BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de agosto de 2024

Sec. TC. Pág. 98474

En el segundo semestre del año 2000 se elaboró el proyecto de decreto de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por el que se establece el procedimiento
para la concesión de ayudas sociales a trabajadores afectados por procesos de
reconversión y/o reestructuración en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Con esta disposición se pretendía –según se recogía en su preámbulo– «articular el
conjunto de ayudas y medidas previstas por la Junta de Andalucía para que sean
conocidas y se cumpla con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y se
establezcan los requisitos y supuestos en los que sea posible la concesión de estas
ayudas». En su art. 7.3 se preveía que estas ayudas «podrán ser concedidas a través
del Instituto de Fomento de Andalucía». El proyecto de decreto no llegó a ser elevado
para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Hasta el mes de julio del año 2001, los fondos recibidos por el IFA fueron entregados
a los destinatarios de las ayudas mediante la suscripción de convenios particulares entre
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el IFA. El 17 de julio de 2001, el
consejero de Empleo y el presidente del IFA suscribieron el «Convenio de colaboración
entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Fomento de
Andalucía (IFA), para la materialización de ayudas en materia de Trabajo y Seguridad
Social» (el convenio marco). En virtud de dicho convenio, el IFA se comprometía a
prestar asistencia técnica permanente a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, materializando las ayudas que, en su caso, otorgase la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, a través de la citada dirección general, a las empresas u otros
entes públicos o privados. Se contemplaba la suscripción de convenios particulares entre
el director general de Trabajo y el IFA, en los que habían de concretarse las previsiones
del convenio marco, debiendo contener, al menos, las siguientes especificaciones:
(i) objeto y alcance del convenio particular; (ii) estimación económica de la asistencia o
cuantía de las ayudas a materializar, empresas u otros entes públicos o privados, así
como consignación presupuestaria a cuyo cargo habían de realizarse la transferencia de
fondos al IFA; (iii) plazo máximo de ejecución de cada una de las acciones
comprometidas; (iv) composición, en su caso, de la comisión de seguimiento de la
asistencia técnica encargada. El IFA debía dar cuenta inmediata a la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social de los pagos efectuados a las empresas u otros entes
públicos o privados.
En la mayor parte de los convenios particulares suscritos entre la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social y el IFA se hizo constar expresamente que la
documentación acreditativa de las ayudas obraba en poder de la Dirección General,
autorizando esta su pago. En ningún caso llegaron a constituirse las comisiones de
seguimiento previstas en el convenio marco.
Tras la firma del convenio marco, el consejo rector del IFA debía de intervenir en la
materialización del pago de las ayudas, aprobando, en su caso, los pagos derivados de
la firma de cada convenio particular de importe superior a 450.000 euros. Las ayudas
que superasen la cuantía de 1.200.000 euros debían ser autorizadas por el Consejo de
Gobierno y publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
c) En los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la comunidad
autónoma de los años 2002 a 2009 se introdujeron en un nuevo programa 31L, que
sustituyó al 22E, las aplicaciones presupuestarias «Transferencias al IFA/IDEA en
materia de relaciones laborales» –concepto 440.00– y «Transferencia de financiación al
IFA/IDEA» –concepto 440.51–, en las que se recogían los créditos destinados a favor del
IFA/IDEA para el pago de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis. Los
fondos percibidos por el IFA –que en el año 2004 pasó a denominarse Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa– se destinaban a pagar lo ordenado por la Consejería conforme a lo
previsto en el convenio marco.
Los proyectos de las leyes de presupuestos fueron presentados al Parlamento de
Andalucía para su examen, enmienda, aprobación y control (art. 190 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía) acompañados, en lo que ahora interesa, de las

cve: BOE-A-2024-16037
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Núm. 186