III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-14046)
Resolución de 30 de mayo de 2024, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2021.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165
Martes 9 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 86242
ascendido a 82.012,4 millones de euros71. Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho
de que este tipo de medidas coyunturales no pueden resolver los problemas estructurales de
sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y
de su cuenta de resultados, y no tienen reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad
Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2021, de 99.181 millones (un
8,22 % del PIB de 202172). Conviene recordar que de este endeudamiento con el Estado,
17.168,6 millones73 derivan de los préstamos concedidos entre 1992 y 1999, otorgados
principalmente para superar los desequilibrios presupuestarios y desfases de tesorería que
afrontó el sistema en aquel momento, provocados, en gran medida, porque la Seguridad Social,
de acuerdo con las normas entonces vigentes, hubo de financiar con cargo a sus recursos una
parte sustancial de los gastos de naturaleza no contributiva (asistencia sanitaria y complementos
por mínimos de pensiones), siendo el coste estimado soportado con cargo a los recursos
contributivos del sistema, en el periodo 1989 a 2013, de 103.690 millones74. A este respecto, la
Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, en relación con el “Informe de fiscalización sobre la evolución económico
financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de
diciembre de 2018”, recoge una recomendación para que el Estado asuma la amortización (bien
por condonación o por la concesión de transferencias) de tres de estos préstamos concedidos a la
Seguridad Social, por 3.372 millones, para cancelar obligaciones pendientes de pago, a 31 de
diciembre de 1991, del extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), derivadas,
específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su universalización, al
objeto de sanear, definitivamente, su balance. Estos préstamos, a pesar de haber transcurrido 29
años desde que se concediera el primero de ellos, no han sido devueltos, ya que los que carecen
de plazo de vencimiento continúan sin ser reintegrados y los que sí lo tienen han sido
sistemáticamente prorrogados, a lo que hay que añadir que cuando la Seguridad Social ha tenido
capacidad financiera suficiente, los recursos disponibles se destinaron a materializar las
dotaciones del Fondo de Reserva. El detalle de los aludidos préstamos se recoge en el Anexo 14.
Además de la financiación vía préstamos, entre 2018 y 2021, el Estado ha aportado a la
Seguridad Social transferencias corrientes75 por 43.545,3 millones de euros, que han repercutido
positivamente en su neto patrimonial. De este total, 29.616,3 millones76 han tenido por finalidad
apoyar su equilibrio presupuestario, y el resto, por 13.929 millones, se han otorgado con base en
la modificación normativa que la LPGE para 202177 ha introducido en el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
(TRLGSS), añadiendo una Disposición adicional trigésima segunda que contempla la realización
71
Todos estos préstamos se han concedido sin devengo de intereses y con cancelación en un plazo máximo de 10
años, a partir del año siguiente al de su concesión. Asimismo, la LPGE para 2022 prevé la concesión de un nuevo
préstamo con las mismas condiciones por 6.981,6 millones de euros.
72 En el conjunto del año 2021, el PIB a precios corrientes se sitúa en 1.206.842 millones de euros.
De este importe, 3.372 millones de euros se otorgaron específicamente para la cancelación de obligaciones del
INSALUD anteriores a 31 de diciembre de 1991.
74 Así consta en el “Informe sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la
Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión
de 28 de julio de 2020.
75 Esta fórmula de financiación ha sido propuesta por el Tribunal de Cuentas como la más idónea, para evitar recurrir a
nuevos préstamos.
76 De este total, 25.014,6 millones de euros se han concedido para equilibrar el impacto derivado del COVID-19 en las
cuentas de la Seguridad Social, de los que 20.002,6 millones corresponden a 2020 y 5.012 millones a 2021.
77 Con base en las propuestas dirigidas a las Cortes Generales recogidas en el “Informe sobre la evolución económicofinanciera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”, y
en precedentes DCGE.
cve: BOE-A-2024-14046
Verificable en https://www.boe.es
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ascendido a 82.012,4 millones de euros71. Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho
de que este tipo de medidas coyunturales no pueden resolver los problemas estructurales de
sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y
de su cuenta de resultados, y no tienen reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad
Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2021, de 99.181 millones (un
8,22 % del PIB de 202172). Conviene recordar que de este endeudamiento con el Estado,
17.168,6 millones73 derivan de los préstamos concedidos entre 1992 y 1999, otorgados
principalmente para superar los desequilibrios presupuestarios y desfases de tesorería que
afrontó el sistema en aquel momento, provocados, en gran medida, porque la Seguridad Social,
de acuerdo con las normas entonces vigentes, hubo de financiar con cargo a sus recursos una
parte sustancial de los gastos de naturaleza no contributiva (asistencia sanitaria y complementos
por mínimos de pensiones), siendo el coste estimado soportado con cargo a los recursos
contributivos del sistema, en el periodo 1989 a 2013, de 103.690 millones74. A este respecto, la
Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, en relación con el “Informe de fiscalización sobre la evolución económico
financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de
diciembre de 2018”, recoge una recomendación para que el Estado asuma la amortización (bien
por condonación o por la concesión de transferencias) de tres de estos préstamos concedidos a la
Seguridad Social, por 3.372 millones, para cancelar obligaciones pendientes de pago, a 31 de
diciembre de 1991, del extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), derivadas,
específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su universalización, al
objeto de sanear, definitivamente, su balance. Estos préstamos, a pesar de haber transcurrido 29
años desde que se concediera el primero de ellos, no han sido devueltos, ya que los que carecen
de plazo de vencimiento continúan sin ser reintegrados y los que sí lo tienen han sido
sistemáticamente prorrogados, a lo que hay que añadir que cuando la Seguridad Social ha tenido
capacidad financiera suficiente, los recursos disponibles se destinaron a materializar las
dotaciones del Fondo de Reserva. El detalle de los aludidos préstamos se recoge en el Anexo 14.
Además de la financiación vía préstamos, entre 2018 y 2021, el Estado ha aportado a la
Seguridad Social transferencias corrientes75 por 43.545,3 millones de euros, que han repercutido
positivamente en su neto patrimonial. De este total, 29.616,3 millones76 han tenido por finalidad
apoyar su equilibrio presupuestario, y el resto, por 13.929 millones, se han otorgado con base en
la modificación normativa que la LPGE para 202177 ha introducido en el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
(TRLGSS), añadiendo una Disposición adicional trigésima segunda que contempla la realización
71
Todos estos préstamos se han concedido sin devengo de intereses y con cancelación en un plazo máximo de 10
años, a partir del año siguiente al de su concesión. Asimismo, la LPGE para 2022 prevé la concesión de un nuevo
préstamo con las mismas condiciones por 6.981,6 millones de euros.
72 En el conjunto del año 2021, el PIB a precios corrientes se sitúa en 1.206.842 millones de euros.
De este importe, 3.372 millones de euros se otorgaron específicamente para la cancelación de obligaciones del
INSALUD anteriores a 31 de diciembre de 1991.
74 Así consta en el “Informe sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la
Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión
de 28 de julio de 2020.
75 Esta fórmula de financiación ha sido propuesta por el Tribunal de Cuentas como la más idónea, para evitar recurrir a
nuevos préstamos.
76 De este total, 25.014,6 millones de euros se han concedido para equilibrar el impacto derivado del COVID-19 en las
cuentas de la Seguridad Social, de los que 20.002,6 millones corresponden a 2020 y 5.012 millones a 2021.
77 Con base en las propuestas dirigidas a las Cortes Generales recogidas en el “Informe sobre la evolución económicofinanciera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”, y
en precedentes DCGE.
cve: BOE-A-2024-14046
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