciona con la falta de experiencia práctica de las entidades en la
aplicación de estos instrumentos en sus procedimientos internos de gestión y control. Por último,
cabe señalar que algunas de las entidades fiscalizadas han puesto de manifiesto la falta de
disponibilidad de algunos de estos instrumentos. La disponibilidad de estos instrumentos, así como
el paulatino aprendizaje en su implementación, se manifiestan como factores relevantes para que
las entidades puedan valorar sus posibles usos y su utilidad y, así, concretar qué instrumentos
utilizar y cómo hacerlo.
BUENAS PRÁCTICAS
Las previsiones que se identifican como buenas prácticas a señalar son:
• El PA de CHG indica que su Servicio de Contratación dispone de una base de datos en la que
se registran todos los extremos de los procedimientos que lleva a cabo que permite la
exportación de sus datos para su explotación y resulta útil para determinar patrones de
conducta colusoria entre licitadores o indicios de fraccionamiento del objeto de los contratos.
Asimismo, disponen de otra base de datos de contratación ligada al buzón específico por el
que se reciben las ofertas de contratos menores que le han permitido elaborar patrones y
detectar sospechas de prácticas colusorias.
cve: BOE-A-2024-16160
Verificable en https://www.boe.es
• La redacción de los PA de ICEX, COFIDES, RED.ES, MISM y GISS posibilita que se extienda
el uso de esos instrumentos a otras materias para las que inicialmente no se previeron,
pudiendo hacerse progresivamente en función del conocimiento y de la experiencia que se
vaya adquiriendo de las herramientas.
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 99559
Las materias de riesgo para las que, fundamentalmente, los PA preveían realizar las
comprobaciones o cruces con bases de datos y la utilización de herramientas como instrumentos
de prevención y detección eran las siguientes: en 24 el fraude en general, en 12 se refiere
específicamente a la evaluación del riesgo de fraude, en 18 el conflicto de intereses, en 11 la doble
financiación y en 6 los comportamientos irregulares. El detalle por entidades se incluye en el
Anexo 7.
En cuanto al uso efectivo de estos instrumentos, al finalizar mayo de 2022, las 15 entidades que
manifestaron utilizarlos en algunas áreas de riesgo, en su mayoría se refieren a consultas a la BDNS
puntuales u ocasionales, en otros casos se trata de verificaciones de aspectos concretos que exigen
los procedimientos de ayudas o contratación que se estén llevando a cabo, y que salvo en algún
caso puntual no consisten en cruces automáticos.
Se desprende del análisis realizado que, en general, las entidades se han planteado el uso habitual
de estos instrumentos en sus procesos y procedimientos como medida útil para evitar el fraude, la
corrupción y el conflicto de intereses. Sin embargo, su utilización hasta el 31 de mayo de 2022 era
muy limitada y localizada en algunas entidades y en gran parte impulsada por el tipo de actividad y
sector en la que actúan. Si bien, en general, se observa que los PA tienden a mencionar los
instrumentos y a dar una explicación muy general de su utilización, que en la mayoría de los planes
es potestativa y, en general, no se refieren a los mecanismos sobre los que se va a actuar ni cómo
se va a actuar, lo cual se relaciona con la falta de experiencia práctica de las entidades en la
aplicación de estos instrumentos en sus procedimientos internos de gestión y control. Por último,
cabe señalar que algunas de las entidades fiscalizadas han puesto de manifiesto la falta de
disponibilidad de algunos de estos instrumentos. La disponibilidad de estos instrumentos, así como
el paulatino aprendizaje en su implementación, se manifiestan como factores relevantes para que
las entidades puedan valorar sus posibles usos y su utilidad y, así, concretar qué instrumentos
utilizar y cómo hacerlo.
BUENAS PRÁCTICAS
Las previsiones que se identifican como buenas prácticas a señalar son:
• El PA de CHG indica que su Servicio de Contratación dispone de una base de datos en la que
se registran todos los extremos de los procedimientos que lleva a cabo que permite la
exportación de sus datos para su explotación y resulta útil para determinar patrones de
conducta colusoria entre licitadores o indicios de fraccionamiento del objeto de los contratos.
Asimismo, disponen de otra base de datos de contratación ligada al buzón específico por el
que se reciben las ofertas de contratos menores que le han permitido elaborar patrones y
detectar sospechas de prácticas colusorias.
cve: BOE-A-2024-16160
Verificable en https://www.boe.es
• La redacción de los PA de ICEX, COFIDES, RED.ES, MISM y GISS posibilita que se extienda
el uso de esos instrumentos a otras materias para las que inicialmente no se previeron,
pudiendo hacerse progresivamente en función del conocimiento y de la experiencia que se
vaya adquiriendo de las herramientas.
