BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de agosto de 2024

Sec. TC. Pág. 98937

interno de esa gestión de fondos públicos deba ser menos intenso que el que se
aplicaría si los fondos malversados hubieran sido europeos.
En tal sentido, y enlazando con lo anteriormente expuesto, rechazo por completo la
premisa de la que parte la sentencia de este tribunal para exonerar de responsabilidad
penal a los gestores de los fondos del conocido como «caso de los ERE de Andalucía»,
que no es otra que la de considerar, equivocadamente, que su actuación estaba
amparada por la ley de presupuestos de cada ejercicio considerado. Como ya he
advertido, es insostenible que el mero enunciado de la partida presupuestaria 440 del
programa 31L implique un control del gasto diferente. El tipo de control vendrá
determinado por la naturaleza y finalidad del gasto, no simplemente por la partida donde
se encuentren los fondos. Una cosa es que la recurrente y el resto de implicados de la
Junta de Andalucía pretendiesen mediante la inclusión de esa partida presupuestaria
evitar el control previo de las ayudas y otra muy distinta que las leyes de presupuestos
andaluzas de los años 2002 a 2009 que incluyeron esa partida no establecieron en su
articulado la modificación o supresión del régimen de control de ayudas y subvenciones,
sin que esa pretendida modificación legal pueda inferirse del mero enunciado de una
determinada partida presupuestaria, como se pretende en la sentencia de este tribunal.
En todo caso, es cierto que ha quedado acreditado, como resulta de las sentencias
impugnadas en amparo, que en el conocido como «caso de los ERE de Andalucía» se
buscó de manera intencionada la elusión de los controles ordinarios del gasto público, lo
que supuso la debilitación de los mecanismos para prevenir la corrupción. La eliminación
de estos controles, en abstracto, ya es reprochable, pero, además, teniendo en cuenta
que los fondos fueron gestionados sin las mínimas garantías de publicidad y
concurrencia competitiva para su obtención por los particulares, la debilitación de los
controles facilitó la aparición de los casos de corrupción.
En definitiva, llama poderosamente la atención el elocuente contraste entre la
protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de
caudales públicos y la respuesta dada por esta y las restantes sentencias de este
tribunal a uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en
España. Una sentencia que no ha dudado en desbordar los límites del control que a este
tribunal corresponde en materia de amparo constitucional, para anular los
pronunciamientos condenatorios de la jurisdicción penal que, a partir de pruebas de
cargo practicadas en el juicio oral con plenas garantías de inmediación, contradicción y
defensa, y mediante una subsunción de los hechos probados en el tipo penal que no
puede calificarse de imprevisible ni irrazonable, habían condenado a la demandante de
amparo como autora de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de
malversación. Por eso, resulta especialmente difícil conciliar la decisión de la sentencia
de este tribunal, que conduce a la postre a dejar impunes unas conductas de especial
gravedad cometidas por unos concretos responsables políticos en el desempeño de sus
funciones públicas, con el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de
impunidad para los malversadores.
5. Colofón: las sentencias impugnadas en amparo no vulneraron los derechos de la
recurrente a la legalidad penal y a la presunción de inocencia de la recurrente.
Como conclusión a cuanto ha quedado antes expuesto, considero que las sentencias
recurridas en amparo han efectuado una interpretación razonada de los elementos
típicos de los delitos de prevaricación y malversación, y que su aplicación al caso en
dichas resoluciones judiciales supera sin dificultad el canon de control referido a la
prohibición de interpretaciones «ilógicas» o «arbitrarias» que impone el art. 25.1 CE,
conforme a la doctrina consolidada de este tribunal. La subsunción de la conducta de la
recurrente, a partir de los hechos declarados probados [sobre los que a este tribunal
nada le cabe decir: art. 44.1 b) LOTC], en los delitos de prevaricación y malversación,
que han efectuado la Audiencia Provincial de Sevilla y especialmente el Tribunal
Supremo como órgano jurisdiccional superior en la materia (art. 123.1 CE), no es

cve: BOE-A-2024-16041
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Núm. 186