III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16160)
Resolución de 30 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: similitudes, diferencias, riesgos y oportunidades de mejora.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 99543
integridad aplicable a la entidad. Los 36 códigos restantes recogían, además, otros aspectos éticos
o de integridad relevantes para la entidad relacionados con su actividad o gestión.
Al igual que en el caso de los PA, los códigos de 9 departamentos ministeriales se aplican también
en 13 entidades ejecutoras dependientes (Anexo 2), sin que conste la participación de estas en la
elaboración del código aprobado por el ministerio del que dependen, ni que se hayan tenido en
cuenta sus circunstancias específicas. Así, a 31 de mayo de 2022 quedaban 13 entidades que
tenían pendiente de aprobar su código ético27 (algunas de ellas eran entidades ejecutoras que
posteriormente se adhirieron al del ministerio al que estaban adscritas).
Los códigos aprobados por los ministerios se elaboraron en el ámbito de la subsecretaría o de sus
gabinetes técnicos, con posibilidad de la colaboración de otros gabinetes o de los órganos
superiores del ministerio. En el MDEF, cuyo código ético se centra en el ámbito de la contratación,
se elaboró por la Subdirección General de Contratación, y en el MEFP por su comité antifraude. En
los de MINT, MTMA, MICT, MTER, METD y MAPA, sus Inspecciones de Servicios los elaboraron o
participaron activamente en ello. La elaboración del código del MCUD se llevó a cabo por el
Gabinete técnico de su Subsecretaría a partir de los documentos entregados por una empresa
externa. Los códigos aprobados por entidades fiscalizadas del ámbito del sector público institucional
estatal (empresarial, fundacional o administrativo) se elaboraron por sus asesorías jurídicas,
secretarías generales o sus departamentos de responsabilidad social corporativa; salvo en
ACUAMED y en IDAE que se llevaron a cabo por su Órgano de Prevención de Riesgos Penales y
su Gestor Ético, respectivamente, y en SEITT y en EOI, para las que fueron empresas externas las
que los desarrollaron.
Los códigos de los Ministerios analizados, en general, fueron aprobados o ratificados por la
subsecretaría de cada uno de esos Ministerios y en MDEF se aprobó por la Secretaría de Estado
de Defensa. En las entidades ejecutoras analizadas se llevó a cabo por uno de sus máximos
órganos de gobierno o de administración, salvo en 728 entidades en que fue su respectivo Director
General; en el caso del CSIC en que fue su secretario general; y en IAC, en que lo aprobó su
Comité de Dirección. En definitiva, estos órganos de esas entidades no se corresponden con sus
máximos órganos de gobierno y rectores, por lo que su menor representatividad merma, al menos
en apariencia, el alto compromiso de la entidad con su código; por otro lado, al tener una
naturaleza ejecutiva con mayor vinculación con la gestión, se podría estar poniendo en riesgo la
independencia de los órganos que aprueban el código y, con ello, la objetividad y aplicabilidad de
su contenido.
BUENAS PRÁCTICAS
• En el proceso de elaboración/modificación de los códigos de ENAIRE, CIEMAT e IAC se
consultó a sus empleados; en ENISA, además, se consultó a sus proveedores habituales; e
IC sometió el último borrador de su código a la consideración de los representantes sindicales
de su sede y de sus centros en el extranjero antes de su aprobación definitiva.
• MCSM aprobó en diciembre de 2021 un sistema de integridad que, en el ámbito del Ministerio
y AESAN, pretende establecer un “marco avanzado de integridad, objetividad, eficiencia,
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CEJ, FOGASA, IMS, INSST, ITJ, ITSS, MHFP, MISM, MUFACE, SEIASA, SEPE, PDE y UNED.
AEI, CEM, CIEMAT, IC, INAP, ISCIII y RED.ES.
cve: BOE-A-2024-16160
Verificable en https://www.boe.es
Como resultado de los análisis realizados sobre los PA y la documentación relacionada con los
sistemas de integridad y códigos de ética y/o conducta de las entidades fiscalizadas, cabe señalar
las siguientes buenas prácticas:
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 99543
integridad aplicable a la entidad. Los 36 códigos restantes recogían, además, otros aspectos éticos
o de integridad relevantes para la entidad relacionados con su actividad o gestión.
