BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179

Jueves 25 de julio de 2024

Sec. TC. Pág. 95529

(iv) Comunicar a la entidad concedente o la entidad colaboradora, en su caso, la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquier administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
así como las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la presente ley y
(v) Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
por la Consejería de Economía y Hacienda que, asimismo, establecerá los supuestos de
exoneración de tal acreditación (artículo 105).
En defecto de regulación específica, los consejeros correspondientes, antes de
proceder a la autorización de los créditos, debían aprobar las bases reguladoras de la
concesión, fijando un plazo para la presentación de las solicitudes y de forma
excepcional previamente a la autorización de los créditos, las oportunas bases
reguladoras de la concesión, que habían de contener el plazo para presentar las
solicitudes (artículo 107).
En las bases reguladoras se podía disponer que la entrega fuera realizada por
entidades colaboradoras. Las empresas públicas de Andalucía podían ser entidades
colaboradoras y también se establecía a su cargo las siguientes obligaciones:
(i) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios
establecidos en las normas reguladoras de la subvención o ayuda;
(ii) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones
determinantes para su otorgamiento;
(iii) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante la entidad concedente y, en
su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios;
(iv) Someterse a las actuaciones de comprobación que, respecto de la gestión de
dichos fondos, pueda efectuar la entidad concedente, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía y
(v) Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en
que concurra causa de reintegro, y conforme a las normas que se establezcan
(artículo 106).

II)

Segunda etapa.

Ante la necesidad de dar respuesta ágil a las graves crisis empresariales que
afectaban a algunas importantes empresas de Andalucía en el año 1999 se decidió que
el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) adelantara algunas de estas subvenciones, y
así aconteció en relación con las ayudas concedidas a las empresas IAMASA y HAMSA.
Con tal procedimiento se procedía al pago sin la necesaria fiscalización previa.
Por ese motivo en el caso de la empresa IAMASA se tuvo que iniciar un expediente
de convalidación del gasto y el letrado del servicio jurídico adscrito a la Consejería de

cve: BOE-A-2024-15425
Verificable en https://www.boe.es

Se establecía que estas subvenciones y ayudas se habrían de otorgar con arreglo a
los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, respetando, en todo caso,
las normas que les afecten del Derecho de la Unión Europea, reguladoras de la
supresión de barreras comerciales entre los Estados miembros y de la libre competencia
entre las empresas.
Los proyectos de normas reguladoras de la concesión de subvenciones debían ser
sometidos a informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, antes de su
aprobación, y publicados en el ‘Boletín Oficial de la Juntad de Andalucía’ (artículo 107).
Resulta necesario destacar, por último, que de conformidad con lo establecido en la
Ley 5/1983, de 19 de julio, general de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (artículos 77, 81 y concordantes) la concesión de subvenciones estaba sujeta
a control previo de la Intervención de la Junta de Andalucía y estaban también sometida
a seguimiento y control posterior, conforme a lo previsto en el artículo 85 bis de la citada
ley.