T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-15427)
Pleno. Sentencia 92/2024, de 18 de junio de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 3630-2023. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Valores superiores de libertad y pluralismo político; principio de legalidad; derechos a la igualdad, a la vida y la integridad física y moral, a la libertad ideológica, a la protección de datos y a la educación de los hijos conforme a las convicciones religiosas y morales de los padres; protección de las madres, asistencia a los hijos; deber de neutralidad de las administraciones públicas: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, formación en salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo de mujeres de entre dieciséis y dieciocho años, supresión del período de reflexión previo a la interrupción voluntaria del embarazo, composición del comité clínico, registro de profesionales objetores de conciencia y exclusión de entidades y organizaciones de medidas de apoyo. Votos particulares.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de julio de 2024
Sec. TC. Pág. 95560
b) Por lo que se refiere al segundo motivo de impugnación, comienza el abogado
del Estado señalando, con cita de la STC 44/2023, FJ 3, que el derecho de las mujeres a
la interrupción voluntaria del embarazo debe entenderse amparado por las previsiones
constitucionales de los arts. 10 y 15 CE y que de ello se deriva una obligación de los
poderes públicos de llevar a cabo actuaciones positivas para remover los obstáculos de
todo tipo que puedan encontrar las mujeres en el ejercicio de este derecho. A su juicio,
es en el marco de esta finalidad legítima donde se encuadran los arts. 6 y 26 de la Ley
Orgánica 2/2010, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2023 objeto de
impugnación.
Razona que dentro de las medidas dirigidas a promover los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y remover los obstáculos que impiden su pleno ejercicio se
incluyen las medidas positivas de fomento dirigidas a promover la participación de
entidades sin ánimo de lucro cuyas actividades coadyuven a tales objetivos. Sin
embargo, existen organizaciones que, actuando en los ámbitos previstos en la ley, se
oponen con su actividad a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho de la
mujer. La Ley Orgánica 1/2023 no prohíbe la existencia de estas entidades, ni sanciona
ni impide que manifiesten su postura, pero es legítimo que el legislador tome en
consideración que fomentar la participación y actividad de estas entidades implicaría un
efecto contrario al fomento y protección de los derechos reconocidos en la Ley. Defiende
que los incisos recurridos persiguen una finalidad legítima que identifica con la necesidad
de evitar que la promoción y apoyo a las entidades sin ánimo de lucro pueda redundar
en un resultado contrario a la promoción y respeto de los derechos reconocidos en la
Ley.
Continúa señalando que, incluso si los incisos recurridos no existiesen, las
organizaciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
también quedarían fuera del ámbito de aplicación de los arts. 6 y 26 de la Ley
Orgánica 2/2010, en la redacción recurrida.
Añade que no existe una obligación constitucional que imponga la promoción, apoyo
y subvención de todas las organizaciones o entidades sociales por igual y que el
legislador es libre de determinar las organizaciones que, en atención a su finalidad, es
conveniente apoyar. Esto supone que no se puede realizar ningún reproche
constitucional por el establecimiento de un mandato legal de apoyo a determinadas
entidades en atención a su finalidad.
Por ello, afirma que la decisión de excluir de las medidas de fomento a las
organizaciones que se postulan en contra del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo, legalmente establecido, resulta plenamente razonable y no arbitraria.
Considera que no cabe apreciar discriminación por razón de ideología o creencias
porque la norma establece una diferencia de trato en atención a los objetivos
perseguidos por unas u otras organizaciones. Afirma que si la finalidad perseguida por el
legislador, conforme al art. 1 de la Ley Orgánica 2/2010, es garantizar los derechos
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva y regular las
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo, resulta razonable y
proporcionado que, dentro del margen que tiene el legislador, apoye la actividad de las
entidades que tienen por objeto el fomento de los derechos sexuales y reproductivos
previstos en la ley, dejando fuera de las medidas de fomento a aquellas entidades que se
oponen a con su actividad a estos derechos.
