BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188

Lunes 5 de agosto de 2024

Sec. III. Pág. 99964

22.- En ninguno de los expedientes consta la solicitud de ofertas, acogiéndose la Entidad a la
tramitación de emergencia en la que no es exigible. En el 83,5 % de los expedientes fiscalizados
consta el motivo que llevó a la selección del contratista. En todos los contratos se exigía al
adjudicatario acreditar su capacidad para contratar y se hacía constar que contaba con capacidad
suficiente para ejecutar las prestaciones objeto del contrato.

23.- Se ha verificado que el objeto social de las empresas adjudicatarias en todos los casos incluía
las prestaciones objeto del contrato y, a través de la información de la Plataforma de Remisión de
Contratos del Tribunal de Cuentas, que la mayoría de los adjudicatarios habían contratado en
ejercicios precedentes con otras entidades pertenecientes al sector público empresarial estatal.

24.- En la formalización de 9 contratos no se ha consignado la firma del adjudicatario y en 8
expedientes existe cierta indeterminación en el objeto del contrato, lo que no se ajustaría a lo
exigido por el artículo 120 de la LCSP en cuanto a que el órgano de contratación debe precisar las
actuaciones concretas que han de llevarse a cabo para dar respuesta a la situación de
emergencia. Además, se han apreciado retrasos en relación con 32 expedientes en la emisión de
los informes justificativos previstos por la normativa interna. Todo ello pone de manifiesto
debilidades significativas en el control y gestión interna de la contratación por parte de la Entidad.

25.- En los contratos fiscalizados no consta la comunicación al Consejo de Ministros de las
respectivas declaraciones de emergencia, lo que estaría amparado por el criterio mantenido por la
JCCPE, al tratarse de una entidad sometida a derecho privado de naturaleza mercantil. Sin
embargo, tampoco consta la publicación de la adjudicación y, en su caso, formalización de los
distintos contratos en la PLACSP, lo que no se ajustaría a lo exigido por los artículos 151 y 154 de
la LCSP.
26.- No existe acta de inicio ni documento que acredite el inicio de la ejecución en ninguno de los
expedientes fiscalizados. No obstante, atendiendo a la fecha de la primera factura, se cumpliría en
todo caso el plazo de un mes establecido en el artículo 120 de la LCSP en el 47,76 % de los
expedientes.

27.- En los expedientes n.os 79 y 81, que tuvieron por objeto el suministro de mascarillas de
protección por importe de 15.360 euros y 175.000 €, respectivamente, se estableció un pago
anticipado del 100 % del importe en el primer contrato, y de un 38,28 % en el segundo, sin que
exista en los expedientes justificación alguna de la anticipación de fondos, como exige el artículo
16 del Real Decreto-ley 7/2020. La entidad carece de documentos acreditativos de la recepción de
la prestación por lo que no se ha podido comprobar la ejecución de ambos contratos. En el resto
de los contratos fiscalizados, la aceptación de la factura por parte de TRAGSA, equivalía a su
conformidad con la ejecución del objeto de los contratos, lo que no se ajusta a lo pactado en los
contratos, en los que se exigía suscribir el correspondiente documento acreditativo.
28.- Se han observado retrasos respecto del plazo de pago de las facturas establecido en el
artículo 198.4 de la LCSP en 4 expedientes, según el detalle que consta en el Informe.

29.- PUERTOS DEL ESTADO formalizó durante el periodo fiscalizado 4 expedientes de
emergencia para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por un importe total
de adjudicación de 21.215.750 euros, de los que se han examinado dos expedientes cuyo importe
de adjudicación asciende a un total de 20.800.000 €, lo que representa un 98 % del total, cuyos
objetos fueron el suministro de mascarillas y guantes.

cve: BOE-A-2024-16164
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III.4.- CONTRATACIÓN CELEBRADA POR PUERTOS DEL ESTADO (Apartado II.1.4)