Al igual que en el caso de los PA, los códigos de 9 departamentos ministeriales se aplican también
en 13 entidades ejecutoras dependientes (Anexo 2), sin que conste la participación de estas en la
elaboración del código aprobado por el ministerio del que dependen, ni que se hayan tenido en
cuenta sus circunstancias específicas. Así, a 31 de mayo de 2022 quedaban 13 entidades que
tenían pendiente de aprobar su código ético27 (algunas de ellas eran entidades ejecutoras que
posteriormente se adhirieron al del ministerio al que estaban adscritas).
Los códigos aprobados por los ministerios se elaboraron en el ámbito de la subsecretaría o de sus
gabinetes técnicos, con posibilidad de la colaboración de otros gabinetes o de los órganos
superiores del ministerio. En el MDEF, cuyo código ético se centra en el ámbito de la contratación,
se elaboró por la Subdirección General de Contratación, y en el MEFP por su comité antifraude. En
los de MINT, MTMA, MICT, MTER, METD y MAPA, sus Inspecciones de Servicios los elaboraron o
participaron activamente en ello. La elaboración del código del MCUD se llevó a cabo por el
Gabinete técnico de su Subsecretaría a partir de los documentos entregados por una empresa
externa. Los códigos aprobados por entidades fiscalizadas del ámbito del sector público institucional
estatal (empresarial, fundacional o administrativo) se elaboraron por sus asesorías jurídicas,
secretarías generales o sus departamentos de responsabilidad social corporativa; salvo en
ACUAMED y en IDAE que se llevaron a cabo por su Órgano de Prevención de Riesgos Penales y
su Gestor Ético, respectivamente, y en SEITT y en EOI, para las que fueron empresas externas las
que los desarrollaron.
Los códigos de los Ministerios analizados, en general, fueron aprobados o ratificados por la
subsecretaría de cada uno de esos Ministerios y en MDEF se aprobó por la Secretaría de Estado
de Defensa. En las entidades ejecutoras analizadas se llevó a cabo por uno de sus máximos
órganos de gobierno o de administración, salvo en 728 entidades en que fue su respectivo Director
General; en el caso del CSIC en que fue su secretario general; y en IAC, en que lo aprobó su
Comité de Dirección. En definitiva, estos órganos de esas entidades no se corresponden con sus
máximos órganos de gobierno y rectores, por lo que su menor representatividad merma, al menos
en apariencia, el alto compromiso de la entidad con su código; por otro lado, al tener una
naturaleza ejecutiva con mayor vinculación con la gestión, se podría estar poniendo en riesgo la
independencia de los órganos que aprueban el código y, con ello, la objetividad y aplicabilidad de
su contenido.
BUENAS PRÁCTICAS
• En el proceso de elaboración/modificación de los códigos de ENAIRE, CIEMAT e IAC se
consultó a sus empleados; en ENISA, además, se consultó a sus proveedores habituales; e
IC sometió el último borrador de su código a la consideración de los representantes sindicales
de su sede y de sus centros en el extranjero antes de su aprobación definitiva.
• MCSM aprobó en diciembre de 2021 un sistema de integridad que, en el ámbito del Ministerio
y AESAN, pretende establecer un “marco avanzado de integridad, objetividad, eficiencia,
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CEJ, FOGASA, IMS, INSST, ITJ, ITSS, MHFP, MISM, MUFACE, SEIASA, SEPE, PDE y UNED.
AEI, CEM, CIEMAT, IC, INAP, ISCIII y RED.ES.
cve: BOE-A-2024-16160
Verificable en https://www.boe.es
Como resultado de los análisis realizados sobre los PA y la documentación relacionada con los
sistemas de integridad y códigos de ética y/o conducta de las entidades fiscalizadas, cabe señalar
las siguientes buenas prácticas: