T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-15427)
Pleno. Sentencia 92/2024, de 18 de junio de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 3630-2023. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Valores superiores de libertad y pluralismo político; principio de legalidad; derechos a la igualdad, a la vida y la integridad física y moral, a la libertad ideológica, a la protección de datos y a la educación de los hijos conforme a las convicciones religiosas y morales de los padres; protección de las madres, asistencia a los hijos; deber de neutralidad de las administraciones públicas: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, formación en salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo de mujeres de entre dieciséis y dieciocho años, supresión del período de reflexión previo a la interrupción voluntaria del embarazo, composición del comité clínico, registro de profesionales objetores de conciencia y exclusión de entidades y organizaciones de medidas de apoyo. Votos particulares.
77 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de julio de 2024
Sec. TC. Pág. 95609
descarta en su fundamento jurídico 6 que esta previsión legal sea contraria a la
Constitución.
Disiento de esta apreciación. La sentencia no ha tenido en cuenta, al enjuiciar esta
norma, que también debe ponderarse la protección efectiva de la vida prenatal (art. 15 CE)
y que para ello no puede prescindirse del posible compromiso de los padres o tutores de
ofrecer a la menor embarazada ayuda en todo lo que fuera preciso a la hora de adoptar
una decisión que necesariamente afectará a toda su vida. La norma en cuestión impide
el ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad en interés de las menores, y
priva a estas de la asistencia de sus padres o tutores en el momento de tomar una
decisión transcendental que puede comportar una grave afectación física y psíquica de
las menores embarazadas.
Sin perjuicio de lo anterior, debe añadirse que la sentencia afirma en su fundamento
jurídico 6 que el impugnado art. 13 bis.1 de la Ley Orgánica 2/2010, que permite a las
menores de edad abortar sin consentimiento de sus padres o tutores (y sin conocimiento
siquiera de estos), es en todo caso relativa, pues debe ser interpretado conjuntamente a
las previsiones de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en lo que
atañe al consentimiento informado, de suerte que debe entenderse que «la capacidad de
prestar consentimiento por parte de las mujeres embarazadas de dieciséis y diecisiete
años no es absoluta, sino que, en los casos en los que la intervención médica pudiera
constituir un grave riesgo para su vida o su salud bajo criterios médicos, se exige la
intervención del representante legal».
Sin perjuicio de destacar que el ámbito de aplicación del art. 13 bis.1 de la Ley
Orgánica 2/2010, redactado por la Ley Orgánica 1/2023, es más amplio que el de las
intervenciones de grave riesgo a que se refiere la Ley 41/2002, y que resulta inequívoco
que el designio de la ley aquí enjuiciada no es otro que excluir en todo caso el
consentimiento (e incluso el conocimiento) de los padres o tutores en caso de aborto de
menores embarazadas de dieciséis y diecisiete años, considero que la interpretación que
realiza la sentencia, según la cual la intervención de los padres o tutores es necesaria
cuando la operación abortiva implique un grave riesgo para la vida o la salud de la
menor, según criterios médicos, constituye en realidad una interpretación de conformidad
con la Constitución, que debería haberse reconocido como tal en el fundamento
jurídico 6 y llevarse al fallo.
3. Información vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las
catorce primeras semanas de gestación, consentimiento informado y supresión del
periodo de reflexión.
El art. 17 de la Ley Orgánica 2/2010, en su redacción inicial, que fue enjuiciada por la
STC 44/2023, se limitaba a exigir que se entregase a la mujer que solicitaba la
interrupción voluntaria del embarazo información, en sobre cerrado (verbalmente
exclusivamente si la mujer así lo solicitaba), sobre determinados extremos, referidos a
«todos los elementos adecuados para formar juicio, incluidos aquellos que pudieran
contribuir a subvenir las dificultades de todo orden que el nacimiento de un hijo o hija
pudiera plantearle» (STC 44/2023, FJ 5). El precepto establecía también un periodo de
reflexión de tres días desde la fecha de la información a la gestante (como regla, por
escrito en sobre cerrado) hasta la práctica del aborto.
Sin perjuicio de reiterar que, por las razones expresadas en el voto particular a la
STC 44/2023, el último inciso del art. 17.5 de la Ley Orgánica 2/2010 debería haber sido
declarado inconstitucional y nulo, en cuanto permite que no se ofrezca esa información
previa oralmente si la gestante no lo solicita de forma expresa, he de advertir que la
regulación resultante de la Ley Orgánica 1/2023 ha agravado la situación, al suprimir el
periodo de reflexión de tres días y la obligación de informar (como regla, por escrito, en
sobre cerrado) a la mujer que solicita la práctica del aborto sobre las ayudas a la
maternidad (con arreglo al nuevo art. 17, esa información solo se suministrará a la mujer
cve: BOE-A-2024-15427
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 179
Jueves 25 de julio de 2024
Sec. TC. Pág. 95609
descarta en su fundamento jurídico 6 que esta previsión legal sea contraria a la
Constitución.
Disiento de esta apreciación. La sentencia no ha tenido en cuenta, al enjuiciar esta
norma, que también debe ponderarse la protección efectiva de la vida prenatal (art. 15 CE)
y que para ello no puede prescindirse del posible compromiso de los padres o tutores de
ofrecer a la menor embarazada ayuda en todo lo que fuera preciso a la hora de adoptar
una decisión que necesariamente afectará a toda su vida. La norma en cuestión impide
el ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad en interés de las menores, y
priva a estas de la asistencia de sus padres o tutores en el momento de tomar una
decisión transcendental que puede comportar una grave afectación física y psíquica de
las menores embarazadas.
Sin perjuicio de lo anterior, debe añadirse que la sentencia afirma en su fundamento
jurídico 6 que el impugnado art. 13 bis.1 de la Ley Orgánica 2/2010, que permite a las
menores de edad abortar sin consentimiento de sus padres o tutores (y sin conocimiento
siquiera de estos), es en todo caso relativa, pues debe ser interpretado conjuntamente a
las previsiones de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en lo que
atañe al consentimiento informado, de suerte que debe entenderse que «la capacidad de
prestar consentimiento por parte de las mujeres embarazadas de dieciséis y diecisiete
años no es absoluta, sino que, en los casos en los que la intervención médica pudiera
constituir un grave riesgo para su vida o su salud bajo criterios médicos, se exige la
intervención del representante legal».
Sin perjuicio de destacar que el ámbito de aplicación del art. 13 bis.1 de la Ley
Orgánica 2/2010, redactado por la Ley Orgánica 1/2023, es más amplio que el de las
intervenciones de grave riesgo a que se refiere la Ley 41/2002, y que resulta inequívoco
que el designio de la ley aquí enjuiciada no es otro que excluir en todo caso el
consentimiento (e incluso el conocimiento) de los padres o tutores en caso de aborto de
menores embarazadas de dieciséis y diecisiete años, considero que la interpretación que
realiza la sentencia, según la cual la intervención de los padres o tutores es necesaria
cuando la operación abortiva implique un grave riesgo para la vida o la salud de la
menor, según criterios médicos, constituye en realidad una interpretación de conformidad
con la Constitución, que debería haberse reconocido como tal en el fundamento
jurídico 6 y llevarse al fallo.
3. Información vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las
catorce primeras semanas de gestación, consentimiento informado y supresión del
periodo de reflexión.
El art. 17 de la Ley Orgánica 2/2010, en su redacción inicial, que fue enjuiciada por la
STC 44/2023, se limitaba a exigir que se entregase a la mujer que solicitaba la
interrupción voluntaria del embarazo información, en sobre cerrado (verbalmente
exclusivamente si la mujer así lo solicitaba), sobre determinados extremos, referidos a
«todos los elementos adecuados para formar juicio, incluidos aquellos que pudieran
contribuir a subvenir las dificultades de todo orden que el nacimiento de un hijo o hija
pudiera plantearle» (STC 44/2023, FJ 5). El precepto establecía también un periodo de
reflexión de tres días desde la fecha de la información a la gestante (como regla, por
escrito en sobre cerrado) hasta la práctica del aborto.
Sin perjuicio de reiterar que, por las razones expresadas en el voto particular a la
STC 44/2023, el último inciso del art. 17.5 de la Ley Orgánica 2/2010 debería haber sido
declarado inconstitucional y nulo, en cuanto permite que no se ofrezca esa información
previa oralmente si la gestante no lo solicita de forma expresa, he de advertir que la
regulación resultante de la Ley Orgánica 1/2023 ha agravado la situación, al suprimir el
periodo de reflexión de tres días y la obligación de informar (como regla, por escrito, en
sobre cerrado) a la mujer que solicita la práctica del aborto sobre las ayudas a la
maternidad (con arreglo al nuevo art. 17, esa información solo se suministrará a la mujer
cve: BOE-A-2024-15427
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 179