Asimismo, sostiene que tampoco se vulnera el art. 16 CE, porque los preceptos
recurridos no afectan a la libertad ideológica, religiosa o de culto, sino que lo relevante es
que el fin perseguido por dichas organizaciones sea contrario al espíritu de la ley. Afirma
que las entidades contrarias al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pueden
continuar desarrollando su actividad y manifestando públicamente su oposición al
derecho al aborto, sin que el hecho de no recibir apoyo público comporte una vulneración
del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Por último, niega la vulneración, por cuanto que es el legislador el que determina los
intereses generales a los que debe servir la administración y que, en este caso, estamos
cve: BOE-A-2024-15427
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 179
Jueves 25 de julio de 2024
Sec. TC. Pág. 95560
b) Por lo que se refiere al segundo motivo de impugnación, comienza el abogado
del Estado señalando, con cita de la STC 44/2023, FJ 3, que el derecho de las mujeres a
la interrupción voluntaria del embarazo debe entenderse amparado por las previsiones
constitucionales de los arts. 10 y 15 CE y que de ello se deriva una obligación de los
poderes públicos de llevar a cabo actuaciones positivas para remover los obstáculos de
todo tipo que puedan encontrar las mujeres en el ejercicio de este derecho. A su juicio,
es en el marco de esta finalidad legítima donde se encuadran los arts. 6 y 26 de la Ley
Orgánica 2/2010, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2023 objeto de
impugnación.
Razona que dentro de las medidas dirigidas a promover los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y remover los obstáculos que impiden su pleno ejercicio se
incluyen las medidas positivas de fomento dirigidas a promover la participación de
entidades sin ánimo de lucro cuyas actividades coadyuven a tales objetivos. Sin
embargo, existen organizaciones que, actuando en los ámbitos previstos en la ley, se
oponen con su actividad a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho de la
mujer. La Ley Orgánica 1/2023 no prohíbe la existencia de estas entidades, ni sanciona
ni impide que manifiesten su postura, pero es legítimo que el legislador tome en
consideración que fomentar la participación y actividad de estas entidades implicaría un
efecto contrario al fomento y protección de los derechos reconocidos en la Ley. Defiende
que los incisos recurridos persiguen una finalidad legítima que identifica con la necesidad
de evitar que la promoción y apoyo a las entidades sin ánimo de lucro pueda redundar
en un resultado contrario a la promoción y respeto de los derechos reconocidos en la
Ley.
Continúa señalando que, incluso si los incisos recurridos no existiesen, las
organizaciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
también quedarían fuera del ámbito de aplicación de los arts. 6 y 26 de la Ley
Orgánica 2/2010, en la redacción recurrida.
Añade que no existe una obligación constitucional que imponga la promoción, apoyo
y subvención de todas las organizaciones o entidades sociales por igual y que el
legislador es libre de determinar las organizaciones que, en atención a su finalidad, es
conveniente apoyar. Esto supone que no se puede realizar ningún reproche
constitucional por el establecimiento de un mandato legal de apoyo a determinadas
entidades en atención a su finalidad.
Por ello, afirma que la decisión de excluir de las medidas de fomento a las
organizaciones que se postulan en contra del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo, legalmente establecido, resulta plenamente razonable y no arbitraria.
Considera que no cabe apreciar discriminación por razón de ideología o creencias
porque la norma establece una diferencia de trato en atención a los objetivos
perseguidos por unas u otras organizaciones. Afirma que si la finalidad perseguida por el
legislador, conforme al art. 1 de la Ley Orgánica 2/2010, es garantizar los derechos
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva y regular las
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo, resulta razonable y
proporcionado que, dentro del margen que tiene el legislador, apoye la actividad de las
entidades que tienen por objeto el fomento de los derechos sexuales y reproductivos
previstos en la ley, dejando fuera de las medidas de fomento a aquellas entidades que se
oponen a con su actividad a estos derechos.
Asimismo, sostiene que tampoco se vulnera el art. 16 CE, porque los preceptos
recurridos no afectan a la libertad ideológica, religiosa o de culto, sino que lo relevante es
que el fin perseguido por dichas organizaciones sea contrario al espíritu de la ley. Afirma
que las entidades contrarias al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pueden
continuar desarrollando su actividad y manifestando públicamente su oposición al
derecho al aborto, sin que el hecho de no recibir apoyo público comporte una vulneración
del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Por último, niega la vulneración, por cuanto que es el legislador el que determina los
intereses generales a los que debe servir la administración y que, en este caso, estamos
cve: BOE-A-2024-15427
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 179
